La Plataforma de Amigos de la Cartuja ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por distintos portavoces -PP/Vox- en el pleno municipal de Jerez, en respuesta a la propuesta elevada por el Grupo Municipal la Confluencia en donde cuestionaba el uso del monumento para un catering ajeno del uso religioso y cultural que anota el convenio de cesión al Obispado.
El proyecto para la emblemática abadía del Sacromonte aún debe contar con el definitivo visto bueno municipal y las autorizaciones ambiental y patrimonial de la Junta de Andalucía y ha chocado con la resistencia vecinal y ecologista, que han presentado alegaciones en contra.
«Reciben de todas partes. Es todo business, no tiene límites la Iglesia en esto. La parte que quieren dedicar a hotel es un pelotazo», dice José Antonio Naz, presidente de Europa Laica.
El Arzobispado de Granada, que ejerce como promotor, prepara un ambicioso proyecto turístico para la emblemática abadía del Sacromonte, un referente en la ciudad, ubicado en las afueras, frente a la Alhambra, en el que se prevé una inversión de 24 millones para un hotel y un parking subterráneo de 115 plazas. Estos planes han hallado la oposición de asociaciones vecinales —Albayzín habitable— y ecologistas que creen que se trata de un caso de «urbanismo a la carta» y de insistir en un modelo de turistificación de la ciudad que va a encarecer la vida de sus habitantes. También se ha topado con las cautelas del PSOE (Podemos rechaza también el plan), que ejerce de oposición en el Ayuntamiento, que ahora gobierna el PP.
La asociación critica la búsqueda de «rentabilidad inmediata» por parte del Obispado, alerta del mal estado de monumento y pide que se revoque el convenio de cesión a la Diócesis
La Cartuja de Santa María de la Defensión en Jerez es propiedad del Estado Español, Monumento Nacional desde 1856 y BIC (Bien de Interés Cultural), su uso está cedido gratuitamente durante 75 años al Obispado de Jerez por una Orden Ministerial del Ministerio de Hacienda del 8 de Abril de 2003 y es, para muchos, el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz.
La Plataforma Amigos de la Cartuja ha criticado en un comunicado que en el monumento «casi no existe vida religiosa, algo que es de obligado cumplimiento por el convenio de cesión, según parece está habitado por cuatro monjas carmelitas para una extensión de 9.280 m2; no es coherente tan poca gente en un sitio tan grande, suponemos que sólo para justificar que no está fuera de uso religioso».
Los más de 180 millones de euros ingresados en 2025 por solo tres de los principales monumentos gestionados por instituciones eclesiásticas —la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de Sevilla y la Mezquita-Catedral de Córdoba— han vuelto a situar en el centro del debate el modelo de financiación de la Iglesia católica en España y el grado de transparencia sobre los recursos que obtiene a través de la explotación turística de su patrimonio.
La Basílica de la Sagrada Familia lideró la recaudación con 134,5 millones de euros, seguida por la Catedral de Sevilla, con 26 millones, y la Mezquita-Catedral de Córdoba, con 22 millones. Estas cifras proceden de las memorias económicas de las entidades gestoras y muestran la elevada capacidad de generación de ingresos de algunos de los templos más visitados del país.
Aunque la Iglesia sostiene que buena parte de esos recursos se destinan a la conservación del patrimonio, las obras de restauración y el mantenimiento de los edificios, colectivos laicistas consideran que la magnitud de estas cantidades pone en cuestión la imagen de una institución dependiente fundamentalmente de las aportaciones de los fieles o de la asignación tributaria del IRPF.
Entre los guías turísticos de Córdoba, e incluso de Andalucía, hay una alegría contenida. Hasta cierta incredulidad. A partir del 1 de enero de 2027 podrán explicar la mezquita-catedral a sus grupos de visitantes desde el interior del monumento, tal y como marca la Ley de Turismo de Andalucía de 2011 y el Decreto 8/2015 que regula su actividad en la comunidad. Son guías acreditados por esta norma que se han encontrado a lo largo de décadas con una barrera infranqueable: las pruebas del Cabildo Catedral de Córdoba para acceder como guías e intérpretes a este monumento, Patrimonio de la Humanidad.
Asociaciones y expertos denuncian que el caso de dos edificios renacentistas del siglo XVII, declarados en ruina y demolidos sin plantear su restauración, podría repetirse en cientos de viviendas históricas del medio rural
Proceso de derribo del palacio de los Villahermosa, en Los Fayos (Zaragoza). Almudena Vidorreta
“Primero se van las familias nobles, después la baja nobleza y, por último, las personas que han comprado esas casas; así es como quedan vacías”. El arquitecto Alberto Sánchez describe la perversa secuencia que afecta a cientos de casas palacio en los pueblos de Aragón. Un proceso natural motivado por el abandono rural: aunque la autonomía ha ganado 200.000 habitantes en las últimas tres décadas, la nómina de localidades que cae por debajo del centenar de vecinos ha crecido un 45% en los últimos veinte años. Pero lo más doloroso viene a continuación.
“Existe una animadversión y un desconocimiento desde las corporaciones locales” hacia estos edificios con siglos de antigüedad, sostiene Sánchez, quien añade: “Las autoridades locales entienden que es mejor un solar para aparcar que una casa”. La consecuencia —denuncian asociaciones y expertos— es siempre la misma: desproteger, declarar en ruina y, finalmente, derribar. El arquitecto apunta directamente a los responsables: “Los técnicos que se están ocupando de decidir el futuro de las casas palacio no están especializados”.
Asociaciones y expertos denuncian que el caso de dos edificios renacentistas del siglo XVII, declarados en ruina y demolidos sin plantear su restauración, podría repetirse en cientos de viviendas históricas del medio rural
TVE se hace eco del estado ruinoso de las Casas Palacio de Aragón, así como de otro tipo de Patrimonio. Vecinos y expertos denuncian la inacción de las distintas administraciones. Interviene Belén Boloqui.
Izquierda Unida ha exigido al gobierno municipal del Partido Popular que aclare de forma inmediata qué autorizaciones, informes técnicos y criterios de interés general amparan la ocupación de espacio público en el entorno de la Puerta del Perdón y del Patio de los Naranjos, tras la denuncia realizada por colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio histórico de Sevilla.
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido de que “no estamos ante un asunto menor ni ante una simple cuestión de ordenación de colas turísticas. Estamos hablando de la ocupación progresiva de espacio público en uno de los enclaves patrimoniales más importantes de la ciudad, un lugar que pertenece a la memoria colectiva de Sevilla y que no puede quedar subordinado a los intereses del Cabildo Catedralicio ni a la lógica del negocio turístico”.
La Plataforma Amigos de la Cartuja reclama explicaciones al Ministerio de Hacienda, la Junta y el Ayuntamiento tras la celebración de la cena de clausura del Congreso Andaluz de Oncología en el monumento
La Cartuja de Jerez acogía el Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica.
La Plataforma Amigos de la Cartuja ha hecho público un comunicado en el que denuncia ante las administraciones implicadas el uso de la Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez para la celebración de una cena de clausura con unos 300 asistentes. El colectivo considera que este tipo de eventos multitudinarios no encajan con los usos previstos para el monumento y reclama que se investigue lo ocurrido, pues aseguran que «incumple las condiciones del convenio de cesión».
El reglamento general de circulación obliga a los conductores a detener su vehículo ante un semáforo en rojo. Es una orden taxativa de obligado cumplimiento. Si los conductores no respetaran la norma, las ciudades y las arterias principales del país se hundirían en un caos circulatorio gigantesco. Los accidentes de tráfico se multiplicarían y los atascos colapsarían la vida de millones de ciudadanos.
Ahora imaginen que la Dirección General de Tráfico y los ayuntamientos dijeran que no disponen de instrumentos coercitivos para aplicar la ley. Es decir: que la misma entidad que promulga una norma de carácter imperativo se encoje de hombros cada vez que un conductor se salta un semáforo en rojo.
