Hace unos días en el Congreso el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR celebró una Jornada denominada Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado; en ellas participaron personas de diversas organizaciones de la plataforma unitaria RECUPERANDO.
La catedral de Burgos.- Rubenphotographer
FRANCISCO DELGADO RUIZ, Grupo de Pensamiento Laico / publico.es / 17/04/2024
Curiosamente, dos días antes la presidenta del Congreso peregrinó al Vaticano para mantener una reunión con el jefe de la Iglesia católica y reafirmarle, una vez, más, que estuviera tranquilo, que el Concordato y los demás privilegios de los que disfruta la Iglesia católica en España se mantendrán, incluida la gestión diocesana del patrimonio histórico artístico, la mayoría inmatriculado gracias a la Ley Hipotecaria que lo promovía desde 1946-47, más la reforma de 1998 (que permitía los lugares de culto), y ello hasta el año 2015, y, por supuesto, el apoyo gubernamental a la «industria de la caridad», que supone la privatización de los servicios sociales que deberían ser públicos y que están en manos de empresas y corporaciones católicas.
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos que reclaman la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia, presentó en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2017 una iniciativa para que la Cámara demandase del Ejecutivo información sobre las inscripciones episcopales. Unas semanas más tarde, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos promovieron sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en tal sentido. El 4 de abril, la Comisión de Justicia aprueba la PNL presentada por el PSOE. El 19 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras varias negativas, responde que se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998.
