Mes: septiembre 2024

INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA. ANOMALÍA EUROPEA.

En NINGÚN OTRO PAÍS EUROPEO se ha podido inscribir un bien en el Registro de la Propiedad con una simple certificación eclesiástica como ha hecho la Iglesia Católica en España.

La situación en España con respecto a las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es una anomalía jurídica y moral.

En Francia, por ejemplo, los bienes muebles e inmuebles de especial relevancia cultural, dedicados al culto público, pertenecen al Estado francés en virtud de la Ley de separación de la Iglesia y el Estado de 1905.

En Portugal, los catalogados como «monumentos nacionales» o como «edificios de interés público», también son propiedad de Estado portugués, con independencia de que puedan dedicarse al culto. Ello es así en virtud del Concordato entre la Santa Sede y la República portuguesa de 1940.

En España, todos estos bienes, han sido inscritos a nombre de la Iglesia Católica. Pero no solo eso, sino que esa inscripción se ha realizado con una simple certificación eclesiástica, sin aportar títulos de propiedad ni someterse a un procedimiento garantista.

En ningún otro país europeo se ha permitido a una entidad privada como la Iglesia Católica inscribir bienes en el Registro de la Propiedad de esta manera; la propiedad debe estar respaldada por un título de dominio claro.

Pero, la firma de un obispo, en España, vale mucho más que todo eso.

La situación en España respecto a las inmatriculaciones de la Iglesia Católica ha sido una anomalía sin parangón en el resto de Europa.

La Iglesia Católica ha inscrito bienes en el Registro de la Propiedad SIN APORTAR TÍTULOS DE PROPIEDAD ni garantía alguna

Durante más de 70 años, la Iglesia Católica ha inscrito en el Registro de la Propiedad más de 100.000 bienes a su nombre sin presentar los títulos de propiedad correspondientes ni aportar ningún tipo de garantía.

Este hecho, amparado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, promulgada durante la dictadura franquista, ha concedido a la Iglesia un privilegio excepcional: la capacidad de registrar inmuebles únicamente mediante una certificación emitida por el obispo, sin la necesidad de demostrar la titularidad legal sobre dichos bienes.

Mientras que cualquier ciudadano o entidad privada debe cumplir con un proceso legal riguroso para registrar una propiedad, aportando títulos de propiedad, garantías, o en su defecto, abriéndose un expediente de dominio, la Iglesia ha operado sin tener que cumplir estos requisitos. Le ha bastado con la simple firma de un obispo.

Esta falta absoluta de garantías y la ausencia de documentación que acredite la legítima propiedad de los bienes constituye una anomalía jurídica y un privilegio incompatible con los principios de justicia y equidad que deben regir en una sociedad democrática.

El hecho de que una entidad privada, como la Iglesia, haya podido inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad ni garantía alguna representa una violación de estos principios fundamentales. Así lo ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha concluido que estas prácticas han vulnerado los principios de igualdad y seguridad jurídica.