No existe, critican, la voluntad de revertir lo inmatriculado en virtud de una ley «anticonstitucional»
Amaia Otazu, Radio Pamplona / 01 abril 2025
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro/ Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma critica la falta de «voluntad» del Arzobispado de Pamplona y Tudela para revertir los «más de 3.000 bienes» que tiene inmatriculados en Navarra. Hace unos días, preguntado por esta cuestión, el arzobispo Florencio Roselló alegó que «si un juez dice que no nos pertenece, lo devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro». En respuesta, la presidenta de la plataforma, Cristina Contreras, ha expresado en la SER: «Hombre, faltaría más que no se adhirieran a los tribunales como hacemos todos. Lo que quiere decir es que no hay ninguna voluntad de devolverlos si no es por la vía judicial». Contreras recuerda que la mayoría de estos bienes no están dedicados al culto. En concreto, detalla en un comunicado, la Iglesia tiene registrados a su nombre en Navarra «234 huertos, 216 campos de cereal, 195 campos, 187 viviendas, 181 campos de secano, 101 fincas urbanas, 52 fincas rústicas, 32 jardines, 36 locales, 20 locales comerciales, 17 almacenes y 17 olivares». «De todos esos bienes, muchos se están vendiendo, muchos se dejan abandonados y se pierden». La plataforma está recopilando fotos y datos de los bienes -incluyendo iglesias y ermitas- que «se encuentran en un evidente estado de abandono en Navarra» para demostrar que la Iglesia no está cumpliendo con la «obligación de custodiar y mantener los bienes que le han sido confiados».
Contreras ha destacado lo sucedido en el Valle de Arce. En el año 2002, cuando ya se conocía el proyecto para crear el Embalse de Itoiz, la Iglesia inmatriculó a su nombre propiedades en la zona. Cuando el Gobierno de Navarra inundó el lugar, la diócesis recibió, asegura, una indemnización de 1.6 millones de euros.
Para la plataforma, el problema es que «no ha existido ni existe una voluntad política de revertir las inmatriculaciones realizadas a partir de un artículo de la Ley Hipotecaria que debió ser declarado anticonstitucional cuando se promulgó la Constitución de 1978». Por ello, reivindican una «solución política», un «cambio legislativo» que anule estas inmatriculaciones. Es un «fraude que ha despojado a los pueblos de sus bienes públicos, que ha pasado a ser privados», sostienen desde la plataforma.
