Los portavoces de la Plataforma en Defensa del Patrimonio en Nafarroa han reclamado una mayor implicación de las instituciones, durante una comparecencia en el Parlamento navarro, y han lamentado que «en 30 años no se ha recuperado ningún bien inmatriculado por la Iglesia».
Movilización el pasado diciembre en Iruñea para reclamar la devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica. (Jagoba MANTEROLA | FOKU)
La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Nafarroa ha reclamado una mayor implicación por parte de las instituciones para defender el patrimonio navarro y ha cuestionado el trabajo que se está llevando a cabo para garantizarlo.
Así lo ha manifestado una representación de la plataforma compuesta por Cristina Contreras y Andrés Valentín, quienes han acudido al Parlamento navarro para abordar la prescripción adquisitiva por el paso de los 30 años desde la modificación de la Ley Hipotecaria, en 1998.
«Todo empezó con una modificación de la ley hipotecaria con un certificado de posesión que permitiría a los obispos inscribir bienes, que parece que por arte de magia, por decirlo de alguna manera se convirtió en un certificado de titularidad, que en ningún momento se anuló y se cuestionó», ha declarado Contreras.
Se está investigando, con la ayuda de los archivos municipales, los bienes en terreno rústico con los que la Iglesia engrosó su patrimonio
El consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente, José María Aierdi, junto al director general de Agricultura, Ignacio Gil, en la reunión mantenida con representantes de la FNCM y la plataforma de defensa del patrimonio navarro. IRATI AIZPURUA / GOBIERNO DE NAVARRA
El Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Navarra ha activado el procedimiento para tratar de recuperar 272 terrenos que tras una investigación han podido ser identificados como comunales y que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1900 y 2021. Estos son solo una pequeña parte del total de 2.952 bienes con los que la Iglesia engrosó su patrimonio en la comunidad foral, según un informe elaborado por el Ejecutivo navarro en 2021, el más detallado realizado hasta la fecha en España.
Desarrollo Rural investiga cerca de 300 bienes de carácter comunal y firma un convenio con la FNMC para extender la investigación a los archivos municipales
El consejero Aierdi junto al director general de Agricultura, Ignacio Gil, en la reunión mantenida con representantes de la FNCM y la plataforma de defensa del patrimonio navarro. IRATI AIZPURUA
El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Agricultura, está impulsando y ha iniciado ya una investigación sobre aquellos bienes comunales en suelo rústico que hubieran sido inmatriculados por la Iglesia católica y, para ello, ha elaborado ya un primer listado de fincas cuya titularidad pudiera ser susceptible de ser reclamada por las entidades locales para su recuperación.
La formación soberanista entiende que la adhesión al convenio suscrito entre la FNMC y el Gobierno de Navarra para la investigación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia podría ser una realidad, dado que la mayoría progresista que existe en Zizur Mayor es la misma que viene respaldando este tipo de actuaciones en el Parlamento de Navarra.
El grupo soberanista ha propuesto que en el Pleno de abril se apruebe la adhesión del Ayuntamiento de Zizur Mayor al Convenio suscrito entre el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para investigar la posible inmatriculación de bienes comunales por parte de la Iglesia.
Esta decisión se enmarca en el convenio firmado entre ambas instituciones, que tiene como objetivo analizar, de forma precisa y académica, las 2.952 inmatriculaciones que, según los datos aportados por el propio Gobierno de Navarra, constan realizadas por la Iglesia desde 1900, entre los que se encuentran ermitas, solares, viviendas, fincas y otros inmuebles. En el caso de Zizur Mayor, el listado del Gobierno foral da cuenta de seis bienes inmatriculados, dos de ellos fincas rústicas.
El portavoz de EH Bildu, Ander Loyola Sergio, ha destacado “la importancia de defender el patrimonio común” y participar activamente en las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Navarra y la Federación. “Este tipo de actuaciones para investigar las inmatriculaciones vienen avaladas por los mismos grupos que en el Ayuntamiento de Zizur Mayor tenemos amplia mayoría, por lo que entendemos que no habrá problema en suscribir nuestra propuesta”, ha concluido.
¿Quién creo los bienes de dominio público, históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Catalunya? (Iglesias, casas rectorales y cementerios)
A partir de experiencias de lucha de Unió de Pagesos de Catalunya en la recuperación de cuatro bienes inmatriculados por la iglesia a nivel local en dos municipios. Bienes recuperados por la anulación por parte del Obispado de VIC de las inmatriculaciones porque reconoció el error. Y otros bienes que estamos en vías de recuperación.Explicaré desde esta experiencia, la convicción y certeza de quién creó los bienes de dominio público, históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Cataluña: (Las Iglesias, casas rectorales y cementerios).
Más allá de la expresión cultural, la Semana Santa tiene una esfera económica que genera millones de euros y otra social que le sirve a la Iglesia Católica para legitimar sus privilegios dentro del Estado español.
Otro año más, el olor a incienso se mezcla con el azahar y otras flores que explotan en primavera. Los adoquines de las ciudades se llenan de cera de colores y hay quien desempolva la mantilla y el traje. Y todo se vuelve bulla, olor, tacto, música, pasión y belleza.
La Semana Santa está tan imbricada en el imaginario de la sociedad andaluza que es raro encontrar una persona que no tenga vinculado el detalle de un olor, un sabor o un sonido durante una procesión en sus recuerdos. Sin embargo, esta expresión popular está vinculada al conservadurismo social y a las políticas de derechas por su carácter religioso.
Sin embargo, desde hace varios años, obras culturales como Dolores Guapa(2021), película de Jesús Pascual, propuestas políticas o colectivos como Agnóstico Cofrade o Proyecto Palio reivindican su derecho a formar parte de esta festividad desde la disidencia LGTBIQ, ideas progresistas e incluso la falta de fe. “Nosotras no vamos a decirles a nuestras abuelas que se equivocan por emocionarse con la virgen. Nosotras vamos a cogerles la mano y a llorar con ellas, sin culpa, ni vergüenza, y prometiendo darle un meneo a todo”, sostienen desde Proyecto Palio.
El gasto en mantenimiento y rehabilitación del patrimonio es una inversión capaz de impulsar la economía del territorio pero, sobre todo la cohesión y rentabilidad social. Los expertos piden un cambio de mentalidad
Ruinas recuperadas del monasterio de Santa María de Rioseco, Burgos J. M. S.
José María Sadia, ElDiario.es | 19 abril 2025
¿Es rentable invertir dinero público en la restauración y conservación del patrimonio histórico-artístico? A cualquier ciudadano se le ocurriría no solo dar un “sí” rotundo sino aseverar con vehemencia que es absolutamente necesario. Sin embargo, la pregunta es realmente compleja —desde el momento en que la cantidad de bienes patrimoniales del país es inabarcable y los recursos, siempre limitados— y las posibles respuestas son muchas (y muy diversas).
Expertos y gestores en patrimonio, asociaciones y otros colectivos vinculados al impulso, conservación y difusión de sus bienes más cercanos coinciden en señalar que la rentabilidad económica tras una restauración es posible, en determinadas circunstancias, aunque coinciden, sin dudarlo, que el provecho social (para el conjunto de la ciudadanía) es indudable, rotundo, necesario. Distintas voces que contribuyen a un análisis profundo que va más allá de la traducción turística del capital empleado, añadiendo realidades palpables y diversas, que confluyen en términos como “rentabilidad social” o “construcción de un futuro común”.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma critica la falta de «voluntad» del Arzobispado de Pamplona y Tudela para revertir los «más de 3.000 bienes» que tiene inmatriculados en Navarra. Hace unos días, preguntado por esta cuestión, el arzobispo Florencio Roselló alegó que «si un juez dice que no nos pertenece, lo devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro». En respuesta, la presidenta de la plataforma, Cristina Contreras, ha expresado en la SER: «Hombre, faltaría más que no se adhirieran a los tribunales como hacemos todos. Lo que quiere decir es que no hay ninguna voluntad de devolverlos si no es por la vía judicial». Contreras recuerda que la mayoría de estos bienes no están dedicados al culto. En concreto, detalla en un comunicado, la Iglesia tiene registrados a su nombre en Navarra «234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 187 viviendas, 181 campos de secano, 101 fincas urbanas, 52 fincas rústicas, 32 jardines, 36 locales, 20 locales comerciales, 17 almacenes y 17 olivares». «De todos esos bienes, muchos se están vendiendo, muchos se dejan abandonados y se pierden». La plataforma está recopilando fotos y datos de los bienes -incluyendo iglesias y ermitas- que «se encuentran en un evidente estado de abandono en Navarra» para demostrar que la Iglesia no está cumpliendo con la «obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados».
Contreras ha destacado lo sucedido en el Valle de Arce. En el año 2002, cuando ya se conocía el proyecto para crear el Embalse de Itoiz, la Iglesia inmatriculó a su nombre propiedades en la zona. Cuando el Gobierno de Navarra inundó el lugar, la diócesis recibió, asegura, una indemnización de 1.6 millones de euros.
Para la plataforma, el problema es que «no ha existido ni existe una voluntad política de revertir las inmatriculaciones realizadas a partir de un artículo de la Ley Hipotecaria que debió ser declarado anticonstitucional cuando se promulgó la Constitución de 1978». Por ello, reivindican una «solución política», un «cambio legislativo» que anule estas inmatriculaciones. Es un «fraude que ha despojado a los pueblos de sus bienes públicos, que ha pasado a ser privados», sostienen desde la plataforma.
La nulidad insubsanable y de pleno derecho de las denominadas “certificaciones eclesiásticas” como documentos válidos para promover asientos registrales de propiedad privada
Uno de los mayores escándalos jurídicos de los últimos años ha sido la comprobación de que la Iglesia Católica utilizó el sistema de las denominadas certificaciones eclesiásticas no sólo para apropiarse de bienes sin culto, sino también de bienes de culto.
Los bienes sin culto son aquellos que, a pesar de haber sido tradicionalmente asociados a la Iglesia, no están destinados a usos litúrgicos ni religiosos. Muchos de estos inmuebles han sido gestionados por la comunidad o por las administraciones públicas, pero han sido registrados por la Iglesia sin acreditar su propiedad con documentos válidos.
Los bienes de culto son aquellos espacios o inmuebles destinados históricamente a la práctica religiosa, ya sean iglesias, catedrales, ermitas, conventos o monasterios. Estos bienes, según el derecho histórico y la tradición jurídica, han sido considerados como bienes públicos fuera del comercio (extra commercium), ya que servían no sólo para la liturgia religiosa, sino también como espacios colectivos y culturales de la comunidad.
La nul·litat inesmenable i de ple dret de les denominades “certificacions eclesiàstiques” com a documents vàlids per promoure assentaments registrals de propietat privada.
Un dels majors escàndols jurídics dels darrers anys ha estat la comprovació que l’Església Catòlica va utilitzar el sistema de les denominades certificacions eclesiàstiques no només per apropiar-se de béns sense culte, sinó també de béns de culte.
Els béns sense culte són aquells que, tot i haver estat tradicionalment associats a l’Església, no estan destinats a usos litúrgics ni religiosos. Molts d’aquests immobles han estat gestionats per la comunitat o per les administracions públiques, però han estat registrats per l’Església sense acreditar-ne la propietat amb documents vàlids.
Els béns de culte són aquells espais o immobles destinats històricament a la pràctica religiosa, ja siguin esglésies, catedrals, ermites, convents o monestirs. Aquests béns, segons el dret històric i la tradició jurídica, han estat considerats béns públics fora del comerç (extra commercium), ja que servien no només per a la litúrgia religiosa, sinó també com a espais col·lectius i culturals de la comunitat.
