Muchos municipios que no disponían de escrituras han perdido sus camposantos en beneficio de los obispos aunque siguen haciendo frente a los gastos de mantenimiento de lo que históricamente ha constituido un servicio público.
Aristóteles Moreno, publico.es – 26/09/2021
Hace apenas semana y media, el pequeño Ayuntamiento asturiano de Yernes y Tameza descubrió que el cementerio municipal aparecía en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica. Tras una investigación en el archivo local, el Consistorio constató que el camposanto se encontraba inventariado como propiedad municipal y acordó escriturarlo a su nombre. El caso de Yernes y Tameza podría no ser la única necrópolis pública que ha terminado privatizada a nombre de los obispos, al amparo del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que les permitió registrar bienes sin aportar título escrito de propiedad.
La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.
