«La Constitución ya deja clarito que esto es un Estado aconfesional y por tanto todo lo que estamos diciendo y estamos planteando tendría que estar superado», afirma su presidente, José Antonio Naz.
La organización Europa Laica cumple 25 años, un cuarto de siglo luchando por plantear una agenda laicista en un país en el que la influencia del catolicismo ha sido —y es aún— enorme. A lo largo de este fin de semana mantienen un congreso, con un intenso y profundo programa de reflexión en torno a la laicidad en Almagro (Extremadura). Su presidente, José Antonio Naz, atiende a Público en la efeméride y asegura que de algún modo el recorrido laicista en España tiene aún un amplio campo de desarrollo, aunque reconoce avances en cuanto a derechos individuales, con la consolidación del aborto y la aprobación de la ley de la eutanasia. «Se ha avanzado en cuanto que se habla del concepto de laicidad y se conoce el tema. Hemos explicado mucho durante este tiempo. Avanzar en laicidad en cuanto a la separación Iglesia-Estado y en cuanto a que las administraciones se mantengan como deben en la aconfesionalidad [constitucional], eso es más discutible».
Los autores de una profunda investigación sobre seis décadas de inmatriculaciones llaman al Gobierno a revertir una situación de “expolio” que ha supuesto “una descapitalización sin precedentes” del patrimonio público en democracia: “Hasta hoy, Iglesia y Estado son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”
Vista del antiguo palacio de Santa María del Naranco, uno de los monumentos más emblemáticos del prerrománico asturiano, inmatriculado por la Iglesia. EFE
Aunque pueda parecerlo, este “no es un libro anticlerical”. El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia (Akal, 2026) acaba de llegar a las librerías como una profunda investigación sobre la inscripción de miles bienes sin garantías de propiedad a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015. Un estudio que no pretende “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público” frente a lo que definen sin rodeos como un “expolio” que ha originado “una descapitalización sin precedentes” en plena etapa democrática. Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, tratan de delimitar la verdadera dimensión del fenómeno, comparándolo con capítulos tan relevantes para el patrimonio español como la desamortización de Mendizábal. Como si se tratase de un reverso histórico, aquella operación llevada a cabo a principios del siglo XIX supuso la expropiación y subasta de multitud de bienes en manos de la Iglesia católica —monasterios, conventos, tierras— para financiar las arcas del Estado. Sin embargo, la maniobra se revelaría infructuosa, poco eficiente, y acabaría causando daños irreparables al propio patrimonio.
La coordinadora estatal reclama «el acceso y la transparencia a la información detallada» de todas las inmatriculaciones incluidas en el informe del Gobierno de España sin la que es «imposible comprobar con rigor»
La Coordinadora Estatal Recuperando se ha dirigido a los gobiernos autonómicos para identificar los bienes inmatriculados de la Iglesia. La entidad, que integra a una treintena de entidades y asociaciones de todo el Estado, reclama «el acceso y la transparencia a la información detallada» de todas las inmatriculaciones incluidas en el informe del Gobierno de España titulado ‘Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano’.
El documento publicado contiene, según la coordinadora, «un simple listado que, en numerosos casos, no permite una identificación correcta de los bienes». Sin esa identificación –con datos registrales completos, notas simples o equivalentes– es «imposible comprobar con rigor qué se ha inscrito, dónde, a nombre de quién y con qué antecedentes» y por ello, continúan, «resulta inviable defender adecuadamente el patrimonio público o valorar posibles actuaciones administrativas y jurídicas».
En el aniversario de la Constitución de 1978, la Coordinadora RECUPERANDO ha denunciado que miles de bienes inscritos por la Iglesia católica en pleno periodo democrático se apoyan en un procedimiento “frontalmente incompatible” con la aconfesionalidad del Estado. Según la organización, estas inscripciones se realizaron gracias a la figura de la certificación eclesiástica, un mecanismo que permitió durante décadas registrar inmuebles de todo tipo mediante un simple documento firmado por el obispo, “una declaración de parte interesada elevada artificialmente a la categoría de certificación pública”.
«No se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común»
Recuperando. Concentración frente al Congreso de los Diputados en 2022
La Coordinadora Recuperando ha reclamado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas «al amparo de una declaración eclesiástica», una auditoría de todos estos bienes así como sanciones a la «desidia institucional» para la «recuperación» de estos bienes
«Las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas»
La Coordinadora ha reclamado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas «al amparo de una declaración eclesiástica», una auditoría de todos estos bienes así como sanciones a la «desidia institucional» para la «recuperación» de estos bienes.
La plataforma ha valorado el «impulso» del Gobierno de Navarra, que ha iniciado «un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia». Cifra que «podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700».
Según asegura en una nota de prensa, «los hechos evidencian» que la Iglesia «ha inmatriculado bienes públicos, incluyendo bienes comunales, de uso colectivo y tradicionalmente vinculados a la vida vecinal y rural», y que «no se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común». También que «las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas».
En España, la Iglesia Católica ha acumulado durante décadas un vasto patrimonio de terrenos, edificios y propiedades que, en muchos casos, fueron adquiridos mediante prácticas cuestionables o directamente ilegales. Este proceso, conocido como ‘inmatriculación’, permitió a la jerarquía eclesiástica registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de demostrar su titularidad, amparada por leyes franquistas y reformas posteriores que facilitaron este expolio. Se trata de un escándalo que los sucesivos gobiernos han evitado abordar con determinación, mirando para otro lado mientras la Iglesia sigue lucrándose con la explotación de estos bienes.
En un país que declaró en la Carta Magna su aconfesionalidad, la presencia abusiva de la Iglesia es una okupa consentida que no solo se niega a salir de la salita de estar, sino que se sienta sin permiso a tu mesa y, con beatífica sonrisa, exige su parte del pastel
La España contemporánea debería revisar el hecho de ser un Estado aconfesional y trabajar en ser un Estado laico, pero la Iglesia católica sigue siendo esa okupa consentida que se niega a abandonar la salita de estar, esa huésped que, en vez de agradecer la hospitalidad que le concedió la Constitución, se instala con arrogancia, reclama privilegios y se permite dictar las normas de la casa, es decir, las reglas del juego democrático. España no será un país realmente democrático hasta que no haga la transición, también política, de pasar de ser un Estado aconfesional a ser un Estado laico, sin la sombra de esa institución que, con su obsoleta casulla y su vasto aparato institucional, aún se atreve a dictar quién puede casarse y quién no, qué se puede enseñar y qué no, qué valores deben prevalecer y cuáles ser eliminados, cómo han de ser las mujeres, quién lo es y quién no, dónde deben estar, qué estilo de vida debemos llevar o no. Un avance racional que no se entiende que siga resultando impensable.
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos en defensa del patrimonio público inmatriculado por la Iglesia, ha pedido al Gobierno de España que intervenga ante «la apropiación masiva de bienes comunales en Navarra».
Así lo ha demandado en una nota de prensa tras conocer una investigación realizada por le Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, según el cual, «al menos, 272 fincas propiedad de los pueblos navarros habrían sido inscritas a su nombre por la jerarquía católica».
Más allá de la expresión cultural, la Semana Santa tiene una esfera económica que genera millones de euros y otra social que le sirve a la Iglesia Católica para legitimar sus privilegios dentro del Estado español.
Otro año más, el olor a incienso se mezcla con el azahar y otras flores que explotan en primavera. Los adoquines de las ciudades se llenan de cera de colores y hay quien desempolva la mantilla y el traje. Y todo se vuelve bulla, olor, tacto, música, pasión y belleza.
La Semana Santa está tan imbricada en el imaginario de la sociedad andaluza que es raro encontrar una persona que no tenga vinculado el detalle de un olor, un sabor o un sonido durante una procesión en sus recuerdos. Sin embargo, esta expresión popular está vinculada al conservadurismo social y a las políticas de derechas por su carácter religioso.
Sin embargo, desde hace varios años, obras culturales como Dolores Guapa(2021), película de Jesús Pascual, propuestas políticas o colectivos como Agnóstico Cofrade o Proyecto Palio reivindican su derecho a formar parte de esta festividad desde la disidencia LGTBIQ, ideas progresistas e incluso la falta de fe. “Nosotras no vamos a decirles a nuestras abuelas que se equivocan por emocionarse con la virgen. Nosotras vamos a cogerles la mano y a llorar con ellas, sin culpa, ni vergüenza, y prometiendo darle un meneo a todo”, sostienen desde Proyecto Palio.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma critica la falta de «voluntad» del Arzobispado de Pamplona y Tudela para revertir los «más de 3.000 bienes» que tiene inmatriculados en Navarra. Hace unos días, preguntado por esta cuestión, el arzobispo Florencio Roselló alegó que «si un juez dice que no nos pertenece, lo devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro». En respuesta, la presidenta de la plataforma, Cristina Contreras, ha expresado en la SER: «Hombre, faltaría más que no se adhirieran a los tribunales como hacemos todos. Lo que quiere decir es que no hay ninguna voluntad de devolverlos si no es por la vía judicial». Contreras recuerda que la mayoría de estos bienes no están dedicados al culto. En concreto, detalla en un comunicado, la Iglesia tiene registrados a su nombre en Navarra «234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 187 viviendas, 181 campos de secano, 101 fincas urbanas, 52 fincas rústicas, 32 jardines, 36 locales, 20 locales comerciales, 17 almacenes y 17 olivares». «De todos esos bienes, muchos se están vendiendo, muchos se dejan abandonados y se pierden». La plataforma está recopilando fotos y datos de los bienes -incluyendo iglesias y ermitas- que «se encuentran en un evidente estado de abandono en Navarra» para demostrar que la Iglesia no está cumpliendo con la «obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados».
Contreras ha destacado lo sucedido en el Valle de Arce. En el año 2002, cuando ya se conocía el proyecto para crear el Embalse de Itoiz, la Iglesia inmatriculó a su nombre propiedades en la zona. Cuando el Gobierno de Navarra inundó el lugar, la diócesis recibió, asegura, una indemnización de 1.6 millones de euros.
Para la plataforma, el problema es que «no ha existido ni existe una voluntad política de revertir las inmatriculaciones realizadas a partir de un artículo de la Ley Hipotecaria que debió ser declarado anticonstitucional cuando se promulgó la Constitución de 1978». Por ello, reivindican una «solución política», un «cambio legislativo» que anule estas inmatriculaciones. Es un «fraude que ha despojado a los pueblos de sus bienes públicos, que ha pasado a ser privados», sostienen desde la plataforma.
