El libro «Los Obispos de la Mequita de Córdoba» será presentado por su propio autor, nuestro compañero Miguel Santiago, en el Centro Cívico Poniente Sur (junto a plaza de toros), el próximo:
Jueves 5 de octubre a las 18:00 h.
La comparecencia e intervenciones de Joan Casajoana y de Dino Di Nella (Unió de Pagesos) ante la Comisión de Justicia del Parlamento catalán, ha resultado tener un eco mediático considerable.
Así, ha vuelto a ponerse de manifiesto la irregularidad de las inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica al amparo de una simple certificación eclesiástica.
Conocer, como primera medida, el total de lo inmatriculado es una demanda de simple transparencia democrática.
Podéis ver aquí un recopilatorio de lo aparecido en prensa
Y aquí la grabación de la comparecencia (de 1h:47m a 2h:46m)
La plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 y la asociación Ben Baso de profesores para la difusión del patrimonio histórico han celebrado este jueves una nueva concentración, en demanda de que el Patio de los Naranjos de la Catedral hispalense recupere su función de espacio de pleno acceso público, tras haber sido «privatizado de facto» como «parte de la visita de pago» al templo, declarado Patrimonio Mundial en 1987.
Concentración de la plataforma a los pies de la Catedral – EDUARDO LÓPEZ
Europa Press Andalucía, Sevilla, 21 septiembre 2023
Los colectivos recuerdan que reclaman «la devolución del Patio de los Naranjos al común, es decir al pueblo de Sevilla, aunque pueda continuar cedido en usufructo al Cabildo» de la Catedral, para que el Patio de los Naranjos pueda «volver a ser patrimonio de todos».
Según los conservacionistas, «desde su construcción como patio de abluciones de la mezquita aljama de la Sevilla almohade en el siglo XII, hasta su transformación en claustro de la Catedral cristiana un siglo más tarde, el Patio de los Naranjos siempre había tenido sus puertas abiertas a lo largo del día hasta el anochecer, estableciéndose un flujo constante de comunicación de todo tipo entre la ciudad y el espacio del patio».
Fue en 1992, año de la exposición universal celebrada en Sevilla, cuando este espacio fue «privatizado de facto», pues «se cerró el acceso gratuito al Patio de los Naranjos, manteniéndose desde entonces como parte de la visita de pago al conjunto catedralicio y desvirtuando su disfrute y uso secular, al convertir sus puertas en acceso exclusivo de grupos turísticos y salida de los mismos».
El cuadro de tarifas de la Catedral, eso sí, especifica que la visita al recinto es gratuita para «naturales o residentes en la Archidiócesis de Sevilla, menores de hasta 13 años acompañados por un adulto, discapacitados a partir del 65 por ciento y un acompañante en caso de necesitarlo y desempleados nacionales»; pero siempre «acreditándolo mediante documento oficial» en el correspondiente control de acceso del monumento.
Unió de Pagesos, L’Associació de Micropobles de Catalunya, que aplega 230 municipis, i el Consell Comarcal del Solsonès, demanaran dijous en compareixença a la Comissió de Justícia del Parlament que aquest insti al Govern a reclamar al Ministeri de Justícia o al Col·legi de Registradors de Catalunya els registres de la propietat de totes les immatriculacions de l’Església Catòlica. També demanaran que el Parlament insti al Govern de la Generalitat a reclamar a l’Estat la nul·litat de totes les immatriculacions realitzades per la jerarquia catòlica des de l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola.
Joan Casajoana, responsable d’immatriculacions d’Unió de Pagesos a la seu de la Fundació Ferrer i Guàrdia
Unió de Pagesos, l’Associació de Micropobles de Catalunya, i el Consell Comarcal del Solsonès, presentaran en aquest sentit a la Comissió de Justícia aquest dijous una proposta de resolució amb dues propostes d’acord perquè el Parlament impulsi la fi de l’apropiació indeguda, per part de l’Església, de béns que en molts de casos són de domini públic.
Així, en primer lloc, aquestes entitats impulsen un acord de resolució sobre les notes simples amb l’objectiu que el Parlament insti al Govern a què demani al Ministeri de Justícia o al Degà del Collegi de Registradors de Catalunya que, en el termini improrrogable de tres mesos, traslladi a a la cambra catalana les notes simples dels registres de la propietat de totes les immatriculacions realitzades per l’Església anteriors al 2015 en qualsevol de les seves denominacions, a l’empara de la Llei Hipotecaria de 1946 i el Reglament Hipotecari de 1947 i a traves de la llei Hipotecaria 8 de febrer de 1861 corresponents a tres períodes: 1998-2015, 1947-1998 i anteriors a 1947.
Cal recordar que el Govern va fer públic el 2020 un llistat on constava que, a Catalunya, l’Església Catòlica havia inscrit 3.722 immobles al seu nom sense aportar cap títol que n’acredités la propietat. Ara bé, aquestes dades poden ser superiors perquè cada registre del llistat pot contenir més d’un bé, cosa que detallen les notes simples. Els llistats publicats per als governs autonòmics i central oculten la realitat de les immatriculacions, perquè els registradors treballen amb finques registrals que són agrupacions de diversos béns (església, casa rectoral, cementiri, etc.).
En segon lloc, les entitats esmentades, proposen un acord de resolució per cancel·lar les immatriculacions. Això és que el Parlament insti a la Generalitat que insti al Govern l’Estat a la cancellació per nullitat inesmenable de tots els assentaments realitzats per la jerarquia catòlica almenys des de l’entrada en vigor de la Constitució espanyola del 1978.
Aquestes entitats apunten que el fet que el Govern de l’Estat no hagi actuat davant la immatriculació illegal de la majoria de patrimonis històrics i culturals dels pobles i ciutats de Catalunya i més de 100.000 béns a tot l’Estat Espanyol, a través de certificats eclesiàstics sense passar per notaries i ni tenir cap títol de propietat, suposa un indult a l’espoli perpetrat per la jerarquia de l’Església Catòlica. El compromís del programa de Govern era fer modificacions legislatives per revertir les immatriculacions de l’Església.
Unió de Pagesos (UP), la Asociación de Micropueblos de Cataluña y el Consejo Comarcal del Solsonès pedirán el próximo jueves a la Comisión de Justicia del Parlament que se inste al Govern a reclamar los registros de la propiedad de todas las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
lavanguardia.com, Agencias, EFE / 19-09-2023
Según ha informado el sindicato agrario, también se pedirá que la Generalitat reclame al Estado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica desde la entrada en vigor de la Constitución española.
En este sentido, pedirán que en un plazo improrrogable de 3 meses el Ministerio de Justicia traslade al Govern las notas simples de los registros de la propiedad de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia anteriores al 2015 en cualquiera de sus denominaciones.
UP destaca que el Govern hizo público en 2020 un listado en el que constaba que la Iglesia había inscrito 3.722 inmuebles a su nombre sin aportar ningún título que acreditara la propiedad y, de hecho, el sindicato considera que estos datos pueden ser superiores porque cada registro de la lista puede contener más de un bien.
Por ello, consideran que los listados públicos para los gobiernos autonómicos y central “ocultan la realidad” de las inmatriculaciones porque los registradores trabajan con fincas registrales que son, aseguran, agrupaciones de diversos bienes como iglesias, casa rectoral o cementerio.
Paralelamente, UP y las demás entidades piden un acuerdo de resolución para cancelar las inmatriculaciones, y denuncian que el Estado no haya actuado ante la inmatriculación “ilegal” de la mayoría de patrimonios históricos y culturales de los pueblos y ciudades de Cataluña y más de 100.000 bienes en todo el Estado. EFE
Las ayudas de la PAC para la Iglesia católica, en muchos casos, se conceden por el ‘Régimen de pago básico’, un sistema de ayudas desacoplado de la producción.
Pedro Sánchez con el presidente de la Conferencia Episcopal en enero de 2022. LA MONCLOA / Licencia CC BY-NC-ND 2.0
Óscar F. Civieta, lamarea.com – 15 septiembre 2023
Entre 2021 y 2022, la Iglesia católica recibió 918.611,04 euros de la Política Agraria Común (PAC). Cantidad que percibió por ser propietaria de cuantiosas porciones de terreno en toda España, a nombre de diferentes titulares; por ejemplo, parroquias, obispados, congregaciones o diócesis.
Algunos de estos terrenos fueron inmatriculados entre 1998 y 2015, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar. Según los datos oficiales del Gobierno de España, la Iglesia registró a su nombre 35.048 bienes, de los que 20.014 eran templos y dependencias complementarias y 12.839 fincas rústicas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento, etcétera.
