La Cartuja de Jerez sigue ampliando su ‘cartera de servicios’ al visitante y jerezanos y entre sus proyectos de futuro está «abrir un negocio de hostelería en el monumento complementario a las visitas». Así lo avanzan desde la gerencia del monasterio, Manuel Pareja, que señala que de esta forma «seguimos avanzando en la diversificación de usos del edificio».
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno plantean en el libro ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica’ la necesidad de impulsar una revolución «ciudadana».
Dos libros y una pregunta parlamentaria de Sumar abundan en la necesidad de abordar la recuperación para el común de monumentos patrimonio de la humanidad inmatriculados por la Iglesia.
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno | Público
El prerrománico asturiano, la mezquita-catedral de Córdoba, la Giralda en Sevilla. Son ejemplos señeros de lo que supuso la inmatriculación —inscribir un bien por primera vez en el registro de la propiedad— que desde el año 1946, la Iglesia ha practicado en España. «Los bienes de esa naturaleza no pueden ser vendidos, no pueden ser hipotecados, no pueden ser embargados porque no tienen dueño, porque no son de nadie, exactamente igual que el Machu Picchu o que las pirámides de Giza. El que se inscribieran fue como consecuencia de la utilización de una norma inconstitucional», afirma a Público el escritor y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, quien acaba de publicar junto al periodista e investigador Aristóteles Moreno el volumen El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica (editorial Akal), que incluye una exhaustiva investigación sobre lo sucedido con la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los paradigmas de la operación eclesiástica con el patrimonio.
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno ahondan en el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia y la inacción del Estado para revertirlo, en un ensayo publicado por Akal.
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, con un ejemplar del libro ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’, editado por Akal. CEDIDA
Llevan años investigando este asunto y llevan años dando el mismo argumento. “La que ha cambiado su versión varias veces ha sido la Iglesia”, dice Antonio Manuel Rodríguez, escritor, poeta, compositor, andaluz y tantas otras cosas bellas que compagina con su trabajo como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba. Junto con el periodista Aristóteles Moreno, acaban de publicar El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal), un ensayo en el que explican de manera pedagógica, sin eufemismos, por qué estamos ante un escándalo y por qué debería importarnos. “La Iglesia dijo primero que la Mezquita era suya porque en el año 1236 se consagró. Nosotros le respondimos: ‘Perdona, pero es que la consagración no es una forma de adquirir el dominio’. No vaya a ser que mañana venga un cura a tu casa, la bendiga y la inscriba a su nombre”, explica con sorna Antonio Manuel.
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno denuncian en ‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’ la apropiación de monumentos históricos y bienes públicos, desde la Mezquita de Córdoba hasta ermitas y fincas
Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, posando con el libro.
Un nuevo libro denuncia el que consideran uno de los mayores escándalos patrimoniales de la España contemporánea: el expolio de bienes públicos mediante las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
La obra, titulada El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia, ha sido escrita por Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina, y examina cómo la jerarquía eclesiástica se convirtió en el mayor propietario inmobiliario del país.
Los autores plantean interrogantes sobre la facilidad con la que monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como la Mezquita de Córdoba, pasaron a manos privadas con un simple sello, sin tributar impuestos, amparándose en normativas heredadas del franquismo y reformadas en 1998 durante el gobierno de José María Aznar.
La editorial Akal saca a la venta el lunes un exhaustivo trabajo de investigación firmado por el jurista Antonio Manuel Rodríguez y el periodista Aristóteles Moreno, colaborador de ‘Cordópolis’
‘El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’ analiza en profundidad la controvertida privatización del inmenso legado histórico español así como de miles de cementerios, plazas, fincas y bienes comunales
A la izquierda, portada del libro. A la derecha, fotografía de la Mezquita de Córdoba, tomada por J. Laurent en la segundad mitad del siglo XIX
“La Mezquita de Córdoba inició su construcción en el año 785 por decisión del emir Abderramán I como edificio fundamental del Estado Omeya dotado de una indiscutible funcionalidad pública como epicentro religioso, político, jurídico y diplomático. Este dato es básico para entender la naturaleza institucional de un templo que durante casi trece siglos ha sido concebido como un servicio público para la comunidad”. Así arranca el capítulo I, dedicado íntegramente al monumento cordobés, del voluminoso estudio que el lunes 19 de enero sacará a la venta la editorial Akal bajo el título de El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia: la Mezquita de Córdoba y otros casos de libro.
Una plataforma ciudadana recurre ante el tribunal de garantías porque tres sentencias a favor no han logrado que la Iglesia repare el daño al monumento
Celosía de la Mezquita Catedral de Córdoba en 2016, antes de la retirada ordenada por el Obispado | PACO PUENTES (EL PAIS)
El Cabildo de Córdoba desmanteló en 2017 una de las cuatro celosías de la Mezquita-Catedral para que las procesiones de Semana Santa cupieran a través de sus arcos. A pesar de su extrema protección como Patrimonio Mundial y Valor Universal Excepcional, la Iglesia alteró el monumento con el visto bueno del Gobierno andaluz y desarmó la excepcional celosía que el arquitecto Rafael de la Hoz realizó en 1972. Tres sentencias, la última del Tribunal Supremo en 2021, no han logrado que se restaure el enrejado de madera noble a pesar de que la justicia declaró nula la autorización de la Junta. Ahora la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para lograr que ejecute la sentencia y revierta el monumento a su estado original anterior a 2017 en la fachada que da al Patio de los Naranjos.
El Tribunal Supremo ha vuelto a ratificar la titularidad pública del Camino 41, la vía que conduce a la Fuente de la Palomera, en el entorno del barrio del Naranjo. La resolución supone un nuevo respaldo judicial a la naturaleza pública de este camino tras más de diez años de conflicto entre la ciudadanía y los Hermanos Maristas, propietarios del cercano Castillo del Maimón.
La sentencia confirma lo ya establecido en resoluciones anteriores, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consideraban el Camino 41 un bien de uso público sin margen para la duda. La decisión llega después de que, desde 2011, la Asociación Vecinal La Palomera alertara de actuaciones en la zona que apuntaban a la posible intención de cierre por parte de la propiedad.
Esta mañana representantes de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Sevilla y de la Asociación de Profesores Ben Baso, se han entrevistado con el Defensor del Pueblo, en relación al estado y al tratamiento que están recibiendo determinados edificios de carácter monumental y por tanto precisados de especial interés, por parte de las autoridades correspondientes:
Miembros de la Plataforma con el Dfensor del Pueblo y colaboradores
Ambas asociaciones por separado, han registrado en la oficina del Defensor sendos escritos referentes al estado de la Hacienda La Mata. A continuación han mantenido una entrevista con el Defensor, Jesús Maeztu y algunos especialistas en la materia, a propósito de éste. Situado en Arahal, y de gran valor cultural, patrimonial y etnológico, se encuentra en grave estado de deterioro; por ello se está reclamando reparación al Ayuntamiento de Arahal.
El colectivo ciudadano pedirá al Alto Tribunal la legitimación procesal que le niega el Supremo y argumenta que la Ley de Patrimonio Histórico y la Unesco amparan la acción pública en la defensa del legado cultural
Vano abierto tras la retirada de la celosía de Rafael de la Hoz | MADERO CUBERO
La Plataforma Mezquita Catedral llevará al Tribunal Constitucional la supresión de la gran celosía del muro norte del monumento cordobés, que fue eliminada de forma ilegal por el Cabildo Catedralicio en virtud de una controvertida autorización otorgada por la Junta de Andalucía vulnerando su propia Ley de Patrimonio Histórico. Así lo corroboraron hasta tres sentencias judiciales, ratificadas en firme por el Tribunal Supremo en julio de 2021, según recuerda en una nota el colectivo.
El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba.
El pasado domingo 2 de noviembre, el Gobierno dio respuesta por escrito a la pregunta del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa. En su contestación, el Ejecutivo expuso que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble”, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica, que gestiona el monumento Patrimonio de la Humanidad a través del Cabildo Catedral de Córdoba. “Hay argumentos de sobra. El Ayuntamiento de Córdoba podría emprender mañana acciones judiciales con los informes que ya tiene, pero hay miedo a abrir la caja de Pandora”, disecciona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, jurista y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Fue a raíz del incendio en la mezquita el pasado 8 de agosto que Santiago formuló la pregunta: “¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, […] redactar un Código de Buenas Prácticas […] para evitar acciones que perjudiquen la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?”.
