El Nederlandsdagblad, recoge en un artículo del pasado 16 de Marzo, el escándalo de las inmatriculaciones y lo califica como ” el mayor escándalo inmobiario del mundo”.
Pocos países tienen tanta riqueza de catedrales, monasterios y capillas como España. Pero, ¿a quién pertenece realmente todo ese patrimonio cultural y religioso? Una controvertida enmienda a la ley otorgó a los obispos el poder de decidir por sí mismos. Veinte años después, un movimiento lucha contra “el mayor escándalo inmobiliario del mundo”.
La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.
