La Mezquita de Córdoba es el único monumento de toda España de su categoría en el que los Guías Turísticos oficiales no podemos ejercer nuestra profesión. En una práctica ilegal, el Cabildo Catedralicio asume potestades públicas regulatorias que constitucionalmente no le corresponden. Sobre el terreno, esto se traduce en una segregación laboral que deja sin efecto los títulos académicos oficiales del 99% de los Guías Turísticos, incumpliendo la legislación de manera flagrante en beneficio de apenas un 1% que, sin haber diseñado el sistema, encuentra en él una posición ventajosa cuya continuidad depende de que siga existiendo tal discriminación.
Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina ofrecen una documentada investigación sobre el registro de miles de fincas como bienes privados por parte de la Iglesia católica
El interior de la mezquita de Córdoba, en agosto de 2025 | Álex Cámara (Anadolu / Getty Images)
Todo comenzó el 19 de diciembre de 1946, fecha en la que el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto de la nueva redacción de la Ley Hipotecaria que autorizaba a la Iglesia católica a llevar a cabo el mayor expolio del patrimonio nacional de la historia de España. La norma franquista permitía a dicha Iglesia, la única religión reconocida y la oficial del Estado español, el registro de miles de fincas como si fuera una administración pública, sin documento alguno que acreditara su propiedad. Era el “privilegio franquista”.
Así comienza la documentada investigación de Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, y Aristóteles Moreno Villafaina, periodista e investigador, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal, 2026).
La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y la asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio Ben Basso reclaman que la Iglesia abra la plaza para el disfrute público, como sucedía antes de 1992: «Nos han privatizado una plaza pública del centro de Sevilla».
Vista aérea de la catedral y del Patio de los Naranjos, en Sevilla. Archivo.robertharding via AFP
En el año 1992 -recuerda Tomás Madueño, tesorero del Ateneo Republicano de Andalucía, mientras se toma una botella de agua con Público- el Patio de los Naranjos, construido en el siglo XII en la etapa almohade, era aún de libre acceso público. Hoy forma parte del recorrido turístico de la catedral de Sevilla que gestiona el cabildo, una institución eclesiástica, y, aunque la entrada es gratuita para los «naturales o residentes en la diócesis de Sevilla» que lo puedan acreditar, está supeditada a la compra de un billete, o bien online o bien en la taquilla, con la habitual y correspondiente cola. Quienes no sean de Sevilla pagan entre siete y 13 euros por la visita. El Cabildo Catedral, que gestiona el conjunto de la Giralda, la catedral y el Patio de los Naranjos, obtuvo el año pasado, según sus propios datos, 9,5 millones de euros de superávit, lo que llaman «capacidad de financiación».
Esta dependencia de la compra de entradas «desvirtúa el disfrute y uso secular, al convertir en exclusiva sus puertas para acceso y salida de visitantes, especialmente grupos turísticos», según denuncia la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y la asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio Ben Basso. Eduardo López, de la plataforma, resume en conversación con Público: «Nos han privatizado una plaza pública del centro de Sevilla».
Los expertos urgen una reforma legal para declarar nulas miles de apropiaciones eclesiásticas similares efectuadas sin garantías jurídicas. El Obispado de Málaga inscribió a su nombre el templo en 2008 sin aportar ningún documento de titularidad y el registrador se lo permitió pese a ser propiedad del Ayuntamiento nerjeño
Ermita de San Isidro. Imagen descargada de la web oficial del Ayuntamiento de Nerja.
En 2008 el obispo de Málaga se presentó ante el registro de la propiedad para poner a su nombre la Ermita de Nerja. El prelado no disponía de ningún documento escrito que demostrara su propiedad. Únicamente presentó un autocertificado expedido por él mismo que lo acreditaba como autoridad pública y lo equiparaba a un funcionario del Estado con capacidad de inscribir bienes sin título de dominio. El registrador no le exigió ningún documento mercantil ni verificó si la Ermita de San Isidro ya estaba inscrita a nombre de otro titular.
Y lo estaba. Era propiedad del Ayuntamiento de Nerja. El templo fue construido y sufragado entre el Consistorio malagueño y el Patronato de la Cueva de Nerja en 1986 sobre terreno del cementerio también propiedad municipal desde su fundación en 1901. Todos esos datos están perfectamente documentados en el Archivo Municipal de Nerja y en las Hojas de Registro Fiscal de 1922, donde figuran los inmuebles urbanos, propiedades y derechos del Ayuntamiento.
La plataforma ciudadana que defiende la recuperación del acceso libre al Patio de los Naranjos ha denunciado hoy una nueva ocupación del espacio público por parte del Cabildo Catedralicio de Sevilla en el entorno de la Puerta del Perdón, una actuación que consideran injustificada y contraria al interés general de la ciudadanía.
Como cada tercer jueves de mes, integrantes de la plataforma se concentraron en las inmediaciones del Patio de los Naranjos para informar a vecinos y visitantes sobre la campaña de recogida de firmas en favor de la apertura libre de este espacio histórico. Durante la jornada comprobaron que la zona reservada para la gestión de los flujos turísticos de la Catedral ha sido ampliada mediante la instalación de postes, cintas y señalización que ocupan buena parte de un espacio destinado tradicionalmente al tránsito peatonal.
El Alto Tribunal cierra definitivamente un litigio con raíces en el siglo XIV al confirmar la sentencia que reconocía la titularidad de los bienes a la comunidad de religiosas
Visión panorámica del monasterio de Santa Isabel, en Palma | Federación Jerónima de Santa Paula
El Tribunal Supremo ha puesto fin al largo conflicto judicial que enfrentaba al Obispado de Mallorca con la Comunidad de Religiosas Jerónimas del convento de Santa Isabel, en Palma, al tumbar el último intento de la diócesis de arrebatarles la titularidad del inmueble. El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación con el que el Obispado pretendía revertir la sentencia que dio la razón a la congregación en la disputa por la propiedad de sus bienes y ha declarado firme la resolución. Tras años de litigio y varias instancias judiciales, las Jerónimas consolidan definitivamente su victoria y cierran una batalla legal que ya no admite más recursos.
La providencia de la Sección de Admisión de la Sala Primera del Supremo, que impone las costas procesales a la diócesis y acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir, desmonta uno por uno los argumentos con los que la institución eclesiástica buscaba invalidar su derrota judicial. Los magistrados rechazan los siete motivos planteados por la institución eclesiástica y concluyen que ninguno de ellos presenta el interés casacional necesario para justificar una revisión del caso.
El libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia no es un mero ejercicio de arqueología jurídica; es un manifiesto necesario que denuncia la mayor operación de apropiación de bienes públicos en la historia de la democracia española. Estamos ante una investigación que levanta el velo sobre la opacidad registral para exponer un proceso de descapitalización sin precedentes. En un Estado que se presume aconfesional y democrático, la existencia de un «coto privado» eclesiástico sobre el patrimonio común no es solo una anomalía, es un asalto a la soberanía ciudadana.
Para desgranar este entramado entrevistamos a los autores: Antonio Manuel Rodríguez, jurista, profesor de Derecho y escritor; y Aristóteles Moreno, periodista de investigación con tres décadas de trayectoria y experto en cultura andalusí. Ambos son voces de referencia en la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, habiendo liderado una batalla que trasciende lo local para convertirse en una cuestión de Estado.
Como introducción a la cuestión, os recomendamos este artículo publicado en Viento Sur Las inmatriculaciones: un expolio monumental de Andrés Valentín, miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y de la Ejecutiva de RECUPERANDO.
Un libro denuncia cómo la institución religiosa inmatriculó miles de propiedades aprovechando un privilegio franquista
Interior de la catedral y antigua mezquita de Córdoba | Matej Kastelic / Getty
Barcelona»No sabemos cuál es el patrimonio de la Iglesia, pero el problema no es ese, porque la institución puede ser propietaria y heredar bienes. El problema real es que se ha apropiado de bienes públicos aprovechando un privilegio franquista que ha tenido continuidad en la democracia. Es un gran expolio que aún empeoró con la ley de reforma hipotecaria de 1998″, asegura Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Rodríguez firma, junto con el periodista Aristóteles Moreno Villafaina, el libro El expolio de las inmatriculaciones de la iglesia. La mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal).
La Ley Hipotecaria, promulgada por el régimen franquista en 1946, permitió, según los autores, «el mayor expolio patrimonial de la historia de España». «Fue una manera sutil, pero sustanciosa, de pagar por los servicios prestados antes, durante y después del golpe de Estado», añaden. Con este privilegio, la Iglesia católica registró miles de fincas como si fuera una administración pública y sin aportar ninguna documentación, tan solo su palabra. Hay templos pero también muchas otras propiedades, como campos de fútbol, murallas, garajes y fincas rurales. «Iban al registro y decían: «Esto es mío». Como la Iglesia y la Administración franquista eran prácticamente la misma cosa, no hacían falta edictos ni comunicarlo a nadie. Se hacía con total opacidad», insiste Rodríguez. Los afectados no tuvieron derecho ni siquiera a protestar, mientras que el resto de mortales, para registrar una propiedad, debían acreditar la titularidad de manera fehaciente.
Esta mañana, 10 junio de 2026, RNE ha entrevistado a nuestro compañero Antonio Manuel Rodriguez, para conocer algo más sobre el escándalo de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en España y presentar el libro que ha escrito junto a nuestro también compañer0 Aristóteles Moreno.
Hemos recogido el audio del programa, que os ofrecemos aquí:
El escritor y profesor de Derecho Civil de la UCO, Antonio Manuel Rodríguez, y el periodista Aristóteles Moreno detallan en la obra el caso «paradigmático» de la Mezquita-Catedral
‘EL expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia’ (Editorial Akal), de Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, es una empresa ambiciosa. Se trata de explicar el contexto de las inmatriculaciones que la Iglesia culminó tras la ampliación de la Ley Hipotecaria aprobada por José María Aznar, explicar los fundamentos turístico que cuestionan lo que consideran una apropiación de bienes de dominio público y lanzar propuestas desde la iniciativa colectiva. Un trabajo que ha durado años, tras la labor realizada por la plataforma que pudo recopilar toda la información y reivindicar la devolución de esos bienes a la titularidad pública.
