Ismael Sánchez (IU) reclama «justicia social» con su reversión «al común» y el popular De la Rosa lo ve «inviable»
Los activistas del Patio de los Naranjos en la puerta del Ayuntamiento – EDUARDO LÓPEZ/CEDIDA
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha rechazado en su pleno ordinario de este jueves, con la abstención del PSOE y el voto contrario del PP y Vox, una moción de Podemos-IU que pedía emprender «gestiones» para recuperar el pleno acceso público para el Patio de los Naranjos de la Catedral, gratuito para los sevillanos que acrediten dicha condición en la taquilla del monumento.
El grupo municipal Podemos-IU ha solicitado de nuevo formalmente al Ayuntamiento de Castro Urdiales la revisión de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en el municipio. Esta petición ya fue realizada en 2021 y como asegura en nota de prensa Alberto Martínez, concejal de la agrupación, “cayó en saco roto”.
Tal y como añade el edil castreño, “esta petición surge a raíz de la aún vigente preocupación sobre la legitimidad y transparencia de estos procesos. En nuestro municipio hay 33 inmuebles inmatriculados entre 1998 y 2015, es decir, susceptibles de ser auditados para una posible reclamación”.
El Ayuntamiento de Xàtiva realizó numerosas obras de acondicionamiento en el entorno de la ermita de Sant Josep y le compró al clero local en 1986 parte de los terrenos que ahora son del Arzobispado de Valencia
El grupo parlamentario pregunta en el Congreso si el Gobierno va a reclamar los terrenos de los que la parroquia se apropió y por los que el ayuntamiento va a litigar
El grupo parlamentario de Compromís-Sumar pregunta al Gobierno si piensa mediar entre la Iglesia Católica y el Ayuntamiento de Xàtiva por la inmatriculación de 8.000 metros cuadrados que la parroquia se autoadjudicó. El diputado Alberto Ibáñez ha registrado una serie de iniciativas para conocer el interés del Ejecutivo central en “recuperar los bienes usurpados”, entre los que figura la parcela que rodea la ermita de Sant Josep y el mirador Bellveret, dos espacios emblemáticos del municipio.
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público que el abad responsable en 2004 inscribió como terrenos eclesiásticos. Una parte de la superficie se alquila a un restaurante, mientras que de la manutención del resto se encarga el consistorio, gobernado por el PSOE. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la Iglesia.
En la pregunta parlamentaria la coalición insiste en saber si estas parcelas forman parte de la lista de los bienes inmatriculados y si se abordarán en la reunión entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica. Asimismo, interpela al Ejecutivo sobre una posible ley para “favorecer la recuperación de los bienes usurpados por parte de la Iglesia católica al patrimonio público”.
Las inmatriculaciones tienen validez gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, que con su mayoría absoluta validó este expolio del patrimonio público realizado desde el franquismo. En el caso de Xàtiva, la ubicación de los terrenos resulta clave para poder comercializar la terraza por la que el restaurante paga un alquiler. Los ingresos por una actividad que se desarrolla ocupando suelo que debería ser público van a parar a la Seu de Xàtiva en lugar de al municipio.
El alcalde del municipio, Roger Cerdà, intentará negociar con el Arzobispado y la iglesia local “dentro de las buenas relaciones que mantenemos” para evitar llegar a los tribunales
El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en una reunión de trabajo. Ajuntament de Xàtiva.
El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para demandar a la Iglesia y recuperar los 8.000 metros cuadrados de suelo público en los alrededores de la ermita de Sant Josep y el conocido mirador Bellveret. Según han confirmado fuentes del Consistorio a elDiario.es, la intención es llegar a un acuerdo “amistoso” con la iglesia local y el Arzobispado “dentro de las buenas relaciones que mantenemos”, aunque se ha activado el protocolo para empezar a redactar la demanda de rescate del suelo, que también ocupa viales públicos. Se considera que la actuación del abad de Xàtiva en 2004, Arturo Climent Bonafé, no fue acorde a la legalidad y los terrenos eran del pueblo y no de la congregación.
La Diócesis de Canarias está tramitando, en una notaría de Arrecife, un expediente para la inmatriculación de un solar de casi 800 metros cuadrados en el barrio de Titerroy.
En concreto, pretende registrar a su nombre el suelo sobre el que se levantó la Iglesia del barrio, ubicada en el número 26 de la calle Carlos III, que fue construida según el Catastro en 1970, hace ahora 54 años.
Los vecinos del barrio de Titerroy, en Arrecife, intentan impedir que la Diócesis de Canarias inscriba como suyo el suelo de la parroquia de San José Obrero
Parroquia de San José Obrero del barrio de Titerroy en Arrecife, capital de Lanzarote. / AAVV Titerroy
ArrecifeLa Asociación de Vecinos de Titerroy, en Arrecife, han solicitado amparo tanto al ayuntamiento de la capital de Lanzarote como al Cabildo tras conocer que la Diócesis de Canarias ha comenzado los trámites para registrar a su nombre el suelo sobre el que se levanta, desde hace 54 años, la parroquia de San José Obrero.
Recogemos aquí tres noticias de prensa sobre inmatriculaciones realizadas por el ayuntamiento de Monterde inscribiendo bienes a nombre del ayuntamiento que ha causado malestar entre vecinos.
A diferencia de las inmatriculaciones realizadas por la iglesia (una entidad privada) con una simple certificación eclesiástica, las inmatriculaciones realizadas por un ayuntamiento (un nivel de la administración pública) no carecen de la legitimidad necesaria y deben de tener como objeto la defensa de los bienes públicos que a todos corresponden.
La Diócesis de Pamplona puso a su nombre dos fincas de pastos propiedad del Concejo de Galar. Son los primeros bienes comunales inmatriculados por la jerarquía católica identificados en la mayor investigación abierta en España sobre el controvertido privilegio eclesiástico.
La Diócesis de Pamplona inscribió a su nombre en 1980 dos parcelas que sumaban 658 metros cuadrados en el Concejo de Galar, una pequeña localidad situada a 11 kilómetros al suroeste de la capital navarra. Así consta en las notas simples expedidas por el registro de la propiedad número 3 de Pamplona, que obran en poder de este periódico. Sin embargo, ambas fincas ya estaban registradas por el propio Concejo de Galar y eran, por tanto, bienes comunales explotados colectivamente por el pueblo. Dos notas manuscritas en papel timbrado, que figuran en el mismo registro de la propiedad, acreditan la titularidad comunal.
El Ayuntamiento de Monterde, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, tiene sobre la mesa desde hace más de un año el proceso oficial para inmatricularse casi 200 fincas repartidas por diversos puntos de su término municipal, varias de ellas incluidas en su pedanía de Llumes.
