La coordinadora estatal RECUPERANDO ha mantenido, el pasado día 18 de marzo, una reunión con el Defensor del Pueblo en relación con la queja presentada por la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de información detallada sobre las inmatriculaciones de la Iglesia incluidas en el listado remitido al Parlamento en 2021.
La reunión se ha producido después de que RECUPERANDO denunciara ante la Defensoría que el Gobierno no había contestado a la petición registrada para obtener el expediente completo 161/001437 de la XII Legislatura, incluyendo la totalidad de las notas simples registrales que sirvieron de base para la elaboración del estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015.
Desde 2017, el Congreso de los Diputados viene pidiendo al Gobierno la información completa sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Aquel año se aprobó la PNL 161/001437: el mandato era claro. Había que elaborar un estudio sobre las inmatriculaciones (1998–2015) y facilitar los datos necesarios para que se pudieran identificar los bienes y, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o hubieran sido inscritos sin título escrito de dominio.
En diciembre de 2017, el Colegio de Registradores remitió al Gobierno la información solicitada. Desde entonces, la historia ha sido la de una demora injustificada y una transparencia opaca. El Gobierno terminó enviando al Congreso en 2021 un informe y un listado que, en miles de casos, no permite identificar los bienes.
RECUPERANDO | 25 febrero 2026
Mientras tanto, RECUPERANDO, ciudadanía y grupos parlamentarios reclaman el expediente completo con información detallada de cada bien. La pregunta parlamentaria presentada por el Grupo Plurinacional Sumar y la respuesta del Gobierno (10 de febrero de 2026) confirman que la opacidad continúa.
El pleno del Parlamento de Navarra ha dado luz verde este jueves a una moción del PSN que reclama al Congreso de los Diputados acometer los cambios legales necesarios para “declarar la nulidad de pleno derecho” de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia al amparo de diversos artículos de la normativa hipotecaria.
La propuesta ha salido adelante con el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra.
En el texto se urge al Gobierno central a impulsar una ley que establezca “la nulidad del artículo 206 de la ley Hipotecaria desde la entrada en vigor de la Constitución y, solamente para la Iglesia católica, con su consecuente artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, así como de cualquier otro precepto concordante, que permitieron la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación eclesiástica administrativa”.
El PSN-PSOE impulsa una moción para avanzar en la anulación de las leyes que permitieron a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía. El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, afirma que las inmatriculaciones constituyen “un expolio organizado, amparado por normas claramente injustas”.
Alzórriz sostiene que la Iglesia “incumple de forma evidente mandamientos tan básicos como no robar ni codiciar los bienes ajenos” y recuerda que este proceso se produce “con premeditación, alevosía y ayuda política, aunque no divina”. En este sentido, señala que “la multinacional católica inmatricula más de 35.000 inmuebles solo después de 1998, y más de 100.000 desde la ley franquista de 1946”.
Solicita con el rechazo de UPN, PP y Vox al Gobierno de España «la creación de un procedimiento estatal de revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente».
Concentración frente al Congreso de la plataforma Recuperando. Archivo | Europa Press
El Parlamento de Navarra aprobó este jueves con el apoyo de Bildu y Geroa Bai una moción del PSN (UPN, PP y Vox votaron en contra) en la que, entre otros puntos, se «insta al Congreso de los Diputados a aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones [inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad] realizadas al amparo» de la normativa hipotecaria, que permitió a los obispados durante años mediante la mera certificación de la diócesis, inscribir decenas de miles de bienes. En el año 2015, una reforma de la ley acabó con esta manera de acceder a la propiedad.
Navarra es la Comunidad que más y mejor ha trabajado, según expone a Público la plataforma ciudadana Recuperando, en la dirección de recuperar los bienes que consideran que la Iglesia obtuvo a pesar de que se trataba entre otros de bienes comunales pertenecientes a los municipios. La Consejería de Desarrollo Rural ha identificado documentalmente casi 300 bienes comunales inmatriculados por el Arzobispado de Pamplonahttps://www.publico.es/sociedad/navarra-destapa-mayor-inmatriculacion-episcopal-bienes-publicos-espana.html y calcula que la cifra final de estos bienes inscritos por el Arzobispado puede superar los 1.700.
Hoy, 5 de febrero de 2006, se ha debatido en el Parlamento Nararro una moción por la que se «insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia Católica».
Parlamento de Navarra | Archivo
La moción ha sido presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra:
Instar al Gobierno de España a promover una ley que declare la nulidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde la entrada en vigor de la CE y, solamente para la Iglesia católica, con su consecuente artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, así como de cualquier otro precepto concordante, que permitieron la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación eclesiástica administrativa.
Instar al Congreso de los Diputados/as a aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones realizadas al amparo de dicha normativa inconstitucional.
Solicitar al Gobierno de España la creación de un procedimiento estatal de revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales y, en su caso, revertir la situación o reparar los daños y perjuicios.
Reclamar la ampliación, depuración y publicidad completa del listado de bienes inmatriculados, así como su correcta identificación registral, por la Iglesia católica desde 1946 hasta la actualidad.
Dar traslado de esta moción al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Federación de Municipios y Concejos (FNMC), y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ha contado con una emmienda de adición presentada de manera conjunta por Geroa Bai, EH Bildu y Contigo/Zurekin, del siguiente punto:
6. Atendiendo al trabajo que se está desarrollando en Navarra en la revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, el Parlamento de Navarra insta a las Cortes Generales y al Gobierno de España a trabajar con el resto de las administraciones y junto con la sociedad civil a trabajar en la recuperación los bienes inmatriculados ilegítimamente por parte de la iglesia católica en
el conjunto del Estado.
La intervención en defensa de la moción corrió a cargo de Ramón Alcórriz (PSN) y la intervención explicando la enmienta adicional conjunta presentada la hizo Blanca Regúlez (Geroa Bai). Continuaron los distintos grupos parlamentarios intervinientes: Irati Jiménez (EH Bildu), Mikel Garrido (Contigo-Zurekin), Juan Luis Sáncez de Muruain (UPN), Irene Royo (PP) y Emilio Jiménez (Gupo Mixto). A continuación el vídeo completo con las intervenciones:
La asociación aboga por seguir el ejemplo de Navarra
Inmatriculaciones de la Iglesia
La asociación Recuperando ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide reformas legislativas y aboga por seguir el ejemplo de Navarra
«Investigaciones sistemáticas y de oficio, inventarios rigurosos, apoyo técnico a los municipios y disposición a acudir a los tribunales de Justicia cuando existan pruebas suficientes de la titularidad pública»
La asociación Recuperando ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide reformas legislativas para anular inmatriculaciones de «bienes comunales» hechas por la Iglesia católica con base en certificaciones eclesiásticas desde 1978.
La Coordinadora RECUPERANDO insta al Gobierno a cumplir la PNL de 2017 sobre bienes inmatriculados
RECUPERANDO pide a Pedro Sánchez una solución de Estado al expolio de los bienes inmatriculados
Carta al Presidente del Gobierno
El pasado 30 de noviembre de 2025, la Coordinadora estatal RECUPERANDO ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su preocupación por la apropiación masiva de bienes comunales y de dominio público inmatriculados por la Iglesia católica, y para reclamar una respuesta de Estado a este problema.
El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba.
El pasado domingo 2 de noviembre, el Gobierno dio respuesta por escrito a la pregunta del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa. En su contestación, el Ejecutivo expuso que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble”, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica, que gestiona el monumento Patrimonio de la Humanidad a través del Cabildo Catedral de Córdoba. “Hay argumentos de sobra. El Ayuntamiento de Córdoba podría emprender mañana acciones judiciales con los informes que ya tiene, pero hay miedo a abrir la caja de Pandora”, disecciona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, jurista y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Fue a raíz del incendio en la mezquita el pasado 8 de agosto que Santiago formuló la pregunta: “¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, […] redactar un Código de Buenas Prácticas […] para evitar acciones que perjudiquen la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?”.
Reclaman que vuelva a manos del pueblo andaluz como espacio de memoria colectiva
Una nueva controversia rodea a la Mezquita de Córdoba tras la respuesta del Gobierno central que respalda su propiedad eclesiástica. Nación Andaluza ha expresado su rechazo a lo que considera una nueva entrega del patrimonio histórico andaluz y reclama su restitución al pueblo como símbolo de soberanía cultural y económica (…).
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, Nación Andaluza ha denunciado la decisión del gobierno español de reconocer al Obispado de Córdoba como propietario de la Mezquita de Córdoba, lo que en la práctica supone -dicen- una cesión del monumento andaluz al Estado Vaticano. La organización soberanista andaluza rechaza de manera tajante esta postura del Ejecutivo central, que, en su opinión, perpetúa el expolio histórico del pueblo andaluz y entrega a una institución religiosa internacional un patrimonio que consideran legítimamente popular.
Desde 2017, el Congreso de los Diputados viene pidiendo al Gobierno la información completa sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica. Aquel año se aprobó la PNL 161/001437: el mandato era claro. Había que elaborar un estudio sobre las inmatriculaciones (1998–2015) y facilitar los datos necesarios para que se pudieran identificar los bienes y, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o hubieran sido inscritos sin título escrito de dominio.
