L’Ajuntament de Castellfollit del Boix ha arribat a un acord amb el Bisbat de Vic en relació amb la immatriculació que afecta el seu poble agregat de Maians, en virtut del qual anul·larien la immatriculació i tornarien tots els terrenys als veïns del poble; ara bé, les edificacions, no, perquè segons el dret canònic són de la parròquia. Entenc que aquesta és l’opinió del Bisbat, però no pot ser mai l’opinió de l’Ajuntament ni del poble. No tan sols els terrenys són de propietat veïnal, sinó també les edificacions (el temple, la casa rectoral i el cementiri) i, per tant, s’han de tornar en la seva integritat als veïns de Maians, anul·lant, així, la doble immatriculació il·legal.
El Defensor del Pueblo recibe con 32 meses de retraso toda la documentación y urge al Consistorio a ponerse al día.
Desde agosto de 2018, el Ayuntamiento de Córdoba no puede decidir, ni exigir, ni reclamar nada sobre el espectáculo nocturno El Alma de Córdoba que cada noche recibe a turistas en el interior de la Mezquita Catedral. Ese espectáculo es realidad gracias a una inversión de dinero público que el propio Ayuntamiento destinó en 2006 y que se estrenó en 2010.
El Ayuntamiento de Náquera quiere recuperar la propiedad exclusiva de la ermita de San Francisco de Asís que ahora comparte con la Iglesia. Para ello, ha remitido un escrito al Registro de la Propiedad de Massamagrell en el que solicita que corrija el error que provoca que el edificio sufriera una doble inmatriculación (la primera a favor del municipio y la segunda a favor de la Iglesia).
El propio alcalde del municipio, Damián Ibáñez, ha señalado que éste es el primer paso que desean dar para que el histórico edificio, alzado hace un siglo, sea de exclusiva propiedad municipal. En el caso de que la Iglesia no acepte la corrección de este error, el primer edil ha advertido de que tomarán la vía judicial, aunque no sin antes, ha remarcado, explorar hasta el final el camino del diálogo.
Algunas de las propiedades fueron vendidas a las propias administraciones locales, como la casa y el salón parroquial que adquirió el consistorio de Ollauri, en La Rioja
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. EP
En la lista figuran huertos o terrenos dedicados al cultivo de la oliva o la vid, así como viviendas unifamiliares y hasta algún almacén
Los trabajos realizados en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal han puesto de manifiesto parte de la intensa actividad comercial de la Iglesia Católica. Solo en las dos últimas décadas, la institución ha vendido más de un centenar de propiedades de las que inscribió a su nombre en base a un esquema jurídico que tiene su raíz en plena dictadura. En el listado de propiedades de las que se ha deshecho hay de todo. Desde edificios hasta huertos, pasando por viñas, olivares, templos o dependencias complementarias. Por el momento, se desconoce la tajada económica que sacó de todas estas ventas.
Truyol califica de «expolio» y «gran indecencia» la actuación de la institución
La regidora Neus Truyol en una sesión plenaria en el Ajuntament de Palma. | Jaume Morey
Europa Press – Palma – 25/01/22
La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha asegurado que el Ayuntamiento de Palma hará «todo el trabajo posible» para que la Iglesia devuelva «a los propietarios originales todos los bienes inmuebles que se han inmatriculado de una manera unidireccional y autoritaria».
En una rueda de prensa, Truyol ha calificado de «expolio» y «gran indecencia» la actuación de la Iglesia con determinados bienes inmuebles. «No lo podemos aceptar de ninguna manera», ha señalado. «La Iglesia quiere dar lecciones de moral y de buenas prácticas, y actúa de esta manera y de una forma concertada con otras organizaciones y con ciertas filias políticas», ha censurado.
Según ha explicado, Cort ya identificó hace un año y medio un caso de este tipo en el municipio de Palma, concretamente un espacio en Son Rapinya. El Ayuntamiento ya realiza gestiones con la parroquia para recuperar este espacio.
Estuve en el juicio del Arzobispado contra el Ayuntamiento de Ujué, reclamándole la ermita de la Blanca, una de las pocas que se había librado de las inmatriculaciones masivas de inicios del milenio.
El abogado Juan María Zuza y el historiador Luis Javier Fortún fueron una vez más los defensores del Arzobispado en su impúdico afán de arramplar bienes públicos.
Los argumentos del Ayuntamiento ujuetarro eran simples: la ermita está en terreno comunal, fue construida y mantenida desde la antigüedad por el Ayuntamiento, que siempre guardó la llave de la misma. Abundan acuerdos y facturas en las actas municipales, como las de la gran reconstrucción de 1873.
Los defensores del Arzobispado echaron mano a la confusión catastral que aparece en muchos pueblos; a que las últimas obras las hicieron los vecinos “creyentes” (olvidando que en los auzolanes participan todo tipo de gente) y que el uso era “exclusivo y excluyente” para la celebración de actos religiosos. Dijeron que todas las ermitas de Navarra pertenecían a la Iglesia y mintieron como solo pueden mentir los pecadores que están seguros que no habrá un juicio final para ellos. Precisamente, Uxue está rodeado de ermitas (Olite, Tafalla, San Martín, Garinoain) que quedaron en manos de ayuntamientos diligentes.
El Ayuntamiento espera ratificar la presentación de un recurso contra la sentencia del Juzgado que otorga la propiedad del santuario al Obispado de Huesca.
La petición dirigida por Extremadura Laica al Ayuntamiento de Cáceres pretende confirmar si todos los bienes de los que dice ser propietaria la Iglesia en esta ciudad son legítimos o si, en cambio, puede haberse dado algún caso de apropiación de bienes cuya titularidad correspondería al patrimonio público, lo que equivaldría a un expolio.
Catedral de Coria
¿Sabe usted qué es una propiedad en pleno dominio por título del artículo 206? ¿Y una autocertificación registral de la propiedad?
El futuro centro social de San Miguel de la Barreda se construirá en una parcela inmatriculada por el Arzobispado de Oviedo fuera de plazo y vendida en diciembre de 2017 al Ayuntamiento de Siero por 21.500 euros, tras llevar a cabo una segregación de unos 500 metros cuadrados.
Según explica José María Rosell, portavoz del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias Laica -un colectivo que tiene como objetivo aclarar si la Iglesia ha inscrito a su nombre propiedades que no eran suyas-, el registro se realizó el 31 de julio de 2015, un mes después de la entrada en vigor del artículo que eliminó esta práctica de la Ley Hipotecaria. Aunque la totalidad del texto legal comenzó a aplicarse el 1 de noviembre, varios preceptos lo hicieron el 26 de junio, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «En este caso concreto la irregularidad es manifiesta porque la inmatriculación está fuera de plazo», sostiene Rosell, que avanza que continuarán investigando el expediente. «Lo que reclamamos es que se haga público el listado de todos los bienes que la Iglesia ha registrado sin aportar títulos de propiedad», añade.
Por su parte, el concejal de Economía y Administración Municipal de Siero, Alberto Pajares, señaló ayer que fue el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento quien facilitó al colectivo los datos de los bienes inmatriculados por el Arzobispado en el municipio y aclaró que «en ninguno de los siete casos hay indicios de que se haya producido una apropiación indebida». Asimismo, aseguró que el hecho de que la parcela sea un bien inmatriculado no afectará a la construcción del centro social, cuyas obras están en la actualidad en fase de licitación.
