En el aniversario de la Constitución de 1978, la Coordinadora RECUPERANDO ha denunciado que miles de bienes inscritos por la Iglesia católica en pleno periodo democrático se apoyan en un procedimiento “frontalmente incompatible” con la aconfesionalidad del Estado. Según la organización, estas inscripciones se realizaron gracias a la figura de la certificación eclesiástica, un mecanismo que permitió durante décadas registrar inmuebles de todo tipo mediante un simple documento firmado por el obispo, “una declaración de parte interesada elevada artificialmente a la categoría de certificación pública”.
«No se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común»
Recuperando. Concentración frente al Congreso de los Diputados en 2022
La Coordinadora Recuperando ha reclamado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas «al amparo de una declaración eclesiástica», una auditoría de todos estos bienes así como sanciones a la «desidia institucional» para la «recuperación» de estos bienes
«Las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas»
La Coordinadora ha reclamado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas «al amparo de una declaración eclesiástica», una auditoría de todos estos bienes así como sanciones a la «desidia institucional» para la «recuperación» de estos bienes.
La plataforma ha valorado el «impulso» del Gobierno de Navarra, que ha iniciado «un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia». Cifra que «podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700».
Según asegura en una nota de prensa, «los hechos evidencian» que la Iglesia «ha inmatriculado bienes públicos, incluyendo bienes comunales, de uso colectivo y tradicionalmente vinculados a la vida vecinal y rural», y que «no se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común». También que «las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas».
En España, la Iglesia Católica ha acumulado durante décadas un vasto patrimonio de terrenos, edificios y propiedades que, en muchos casos, fueron adquiridos mediante prácticas cuestionables o directamente ilegales. Este proceso, conocido como ‘inmatriculación’, permitió a la jerarquía eclesiástica registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de demostrar su titularidad, amparada por leyes franquistas y reformas posteriores que facilitaron este expolio. Se trata de un escándalo que los sucesivos gobiernos han evitado abordar con determinación, mirando para otro lado mientras la Iglesia sigue lucrándose con la explotación de estos bienes.
En un país que declaró en la Carta Magna su aconfesionalidad, la presencia abusiva de la Iglesia es una okupa consentida que no solo se niega a salir de la salita de estar, sino que se sienta sin permiso a tu mesa y, con beatífica sonrisa, exige su parte del pastel
La España contemporánea debería revisar el hecho de ser un Estado aconfesional y trabajar en ser un Estado laico, pero la Iglesia católica sigue siendo esa okupa consentida que se niega a abandonar la salita de estar, esa huésped que, en vez de agradecer la hospitalidad que le concedió la Constitución, se instala con arrogancia, reclama privilegios y se permite dictar las normas de la casa, es decir, las reglas del juego democrático. España no será un país realmente democrático hasta que no haga la transición, también política, de pasar de ser un Estado aconfesional a ser un Estado laico, sin la sombra de esa institución que, con su obsoleta casulla y su vasto aparato institucional, aún se atreve a dictar quién puede casarse y quién no, qué se puede enseñar y qué no, qué valores deben prevalecer y cuáles ser eliminados, cómo han de ser las mujeres, quién lo es y quién no, dónde deben estar, qué estilo de vida debemos llevar o no. Un avance racional que no se entiende que siga resultando impensable.
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos en defensa del patrimonio público inmatriculado por la Iglesia, ha pedido al Gobierno de España que intervenga ante «la apropiación masiva de bienes comunales en Navarra».
Así lo ha demandado en una nota de prensa tras conocer una investigación realizada por le Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, según el cual, «al menos, 272 fincas propiedad de los pueblos navarros habrían sido inscritas a su nombre por la jerarquía católica».
Más allá de la expresión cultural, la Semana Santa tiene una esfera económica que genera millones de euros y otra social que le sirve a la Iglesia Católica para legitimar sus privilegios dentro del Estado español.
Otro año más, el olor a incienso se mezcla con el azahar y otras flores que explotan en primavera. Los adoquines de las ciudades se llenan de cera de colores y hay quien desempolva la mantilla y el traje. Y todo se vuelve bulla, olor, tacto, música, pasión y belleza.
La Semana Santa está tan imbricada en el imaginario de la sociedad andaluza que es raro encontrar una persona que no tenga vinculado el detalle de un olor, un sabor o un sonido durante una procesión en sus recuerdos. Sin embargo, esta expresión popular está vinculada al conservadurismo social y a las políticas de derechas por su carácter religioso.
Sin embargo, desde hace varios años, obras culturales como Dolores Guapa(2021), película de Jesús Pascual, propuestas políticas o colectivos como Agnóstico Cofrade o Proyecto Palio reivindican su derecho a formar parte de esta festividad desde la disidencia LGTBIQ, ideas progresistas e incluso la falta de fe. “Nosotras no vamos a decirles a nuestras abuelas que se equivocan por emocionarse con la virgen. Nosotras vamos a cogerles la mano y a llorar con ellas, sin culpa, ni vergüenza, y prometiendo darle un meneo a todo”, sostienen desde Proyecto Palio.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma critica la falta de «voluntad» del Arzobispado de Pamplona y Tudela para revertir los «más de 3.000 bienes» que tiene inmatriculados en Navarra. Hace unos días, preguntado por esta cuestión, el arzobispo Florencio Roselló alegó que «si un juez dice que no nos pertenece, lo devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro». En respuesta, la presidenta de la plataforma, Cristina Contreras, ha expresado en la SER: «Hombre, faltaría más que no se adhirieran a los tribunales como hacemos todos. Lo que quiere decir es que no hay ninguna voluntad de devolverlos si no es por la vía judicial». Contreras recuerda que la mayoría de estos bienes no están dedicados al culto. En concreto, detalla en un comunicado, la Iglesia tiene registrados a su nombre en Navarra «234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 187 viviendas, 181 campos de secano, 101 fincas urbanas, 52 fincas rústicas, 32 jardines, 36 locales, 20 locales comerciales, 17 almacenes y 17 olivares». «De todos esos bienes, muchos se están vendiendo, muchos se dejan abandonados y se pierden». La plataforma está recopilando fotos y datos de los bienes -incluyendo iglesias y ermitas- que «se encuentran en un evidente estado de abandono en Navarra» para demostrar que la Iglesia no está cumpliendo con la «obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados».
Contreras ha destacado lo sucedido en el Valle de Arce. En el año 2002, cuando ya se conocía el proyecto para crear el Embalse de Itoiz, la Iglesia inmatriculó a su nombre propiedades en la zona. Cuando el Gobierno de Navarra inundó el lugar, la diócesis recibió, asegura, una indemnización de 1.6 millones de euros.
Para la plataforma, el problema es que «no ha existido ni existe una voluntad política de revertir las inmatriculaciones realizadas a partir de un artículo de la Ley Hipotecaria que debió ser declarado anticonstitucional cuando se promulgó la Constitución de 1978». Por ello, reivindican una «solución política», un «cambio legislativo» que anule estas inmatriculaciones. Es un «fraude que ha despojado a los pueblos de sus bienes públicos, que ha pasado a ser privados», sostienen desde la plataforma.
Florencio Roselló, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, afirmó esta mañana en la presentación de la campaña Xtantos, con la que se anima a marcar la x a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta, que la Iglesia devolverá “gustosamente” los bienes e inmuebles inmatriculados si la Justicia determina que no les pertenecen. Y, de hecho, añadió que “pediría perdón si algo no se hizo bien”.
Las inmatriculaciones de la Iglesia católica vulneran el principio de propiedad común
Durante décadas, la Iglesia católica en España ha podido registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de aportar un título válido de propiedad. Este proceso, amparado en el privilegio franquista del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su reglamento, permitió que los obispos declararan como suyo lo que, en realidad, nunca le perteneció.
A esta operación se le ha dado un nombre técnico incorrecto: inmatriculación con «certificación» eclesiástica, dado que no se trata más que de una declaración hecha por un particular. Pero ha sido suficiente para que se produzca una privatización encubierta del patrimonio común, en total opacidad y sin participación ciudadana.
«Estamos ante un fraude sin escrúpulo», denuncia la Plataforma Recuperant, que accede por primera vez a la nota registral de la inmatriculación de uno de los grandes símbolos del legado cultural comunitario.
Basílica de Santa Maria del Mar, en Barcelona.Wikipedia
La historia de la Catedral del Mar está íntimamente ligada a los bastaixos. Aquellos fornidos estibadores del puerto de Barcelona que arrastraron, una a una, cientos de moles de piedra desde la cantera de Montjuic hasta el pie de la que sería Basílica de Nuestra Señora del Mar. La sacrificada estampa de los bastaixos cargando enormes rocas sobre sus espaldas fue inmortalizada por el novelista Ildefonso Falcones en su obra homónima y la réplica televisiva para Antena 3.
