El Parlamento debe tomar medidas legislativas para recuperar todo aquello que la Iglesia ha inmatriculado con la única prueba de la certificación del obispo.
Inmatricular, según el diccionario, es «inscribir por vez primera un bien inmueble en el Registro de la Propiedad». Se trata, pues, de ir al Registro de la Propiedad para que pongan a tu nombre un inmueble que nunca antes ha pertenecido a nadie. Parece imposible que haya, todavía, bienes que no sean de nadie, que sean públicos, de todos. Pero los hay.
Por supuesto que el Sr. Registrador, antes de registrarlo a tu nombre te pedirá que demuestres que tienes pruebas de que puedes hacerlo.
Varios colectivos denuncian que la Iglesia incumple el régimen de visitas, no lo conserva adecuadamente y quiere convertirlo en un «negocio turístico» en vulneración del convenio de cesión.
La Cartuja de Jerez, el monumento más relevante del patrimonio histórico de Cádiz, según todos los expertos, es propiedad del Estado aunque fue cedido al Obispado de Asidonia-Jerez en un convenio firmado en 2003 con el Ministerio de Hacienda. Fundada en 1474 por Álvaro Oberto de Valeto y ocupada por los monjes cartujos en régimen de clausura durante cinco siglos, en 2004 fue traspasada a las Hermanas de Belén hasta que en marzo pasado abandonaron el cenobio.
En algunos sitios se defiende la titularidad pública del patrimonio cultural.
Sobre las intenciones de la Arquidiócesis de Morelia en intervenir en el Ex Convento franciscano de Santa Ana, que está bajo el resguardo de la comunidad de Tzintzuntzan, el secretario de turismo estatal Roberto Monroy comenta lo siguiente.
Aclara que el Ex Convento de Santa Ana estuvo abandonado por mucho tiempo, y fue la comunidad junto con la asociación “Adopta Una Obra de Arte” quienes trabajaron para su rescate piedra por piedra junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e instancias estatales.
Actualmente se le da mantenimiento a las instalaciones con el recurso que obtienen de los visitantes, por lo que considera Monroy que se debe de quedar en las manos en la comunidad ya que la iglesia ya cuenta con dos espacios en Tzintzuntzan para promulgar la fe.
Comenta que la problemática es entre la sociedad civil y la propuesta que se hizo por parte de la iglesia de ocupar ese espacio, pero es muy poco probable que se le otorgue el espacio ya que “los bienes de la iglesia son bienes del Estado”, y al momento de hacer la restauración se acordó que fuera en coordinación con la asociación “Adopta Una Obra de Arte”, la mano de obra local, el INAH y el gobierno.
El litigio incluye tres fincas ubicadas en la calle Porta del Mar de Palma: dos viviendas de 96 y 99 metros cuadrados y la iglesia y convento
Monasterio de Santa Isabel, en Palma de Mallorca – Monestirs
El obispado de Mallorca ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Provincial en relación a la propiedad del Monasterio de Santa Isabel y que determina que el enclave pertenece a las monjas Jerónimas. En un comunicado, la institución explica que ratifica así su postura al considerar la sentencia de la Audiencia como no ajustada a derecho.
Esteban Moreno, compañero de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y miembro destacado de la Asociación de Profesores «BenBaso» , escribe articulo en el boletín nº 33 de la citada asociación, donde explica con la maestría que le caracteriza, el génesis y proceso por el cual y en democracia la Iglesia católica se ha apoderado de más de 35.000 bienes, incluido el 80 % de nuestro patrimonio histórico.
Esteban Moreno, boletín nº 33 de la Asociación de Profesores «BenBaso»
En los últimos años estamos asistiendo a un interesante debate en torno al proceso de bienes inmatriculados por la Iglesia católica y su repercusión sobre el patrimonio histórico y cultural de todos, un asunto que sin llegar a captar la atención de la mayor parte de la ciudadanía, sin embargo provoca encendidas polémicas entre quienes ven un abuso de poder y aquellos otros que denuncian un nuevo anticlericalismo.
