Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba pedirán de nuevo en el Pleno de Córdoba Mezquita-Catedral la gestión pública del monumento después de que el incendio del pasado 8 de agosto haya vuelto a evidenciar, según ellos, «la urgencia impostergable de un modelo de gestión profesional, participativo y acorde con los estándares que prescribe la Unesco«, que en 1984 declaró el edificio Patrimonio de la Humanidad. La petición se vertebra a raíz de una moción conjunta que los grupos de izquierdas promueven en colaboración con la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba.
Si observamos la frase del señor Hurtado de forma aislada, podríamos deducir que se trata de un sintagma lleno de sentido común. Un portavoz municipal, aspirante a ocupar la Alcaldía, es lógico que se proponga recuperar para la ciudad un legado patrimonial construido, mantenido y financiado por generaciones de ciudadanos a través de los siglos (amén). Mucho más incomprensible resulta contemplar a otros munícipes esforzarse cada día en defender la privatización de un conjunto monumental genuinamente cordobés, símbolo comunitario indiscutible de todos nosotros.
Hasta ahí todo en orden. Pero si colocamos la frase del señor Hurtado en su debido contexto se nos caen sus piezas como un castillo de naipes. Por ejemplo. Si el señor portavoz municipal cree honradamente que la Mezquita de Córdoba es un bien de dominio público, podría, pongamos por caso, elevar al señor ministro de Justicia una petición fundamentada sobre el deber del Estado en impedir la apropiación ilegítima de un tesoro esencial del patrimonio común.
El arzobispado de Oviedo sigue insistiendo en presentar proyectos de intervención en el entorno del Naranco, a menos de 100 metros de donde se ubica Santa María del Naranco – Palacio de Ramiro I. Todo este entorno arquitectónico y natural tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural y de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Intervenciones como las que propone el arzobispado pueden poner en peligro estos reconocimientos.
Por ello, y para recordar que el prerrománico asturiano, construido por reyes asturianos y restaurado desde siempre con ingentes cantidades de dinero público desde las administraciones central y autonómica, pertenece a todo el pueblo asturiano, hemos elaborado la siguiente Nota de Prensa tras mantener una primera reunión con el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Oviedo.
Nota de Prensa: 26/08/2025
Sobre el Proyecto del arzobispado de Oviedo de construir un «Centro de visitantes del prerrománico» en Santa María del Naranco – Palacio de Ramiro I
• El prerrománico asturiano pertenece a todo el pueblo asturiano y tiene que ser considerado como bien de dominio público
• El proyecto presentado por el arzobispado de remodelación del entorno, a menos de 100 metros del edificio, altera significativamente el entorno y puede poner en peligro la calificación de Bien Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO
El colectivo Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, junto a Asturias Laica, integrantes de la coordinadora estatal RECUPERANDO, nos hemos reunido esta mañana con el Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de Oviedo para comentar el proyecto del arzobispado de Oviedo de construir un «Centro de visitantes del Prerrománico» en el Naranco.
José Antonio, Alonso y José María Rosell reunidos con Gaspar LLamazares (GM IU)
En primer lugar hemos transmitido al Grupo Municipal IU nuestra preocupación por la presunción de que la titularidad del prerrománico asturiano corresponda a la Iglesia.
El Ayuntamiento de Murcia cederá a la Diócesis de Cartagena la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima del barrio de Vistabella. Así lo anunció este miércoles la vicealcaldesa y edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la publicación en el Boletín de la Región (BORM) de la desafección del dominio público del inmueble, la cual fue aprobada el Pleno municipal del pasado mes de julio y se encuentra en periodo de información pública.
La casa rectoral del Naranco, un edificio en avanzado estado de ruina propiedad de la Iglesia a unos pocos cientos de metros de Santa María y San Miguel de Lillo, en Oviedo, ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo. En esta ocasión, el área de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento ha denegado al Arzobispado la licencia solicitada para convertir el inmueble en un ‘espacio de acogida y atención de visitantes de los monumentos del Prerrománico’, tal y como viene recogido en la documentación presentada al servicio, a la que ha tenido acceso EL COMERCIO. El Consistorio deja claro que la edificación se encuentra al margen de la normativa al estar en un supuesto de «fuera de ordenación» hasta que un hipotético plan especial regularice su situación, incluida en un ámbito de suelo no urbanizable destinado a zonas verdes y parque.
El Ayuntamiento de Otsagabia ha incluido en la agenda de su agosto cultural una charla coloquio sobre las inmatriculaciones con Andrés Valentín de la Plataforma de Defensa del Patrimonio, Inmatriculaciones Escándalo Monumental. Esta se desarrolló ayer por la tarde en el centro cultural Javi Eseverri y reunió a 80 personas. La charla recorrió la trayectoria de la Plataforma, aportó datos de las inmatriculaciones a nivel estatal y provincial y se detuvo en la situación de Muskilda, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la propiedad de la ermita.
El Puente Viejo, el Paseo del Malecón, la Casa Consistorial, la iglesia de Vistabella, el mercado de Verónicas y el Castillejo son ejemplos de las últimas inmatriculaciones
Espacios y edificios emblemáticos de Murcia – Nacho García
Aunque parezca increíble, en el municipio de Murcia había, y todavía quedan algunos, espacios y edificios emblemáticos cuya propiedad estaba en un limbo del que el Ayuntamiento ha decidido sacarlos. Algunos casos recientes son el Puente Viejo o de los Peligros, el Paseo del Malecón y el emblemático mercado de Verónicas, actualmente inmerso en su rehabilitación.
La Diócesis y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares han estado enfrentados durante años por la propiedad de la plaza de los Santos Niños, un tema particularmente espinoso al que tratamos de arrojar luz.
En 1863 se crea el Registro de la Propiedad de España, con el objetivo de hacer constar los bienes inmuebles que hay en cada lugar y los derechos y las cargas fiscales que pesan sobre ellos. Una medida para modernizar la Administración y agilizar la compraventa de inmuebles.
Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares – Google
El Registro de la Propiedad no concede la titularidad legal de un inmueble, pero sí la hace pública. Es decir, si eres propietario de un local, una finca o vivienda y te inscribes como tal en el Registro, te ahorrarás tiempo y trámites a la hora, por ejemplo, de venderla.
La Iglesia llegó a la península Ibérica en el siglo I, es decir muchos siglos antes de que se crease el Registro de la Propiedad y por ello sus viene inmuebles no estaban registrados en ningún sitio. Ni falta que hacía, pues nadie dudaba de su titularidad.
Con la llegada del Registro, y pensando en estos casos tan especiales, se creó un sistema especial que permitiese inscribir aquellos bienes de los que no fuese posible mostrar un título de propiedad. Esta circunstancia era muy habitual en el caso de la Iglesia, puesto que muchos de los edificios son muy anteriores a la misma existencia de España como país.
Ese proceso, llamado inmatriculación por certificación, estuvo vigente desde 1863 y hasta la reforma de la Ley Hipotecaria, en junio de 2015. Hasta 1998 la Iglesia no pudo registrar los lugares de culto, así que fue a partir de ese año cuando comenzó con el proceso de inmatriculación, hasta 2015 y también por certificación.
El sistema de inmatriculación preveía un período de 2 años de provisionalidad para corregir errores y presentar alegaciones. Desde 1998, y durante 17 años, la Iglesia Católica de España inmatriculó cerca de 35.000 bienes a lo largo de nuestra geografía. En Alcalá, la Diócesis inmatriculó la Santa e Insigne Catedral Magistral de Alcalá de Henares, y nadie se opuso a ello.
La plaza de los Santos Niños
El problema es que la Diócesis de Alcalá afirma que los terrenos que hoy en día circunscriben la plaza de los Santos Niños también son suyos, mientras que el Ayuntamiento afirma que se trata de una plaza y que por tanto son de titularidad pública.
Gracias al impulso de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, se ha iniciado un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia. Se estima que la cifra podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700.
El caso de Navarra ha destapado una realidad: la inscripción a nombre de la Iglesia de bienes comunales, patrimonio público cuya titularidad no puede ser usurpada. Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que atenta contra el interés general.
La inmatriculación masiva de bienes por parte de la Iglesia Católica, cuyo número se estima en más de 100.000, constituye uno de los mayores escándalos patrimoniales del Estado español. Bastó una simple declaración expedida por la jerarquía eclesiástica —sin título de dominio alguno— para inscribir miles de bienes en los registros de la propiedad, gracias a un privilegio franquista mantenido hasta 2015.
La Asociación de Vecinos «Las Tres Calles de Tejina» ha hecho pública su firme posición ante los últimos acontecimientos relacionados con la casa parroquial y la ampliación de la plaza del pueblo. A través de varias acciones —como la recogida y entrega de firmas, así como una reunión mantenida recientemente con el nuevo obispo de Tenerife, D. Eloy Santiago—, la Asociación ha trasladado su preocupación y su desacuerdo con las decisiones adoptadas hace unos meses por el Obispado.
Simulación de la plaza sin la casa adosada.
Y es que el clero sigue sin escuchar a la mayoría de tejineros y tejineras, que desea que se derribe la ruinosa casa del cura para devolver al pueblo un espacio que siempre fue suyo. Muy al contrario, la Diócesis, estando en sede vacante, visó un proyecto en noviembre pasado para rehabilitarla, en lugar de esperar y respaldar la resolución del proceso administrativo que cambiará el estatus jurídico de dicho inmueble y que fue anunciado por el Ayuntamiento de La Laguna en agosto de 2024.
