Del 13 al 15 de noviembre de 2026, Barcelona será la sede del XIX Encuentro de Asociaciones en Defensa del Patrimonio, organizado por la Unión por el Patrimonio y SOS Monuments, bajo el lema «Patrimonio vivo: participar, conservar, transformar».
Durante tres jornadas, representantes de asociaciones y colectivos de distintos territorios compartirán experiencias, reflexiones y propuestas sobre la protección y conservación del patrimonio cultural, así como sobre la participación ciudadana en su defensa.
El programa incluye conferencias, mesas redondas, talleres colaborativos, debates e itinerarios urbanos por diferentes espacios patrimoniales de Barcelona.
La Coordinadora RECUPERANDO participará en este encuentro a través de la intervención de Javier García Torrealba, que abordará la problemática de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, dentro del panel «Experiencias de defensa», previsto para el viernes 13 de noviembre a las 19:30 horas.
El encuentro constituye una oportunidad para intercambiar experiencias, fortalecer la colaboración entre asociaciones y reivindicar el papel de la ciudadanía en la defensa del patrimonio común.
El colectivo señala que «un enorme pastiche sintético cuelga del arco número 17 con la fotografía sobreimpresionada de la falsa celosía, en una clara vulneración de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, del marco normativo estatal y también del planeamiento urbanístico del Conjunto Histórico de Córdoba»
Turistas pasan ante el toldo que imita la Celosía retirada en la Mezquita-Catedral, en una imagen de archivo
El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba, Iván Fernández, en una de las entradas al Patio de Los Naranjos de la Mezquita-Catedral FOTO PODEMOS CÓRDOBA
Podemos reclama que los ingresos de la Mezquita reviertan en Córdoba y exige revertir su inmatriculación
La Plataforma ‘Mezquita Catedral. Patrimonio de Tod@s’ ha lamentado este martes que «la lona de plástico que sustituyó a la gran celosía de la Mezquita de Córdoba está a punto de cumplir una década», y sigue «sin soporte legal», mientras que «ni la Iglesia, ni la Junta de Andalucía, que es la Administración competente en la tutela del patrimonio histórico, han ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que desautorizó en un duro varapalo judicial la eliminación del enrejado diseñado en los años 70 del siglo pasado por Rafael de la Hoz».
La Comisión de Patrimonio aprobó la intervención en el monumento nazareno, tras acumular un prolongado abandono, graves actos vandálicos y una declaración legal de ruina urbanística dictada en 2019
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, ha dado un paso firme e histórico para frenar la alarmante degradación que sufre la Hacienda Ibarburu en Dos Hermanas. El organismo autonómico ha acordado por unanimidad requerir la adopción de medidas urgentes de seguridad a la propiedad de la finca, bajo el apercibimiento explícito de activar mecanismos de ejecución forzosa que incluyen multas coercitivas, la ejecución subsidiaria e incluso el ejercicio de la potestad de expropiación forzosa en caso de incumplimiento.
La Hacienda Ibarburu goza de la máxima protección legal en Andalucía al estar inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento, estatus otorgado mediante el Decreto 259/2002, de 15 de octubre (BOJA nº 132, de 12 de noviembre). Dicha norma delimita un entorno de protección específico para evitar alteraciones en sus valores e incluye expresamente la prensa de viga como bien mueble BIC en su Anexo II al constituir parte esencial de la historia del edificio.
Ultimátum legal ante la amenaza de sanciones y expropiación
El dictamen unánime de la Comisión se produce en aplicación del artículo 100, 1 a) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía —modificada por el Decreto-Ley 3/2024, de 6 de febrero— y tras examinar el Informe de la Ponencia Técnica. La resolución informa favorablemente las medidas propuestas por considerarlas urgentes para proteger la seguridad de las personas y de los bienes, confirmando que no generarán afección negativa sobre los valores del edificio.
El régimen legal aplicable se fundamenta en los artículos 15.1 y 33.3 de la Ley 14/2007 y en el artículo 23 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero). Estas disposiciones facultan a la Consejería a ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras la ejecución de obras y actuaciones necesarias para la conservación, mantenimiento y custodia del bien.
En este contexto, se apercibe formalmente a la propiedad disponiendo de un plazo de 1 mes para alegar cuanto estimen oportuno, liberarse de la ejecución bajo los términos del artículo 26 del Reglamento de Protección y Fomento o manifestar su conformidad con las actuaciones. En caso de incumplimiento, la Junta procederá a la ejecución forzosa conforme al artículo 23 del citado reglamento —mediante multas coercitivas o ejecución subsidiaria—, sin perjuicio de la apertura de expediente sancionador y del posible ejercicio de la potestad expropiatoria.
Más de dos décadas de abandono, actos vandálicos y ruina legal
La contundencia de estas medidas responde a una situación límite provocada por la falta de conservación y los continuos actos vandálicos que amenazan la desaparición total de este edificio de gran interés histórico. A petición del Ayuntamiento de Dos Hermanas, la Comisión aprobó el acta de la sesión del 22 de julio de 2026 incorporando los antecedentes del recinto. De ellos resulta que la situación de abandono y grave deterioro de la hacienda es oficialmente conocida desde el año 2004.
Los avisos técnicos se vienen sucediendo desde hace años. En concreto, un informe firmado por los técnicos del Servicio de Bienes Culturales con fecha 18 de junio de 2019 ya estableció la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes de seguridad, evaluando la posibilidad de fasear los trabajos.
Asimismo, el historial refleja una compleja peripecia urbanística. El Proyecto de Reparcelación del Sector SNP-18 «Ibarburu» fue aprobado definitivo el 25 de septiembre de 2009. Años después, el 14 de mayo de 2019, la Junta de Compensación del sector y la mercantil ACP Level, S.L. (cotitular del edificio) formularon a la Junta de Andalucía el ofrecimiento de transmisión de sus derechos sobre la hacienda. Pese a dicho ofrecimiento, el 17 de septiembre de 2019 se formalizó la declaración de situación legal de ruina urbanística del monumento.
Supervisión municipal y licencias pertinentes
La autorización dictada por la delegación territorial de Cultura es previa y obligatoria. No obstante, la resolución recuerda que estas órdenes de conservación no excusan a la propiedad de solicitar las licencias urbanísticas pertinentes ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas, administración a la que compete verificar la normativa aplicable.
La Plataforma de Amigos de la Cartuja ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por distintos portavoces -PP/Vox- en el pleno municipal de Jerez, en respuesta a la propuesta elevada por el Grupo Municipal la Confluencia en donde cuestionaba el uso del monumento para un catering ajeno del uso religioso y cultural que anota el convenio de cesión al Obispado.
El proyecto para la emblemática abadía del Sacromonte aún debe contar con el definitivo visto bueno municipal y las autorizaciones ambiental y patrimonial de la Junta de Andalucía y ha chocado con la resistencia vecinal y ecologista, que han presentado alegaciones en contra.
«Reciben de todas partes. Es todo business, no tiene límites la Iglesia en esto. La parte que quieren dedicar a hotel es un pelotazo», dice José Antonio Naz, presidente de Europa Laica.
El Arzobispado de Granada, que ejerce como promotor, prepara un ambicioso proyecto turístico para la emblemática abadía del Sacromonte, un referente en la ciudad, ubicado en las afueras, frente a la Alhambra, en el que se prevé una inversión de 24 millones para un hotel y un parking subterráneo de 115 plazas. Estos planes han hallado la oposición de asociaciones vecinales —Albayzín habitable— y ecologistas que creen que se trata de un caso de «urbanismo a la carta» y de insistir en un modelo de turistificación de la ciudad que va a encarecer la vida de sus habitantes. También se ha topado con las cautelas del PSOE (Podemos rechaza también el plan), que ejerce de oposición en el Ayuntamiento, que ahora gobierna el PP.
La asociación critica la búsqueda de «rentabilidad inmediata» por parte del Obispado, alerta del mal estado de monumento y pide que se revoque el convenio de cesión a la Diócesis
La Cartuja de Santa María de la Defensión en Jerez es propiedad del Estado Español, Monumento Nacional desde 1856 y BIC (Bien de Interés Cultural), su uso está cedido gratuitamente durante 75 años al Obispado de Jerez por una Orden Ministerial del Ministerio de Hacienda del 8 de Abril de 2003 y es, para muchos, el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz.
La Plataforma Amigos de la Cartuja ha criticado en un comunicado que en el monumento «casi no existe vida religiosa, algo que es de obligado cumplimiento por el convenio de cesión, según parece está habitado por cuatro monjas carmelitas para una extensión de 9.280 m2; no es coherente tan poca gente en un sitio tan grande, suponemos que sólo para justificar que no está fuera de uso religioso».
Los más de 180 millones de euros ingresados en 2025 por solo tres de los principales monumentos gestionados por instituciones eclesiásticas —la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de Sevilla y la Mezquita-Catedral de Córdoba— han vuelto a situar en el centro del debate el modelo de financiación de la Iglesia católica en España y el grado de transparencia sobre los recursos que obtiene a través de la explotación turística de su patrimonio.
La Basílica de la Sagrada Familia lideró la recaudación con 134,5 millones de euros, seguida por la Catedral de Sevilla, con 26 millones, y la Mezquita-Catedral de Córdoba, con 22 millones. Estas cifras proceden de las memorias económicas de las entidades gestoras y muestran la elevada capacidad de generación de ingresos de algunos de los templos más visitados del país.
Aunque la Iglesia sostiene que buena parte de esos recursos se destinan a la conservación del patrimonio, las obras de restauración y el mantenimiento de los edificios, colectivos laicistas consideran que la magnitud de estas cantidades pone en cuestión la imagen de una institución dependiente fundamentalmente de las aportaciones de los fieles o de la asignación tributaria del IRPF.
Entre los guías turísticos de Córdoba, e incluso de Andalucía, hay una alegría contenida. Hasta cierta incredulidad. A partir del 1 de enero de 2027 podrán explicar la mezquita-catedral a sus grupos de visitantes desde el interior del monumento, tal y como marca la Ley de Turismo de Andalucía de 2011 y el Decreto 8/2015 que regula su actividad en la comunidad. Son guías acreditados por esta norma que se han encontrado a lo largo de décadas con una barrera infranqueable: las pruebas del Cabildo Catedral de Córdoba para acceder como guías e intérpretes a este monumento, Patrimonio de la Humanidad.
Asociaciones y expertos denuncian que el caso de dos edificios renacentistas del siglo XVII, declarados en ruina y demolidos sin plantear su restauración, podría repetirse en cientos de viviendas históricas del medio rural
Proceso de derribo del palacio de los Villahermosa, en Los Fayos (Zaragoza). Almudena Vidorreta
“Primero se van las familias nobles, después la baja nobleza y, por último, las personas que han comprado esas casas; así es como quedan vacías”. El arquitecto Alberto Sánchez describe la perversa secuencia que afecta a cientos de casas palacio en los pueblos de Aragón. Un proceso natural motivado por el abandono rural: aunque la autonomía ha ganado 200.000 habitantes en las últimas tres décadas, la nómina de localidades que cae por debajo del centenar de vecinos ha crecido un 45% en los últimos veinte años. Pero lo más doloroso viene a continuación.
“Existe una animadversión y un desconocimiento desde las corporaciones locales” hacia estos edificios con siglos de antigüedad, sostiene Sánchez, quien añade: “Las autoridades locales entienden que es mejor un solar para aparcar que una casa”. La consecuencia —denuncian asociaciones y expertos— es siempre la misma: desproteger, declarar en ruina y, finalmente, derribar. El arquitecto apunta directamente a los responsables: “Los técnicos que se están ocupando de decidir el futuro de las casas palacio no están especializados”.
Asociaciones y expertos denuncian que el caso de dos edificios renacentistas del siglo XVII, declarados en ruina y demolidos sin plantear su restauración, podría repetirse en cientos de viviendas históricas del medio rural
TVE se hace eco del estado ruinoso de las Casas Palacio de Aragón, así como de otro tipo de Patrimonio. Vecinos y expertos denuncian la inacción de las distintas administraciones. Interviene Belén Boloqui.