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Los ingresos millonarios del turismo reabren el debate sobre la financiación y la transparencia económica de la Iglesia

Los más de 180 millones de euros ingresados en 2025 por solo tres de los principales monumentos gestionados por instituciones eclesiásticas —la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de Sevilla y la Mezquita-Catedral de Córdoba— han vuelto a situar en el centro del debate el modelo de financiación de la Iglesia católica en España y el grado de transparencia sobre los recursos que obtiene a través de la explotación turística de su patrimonio.

Redacción Kaosenlared | 30 julio 2026

La Basílica de la Sagrada Familia lideró la recaudación con 134,5 millones de euros, seguida por la Catedral de Sevilla, con 26 millones, y la Mezquita-Catedral de Córdoba, con 22 millones. Estas cifras proceden de las memorias económicas de las entidades gestoras y muestran la elevada capacidad de generación de ingresos de algunos de los templos más visitados del país.

Aunque la Iglesia sostiene que buena parte de esos recursos se destinan a la conservación del patrimonio, las obras de restauración y el mantenimiento de los edificios, colectivos laicistas consideran que la magnitud de estas cantidades pone en cuestión la imagen de una institución dependiente fundamentalmente de las aportaciones de los fieles o de la asignación tributaria del IRPF.

El movimiento vecinal redobla la ofensiva para salvar la antigua estación del Portillo

La Asociación Vecinal Joaquín Costa ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Gobierno de Aragón que rechazó proteger el edificio y abrirá a la ciudadanía todo el expediente histórico, arquitectónico y jurídico elaborado para defender su catalogación. La entidad reclama además garantías para preservar la obra de Andrés Galdeano mientras el Ayuntamiento reconoce un sobrecoste de 5,7 millones de euros en las obras del futuro Parque del Portillo.

Antigua estación Zaragoza-El Portillo | Foto: AV Joaquín Costa

Iker Goinzález Izagirre, AraInfo | 30 julio 2026

La batalla por la conservación del patrimonio del Portillo suma un nuevo capítulo. La Asociación Vecinal Joaquín Costa (El Carmen) ha presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón contra la resolución que rechazó proteger la antigua estación de Zaragoza-El Portillo y ha anunciado que pondrá progresivamente a disposición de la ciudadanía todo el expediente elaborado durante los últimos meses para defender su catalogación patrimonial.

La iniciativa llega después de que la Dirección General de Patrimonio Cultural desestimara la solicitud para declarar el edificio Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. Aunque la asociación respeta el procedimiento administrativo, sostiene que la resolución deja abierto un debate que trasciende el futuro de un único inmueble y afecta al modelo de protección del patrimonio contemporáneo en Aragón.

Nueva ofensiva para evitar el derribo de la antigua Estación del Portillo de Zaragoza

La entidad considera que el emblemático edificio merece una valoración más exhaustiva por su relevancia histórica

Antigua estación del Portillo. Foto: Asociación Vecinal Joaquín Costa (El Carmen)

Guillermo Pemán Portella,  Aragón Digital | 29 julio 2026

La Asociación Vecinal Joaquín Costa (El Carmen) ha presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural que rechazó otorgar protección patrimonial a la antigua Estación del Portillo de Zaragoza.

La entidad considera que el emblemático edificio merece una valoración más exhaustiva por su relevancia histórica, arquitectónica y ferroviaria, por lo que ha respaldado su recurso con un amplio expediente que reúne documentación histórica, urbanística, jurídica y una cronología visual sobre la evolución del inmueble.

La Iglesia hace caja con el turismo: de los 134 millones de la Sagrada Familia a los 22 de la mezquita de Córdoba

La Conferencia Episcopal afirma a ‘Público’ que no dispone de los datos agregados de la gestión del patrimonio, del que destacan en su memoria anual su valor «evangelizador» y «cultural».

Europa Laica acusa de «opacidad» a la Iglesia y destaca que estos ingresos no tributan por IVA. Algunos de los monumentos fueron inmatriculados, lo que cuestiona la asociación Recuperando.

El turismo religioso se «consolida como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», según un estudio al respecto promovido por empresas del sector.

Turistas fotografían el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba | EFE/Salas

Raúl Bocanegra, Público | 24 julio 2026

Diferentes entidades católicas gestionan el inmenso patrimonio que acumula la Iglesia en España. Son exactamente 3.161 bienes de interés cultural (BIC) los que son propiedad de las instituciones católicas, según los datos que ofrece la Conferencia Episcopal en su última memoria. Los viajes vinculados a la fe y al conocimiento de los monumentos mueven millones de personas al año. Los 12 templos y catedrales más visitadas —la Iglesia tiene 87 y 638 santuarios en toda España, según sus datos— superan ya los 23 millones de visitantes en los dos últimos años, según el estudio Turismo Religioso en España, un viaje al interior de un segmento en transformación, de ObservaTur, creado por relevantes empresas del sector. «Esta tradición se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», afirma ese trabajo. ¿Cuánto recauda la Iglesia por la gestión de todo este patrimonio y por el cobro de entradas a los monumentos? ¿A qué destina ese dinero?

Recuperando pide investigar la posible nulidad de miles de inmatriculaciones de la Iglesia realizadas desde 1978

La coordinadora estatal, de la que forma parte el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), ha solicitado al Defensor del Pueblo que investigue si los Registros de la Propiedad actuaron conforme a la Constitución al permitir que la Iglesia inscribiera miles de bienes mediante certificaciones expedidas por los propios obispos entre 1978 y 2015.

La Seo de Zaragoza | Foto: APUDEPA

ARAINFO REDACCIÓN | 24 julio 2026
La coordinadora estatal Recuperando, integrada en Aragón por el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue la actuación de los Registros de la Propiedad que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes mediante certificaciones expedidas por los propios obispos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 hasta la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015.

Desamortización e inmatriculación

El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.

Rafael Sanmartín, Noticias de Almería –  Plataforma Defensa Patrimonio Sevilla | 23 julio 2026

Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno. Hasta ahí la interpretación contiene alguna nebulosa, pero hay un hecho sin discusión posible: los bienes públicos son del Estado, pero el Estado lo forma el común de sus habitantes censados. Luego esos bienes pertenecen al común y al ser de propiedad única y exclusiva del común, nadie los puede enajenar. Aquellas inmatriculaciones muy posiblemente estuvieran forzadas por una interpretación que confundía Estado y Gobierno. O bien, las entendieron posibles, por destinar unos bienes del común a unas necesidades económicas también del común.

RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que investigue la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1978

La Coordinadora cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron a la Iglesia inscribir miles de bienes mediante certificaciones de los propios obispos

Redes Cristianas | 23 julio 2026

La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando que investigue la actuación de los Registros de la Propiedad que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.

La iniciativa plantea una cuestión que va más allá de determinar a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inscrito: cuestiona la propia validez jurídica del procedimiento utilizado para realizar esas inmatriculaciones.

Una asociación lleva las inmatriculaciones de la Iglesia al Defensor del Pueblo y persigue su nulidad

Solicita que investigue «si los actos registrales» fueron «conformes con la Constitución» y que, si se confirma su invalidez, promueva «las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad».

Vista del interior de la mezquita-catedral de Córdoba. Archivo.Europa Press

Raúl Bocanegra, Público | 23 julio 2026

La Coordinadora Recuperando, una asociación que pretende «la recuperación del patrimonio inmatriculado» por la Iglesia Católica, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. En ella, solicita que la institución investigue la actuación de los registros de la propiedad que, señalan a Público, «permitieron a la Iglesia inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015″.

La queja, según explican desde la asociación a este periódico, «no pide al Defensor que determine quién es el propietario de cada inmueble»: «Lo que solicita es que investigue si los actos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones fueron conformes con la Constitución y que, si se confirma su invalidez, promueva ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.

RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que impulse la nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1978

La Coordinadora sostiene que, con la entrada en vigor de la Constitución, la Iglesia católica dejó de poder ser equiparada a una Administración pública y cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron inscribir miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas

Coordinadora recuperando, Rebelión | 23 julio 2026

La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado y registrado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para la defensa de la Constitución, y de este modo, investigar la actuación del servicio público registral que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes inmuebles desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.

La iniciativa plantea una cuestión de fondo que va más allá de discutir caso por caso a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inmatriculado.

Lo que RECUPERANDO cuestiona es la propia validez jurídica del procedimiento que hizo posibles esas inscripciones.

La Junta blinda con 4 millones la conservación del patrimonio de la Iglesia hasta 2030

El nuevo convenio establece una financiación plurianual mediante decretos bianuales y permitirá planificar restauraciones de mayor envergadura en bienes eclesiásticos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firma el Protocolo General de colaboración entre la Junta y la Iglesia Católica | (JCCM)

Fran Malara, ABC – Toledo | 20 julio 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Iglesia católica han renovado este lunes su compromiso para la conservación del patrimonio histórico de titularidad eclesiástica con la firma de un nuevo protocolo de colaboración que movilizará cuatro millones de euros durante los próximos cuatro años. El acuerdo, rubricado por el presidente regional, Emiliano García-Page, y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, sustituye las convocatorias anuales por decretos bianuales, una fórmula que permitirá planificar con mayor estabilidad las actuaciones de restauración y conservación del patrimonio.