📣 Este sábado 3 de octubre, Espinavessa acoge la 5.ª #FiraDeMicropobles, con una programación para descubrir los proyectos, el patrimonio y el talento de una veintena de micropueblos de Cataluña. ¡Acompañadnos al Alt Empordà para conocer mejor cómo laten los #Micropobles del país!
🎪 11 h · Leyendas de Espinavessa con la ilustradora Júlia Quintana
🌳 11:15 h · Gestión de los bosques en municipios forestales, con Marc Garfella
🏛️ 11:30 h · Acto institucional
📖 12 h · Presentación de la Guía de acciones locales para la Defensa y Recuperación del Patrimonio, un recurso para defender los municipios de las inmatriculaciones indebidas de bienes, con Marcel Colell y Dino di Nella
Un libro denuncia cómo la institución religiosa inmatriculó miles de propiedades aprovechando un privilegio franquista
Interior de la catedral y antigua mezquita de Córdoba | Matej Kastelic / Getty
Barcelona»No sabemos cuál es el patrimonio de la Iglesia, pero el problema no es ese, porque la institución puede ser propietaria y heredar bienes. El problema real es que se ha apropiado de bienes públicos aprovechando un privilegio franquista que ha tenido continuidad en la democracia. Es un gran expolio que aún empeoró con la ley de reforma hipotecaria de 1998″, asegura Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Rodríguez firma, junto con el periodista Aristóteles Moreno Villafaina, el libro El expolio de las inmatriculaciones de la iglesia. La mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal).
La Ley Hipotecaria, promulgada por el régimen franquista en 1946, permitió, según los autores, «el mayor expolio patrimonial de la historia de España». «Fue una manera sutil, pero sustanciosa, de pagar por los servicios prestados antes, durante y después del golpe de Estado», añaden. Con este privilegio, la Iglesia católica registró miles de fincas como si fuera una administración pública y sin aportar ninguna documentación, tan solo su palabra. Hay templos pero también muchas otras propiedades, como campos de fútbol, murallas, garajes y fincas rurales. «Iban al registro y decían: «Esto es mío». Como la Iglesia y la Administración franquista eran prácticamente la misma cosa, no hacían falta edictos ni comunicarlo a nadie. Se hacía con total opacidad», insiste Rodríguez. Los afectados no tuvieron derecho ni siquiera a protestar, mientras que el resto de mortales, para registrar una propiedad, debían acreditar la titularidad de manera fehaciente.
Presentación de libro «El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia» de Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina, acompañados por Elisabet Almeda en + Bernat librería, Barcelona, 2 de junio de 2026.
Desde monumentos nacionales hasta edificios, fincas, plazas o huertos, el afán inmatriculador de la jerarquía católica española no ha tenido fin. Sin importar que se tratara de bienes patrimonio de la humanidad con un valor cultural e histórico incalculable, o que fuera una humilde parroquia levantada con el esfuerzo de una pequeña pedanía, la Iglesia católica, gracias a un subterfugio jurídico proveniente del franquismo y ampliado por Aznar, se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario del país.
A través del paradigmático e indignante caso de la Mezquita de Córdoba y de otras 16 inmatriculaciones relevantes que recorren toda la Península, este divulgativo texto explica y propone salidas al abusivo sistema que, con la connivencia de registradores y un caos jurídico contrario a los derechos humanos, ha permitido tamaño escándalo. Hablamos del descarado expolio de miles de bienes que pertenecen al común. Recuperarlo pasa por salir de la desidia y la pasividad, por defender nuestro tesoro público. Y esa es la llamada de atención que contienen estas páginas.
Original en catalalán [enlace anterior] – Traducción de Asturias Laica
La necesidad de vivienda social es hoy una de las principales emergencias del país, y cualquier política orientada a garantizar ese derecho merece, de entrada, reconocimiento y compromiso. Precisamente por eso, analizar críticamente las medidas que se presentan en su nombre es un ejercicio delicado, a menudo incómodo, pero necesario: porque no todo lo que se articula bajo la etiqueta de vivienda social contribuye, de forma efectiva, a reforzar el interés general ni la mayor disponibilidad de vivienda para quien lo necesita.
En este sentido, las declaraciones recientes de la Secretaría de Vivienda de la Generalidad de Cataluña, Lídia Guillén Simón, en defensa de lo que llama un acuerdo histórico entre el Gobierno de la Generalidad y la Iglesia Católica en Cataluña para la cesión de inmuebles destinados a vivienda social, no son una intervención más en el debate público: fijan marco a las políticas y legitiman. Por eso es relevante partir de la posición y el discurso de quien las formula.
La librería +Bernat (Carrer de Buenos Aires, 6 – 08029 Barcelona) acoge el próximo martes, 2 de junio, a las 19:00 horas, la presentación del libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro, publicado por Ediciones Akal.
La obra, firmada por Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina, analiza cómo la jerarquía católica española se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario del país gracias a un subterfugio jurídico heredado del franquismo y ampliado durante el gobierno de Aznar en 1998. A través del paradigmático caso de la Mezquita de Córdoba y otros dieciséis ejemplos distribuidos por toda la Península, el libro documenta la apropiación de bienes públicos —desde catedrales y plazas hasta huertos y cementerios— y propone vías jurídicas para su recuperación.
En el acto intervendrán los propios autores junto a Elisabet Almeda, catedrática de Sociología de la Universidad de Barcelona.
El evento está organizado por Europa Laica, Unió de Pagesos, Ateus de Catalunya, Iaioflautas, Fundació Ferrer i Guàrdia, Micropobles y Adalquí, con el apoyo editorial de Akal.
Unió de Pagesos y la Plataforma Catalana de Inmatriculaciones harán llegar documentos de denuncia al Papa, y preparan acciones para su visita a Catalunya
Por la izquierda, Dino Di Nella y Joan Casajoana, este viernes en la sede de UP de Manresa. / Mireia Arso
El conflicto que vecinos de Maians, en Castellfollit del Boix (Bages), mantienen desde hace 14 años con el Bisbat de Vic, al que acusan de haberse apropiado indebidamente de bienes comunales mediante un proceso de inmatriculación, llegará al Vaticano. Así lo han anunciado este viernes Unió de Pagesos y la Plataforma Catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església, que enviarán a la Santa Sede documentación acreditativa sobre «las mentiras» que dicen que utiliza el Obispado para justificar la adquisición de varias propiedades en 2012. «El Papa debe tener un conocimiento directo de esto», han dicho, y han anunciado acciones de protesta, que ya concretarán, sobre esta y otras cuestiones relacionadas durante la visita que el pontífice realizará el mes que viene a Catalunya.
Comunicat en suport a Joan Casajoana contra l’apropiació indeguda de béns immobles per part de l’Església i la seva cobertura institucional
Plataforma Recuperant – Plataforma catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església
Coordinadora Recuperando – Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia
7 d’abril de 2026
Des de la Coordinadora Recuperando i la Plataforma Recuperant, integrada per col·lectius ciutadans, entitats patrimonials i plataformes territorials d’arreu del país que treballen per la recuperació dels béns immatriculats per l’Església Catòlica, volem expressar el nostre suport ferm i inequívoc a Joan Casajoana en el conflicte de Vallhonesta (Sant Vicenç de Castellet).
El cas de Vallhonesta constitueix un exemple paradigmàtic —gairebé de manual— del que està succeint arreu del territori: un procés d’apropiació de béns amb valor històric, social i comunitari mitjançant les immatriculacions a instància dels bisbes a través de declaracions unilaterals —les denominades certificacions eclesiàstiques—, facilitat per la passivitat, la complicitat o la participació directa de responsables polítics i institucionals.
En aquest cas, a més, concorren elements que el fan especialment greu:
Existeix una voluntat expressa, sostinguda en el temps i documentada, per part del propietari de cedir l’ermita i el cementiri al poble per al seu ús comú.
La finca ha estat gestionada durant dècades amb criteris d’obertura i ús comunitari real, sense exclusions arbitràries.
S’ha formulat fins i tot una proposta formal de cessió conjunta amb el Bisbat de Vic a favor de l’Ajuntament, ignorada i sense resposta.
I malgrat tot això, s’ha consolidat una situació en què el bé acaba en mans d’una entitat privada aliena al municipi, amb el suport o consentiment de les institucions locals.
Un grup intersectorial ha elaborat un estudi preliminar que xifra en 281 els possibles béns immatriculats -la primera inscripció d’una finca al Registre de la Propietat- per l’Església Catòlica al Ripollès. A partir de les notes simples que va reclamar el Consell Comarcal del Ripollès el 2019 al Registre de la Propietat de Ripoll, s’ha constatat que 109 béns immobles -entre ells 25 edificacions de 10.000 m2 construïts- podrien començar el procés de «reversió» perquè segueixin essent públiques. Proposen els ajuntaments fer un inventari i recopilar més informació. «La gran majoria són béns comunals que no es poden ni comprar ni vendre perquè pertanyen al poble des de fa segles», segons paraules del codirector de l’informe, Dino Di Nella.
¿Quién creo los bienes de dominio público, históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Catalunya? (Iglesias, casas rectorales y cementerios)
A partir de experiencias de lucha de Unió de Pagesos de Catalunya en la recuperación de cuatro bienes inmatriculados por la iglesia a nivel local en dos municipios. Bienes recuperados por la anulación por parte del Obispado de VIC de las inmatriculaciones porque reconoció el error. Y otros bienes que estamos en vías de recuperación.Explicaré desde esta experiencia, la convicción y certeza de quién creó los bienes de dominio público, históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Cataluña: (Las Iglesias, casas rectorales y cementerios).
La nulidad insubsanable y de pleno derecho de las denominadas “certificaciones eclesiásticas” como documentos válidos para promover asientos registrales de propiedad privada
Uno de los mayores escándalos jurídicos de los últimos años ha sido la comprobación de que la Iglesia Católica utilizó el sistema de las denominadas certificaciones eclesiásticas no sólo para apropiarse de bienes sin culto, sino también de bienes de culto.
Los bienes sin culto son aquellos que, a pesar de haber sido tradicionalmente asociados a la Iglesia, no están destinados a usos litúrgicos ni religiosos. Muchos de estos inmuebles han sido gestionados por la comunidad o por las administraciones públicas, pero han sido registrados por la Iglesia sin acreditar su propiedad con documentos válidos.
Los bienes de culto son aquellos espacios o inmuebles destinados históricamente a la práctica religiosa, ya sean iglesias, catedrales, ermitas, conventos o monasterios. Estos bienes, según el derecho histórico y la tradición jurídica, han sido considerados como bienes públicos fuera del comercio (extra commercium), ya que servían no sólo para la liturgia religiosa, sino también como espacios colectivos y culturales de la comunidad.
