Ruiz Funes: «La propiedad privada ya no es un derecho absoluto e ilimitado del dueño, sino que está sujeta al interés público»
El debate sobre la recuperación de tierras comunales centra la sesión en el CongresoDe izquierda a derecha, Antonio Álvarez Robles, Mariano Ruiz Funes, y Ángel Pestaña
Por D. Medina, publicado el 2 julio 1936 | La Voz de la Memoria
Madrid. La última sesión de las Cortes ha estado marcada por el debate del Proyecto de Ley de Rescate y Readquisición de Bienes Comunales. Según informa nuestra redactora en Madrid, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, centró su discurso exclusivamente en los terrenos comunales (de uso vecinal gratuito), ignorando los «bienes de propios» (tierras municipales que el Ayuntamiento alquila para financiarse), a pesar de que ambos tipos de suelo están incluidos en el texto de la ley.
UNA VISIÓN LAICA Y REPUBLICANA SOBRE EL MAYOR PROCESO DE APROPIACIÓN PATRIMONIAL DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA
Pocas cuestiones simbolizan con tanta claridad la persistencia de los privilegios históricos de la Iglesia católica en España como el fenómeno de las inmatriculaciones. Nos encontramos ante un proceso que, constituye uno de los mayores episodios de privatización de patrimonio colectivo de la historia contemporánea española. No se trata únicamente de una controversia jurídica o registral. Estamos ante un problema político, histórico, patrimonial y democrático que afecta a miles de iglesias, ermitas, cementerios, casas rectorales, huertas, plazas, terrenos comunales y edificios históricos que durante siglos fueron considerados bienes de uso público, comunal o perteneciente al patrimonio histórico de la nación.
La cuestión de las inmatriculaciones no puede analizarse únicamente desde la reforma hipotecaria impulsada por José María Aznar en 1998. Sus raíces se hunden en una larga evolución histórica que incluye la legislación republicana de 1931-1933, la ruptura producida por la Guerra de España, el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1976 y 1979. La pregunta fundamental es sencilla: ¿cómo ha podido una institución religiosa registrar a su nombre miles de bienes históricos sin aportar títulos de propiedad ordinarios, disfrutando de privilegios registrales negados al resto de ciudadanos y entidades?
Hubo un tiempo en que el refrán popular decía «calumnia, que algo queda». Hoy, en España, podríamos actualizarlo con una expresión más ajustada a nuestra realidad patrimonial: «inmatricula, que algo queda». Porque eso es precisamente lo que ha ocurrido durante décadas: miles de bienes que pertenecían al común, construidos y mantenidos por generaciones de vecinos y vecinas, fueron inscritos a nombre de la Iglesia católica gracias a un privilegio legal fascista, heredado de la dictadura franquista y ampliado por el régimen de Aznar, sin necesidad de que la jerarquía católica acreditara la propiedad mediante títulos de dominio como se exige a cualquier otra persona o entidad.
La cuestión de las inmatriculaciones es una cuestión radicalmente democrática. Habla de quién puede apropiarse de lo que es de todos, de qué privilegios sobreviven en un Estado que se define como aconfesional y de cómo la desigualdad jurídica puede convertirse en una gigantesca transferencia de patrimonio colectivo hacia una institución privada.
Señalan que la rectificación del Cabildo representa una nueva victoria ciudadana y certifica la arbitrariedad de la Iglesia con la complicidad de la Junta de Andalucía.
La Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todxs ha indicado que el anuncio por parte del Cabildo Catedralicio de retirar el veto sobre los guías oficiales acreditados por la Junta de Andalucía para enseñar la Mezquita Catedral de Córdoba representa “una nueva victoria ciudadana en defensa de la legalidad y la integridad del legado cultural”.
El colectivo ciudadano reclama una indemnización a los damnificados por arrebatarles un derecho profesional con grave perjuicio económico durante más de 25 años
Guía turístico en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba | FOTO CABILDO CATEDRAL
El anuncio días atrás por parte del Cabildo Catedralicio de retirar el veto sobre los guías oficiales acreditados por la Junta de Andalucía para enseñar la Mezquita-Catedral de Córdoba representa una «nueva victoria ciudadana» en defensa de la legalidad y la integridad del legado cultural, en opinión, a través de un comunicado público, de la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Tod@s.
La Plataforma ha denunciado públicamente y ante la Administración autonómica desde hace más de una década el «control ideológico» ejercido por la iglesia católica en la gestión del conjunto monumental, singularmente el «secuestro» de un derecho legal de todos los guías oficialmente autorizados por la Junta de Andalucía.
La Mezquita de Córdoba es el único monumento de toda España de su categoría en el que los Guías Turísticos oficiales no podemos ejercer nuestra profesión. En una práctica ilegal, el Cabildo Catedralicio asume potestades públicas regulatorias que constitucionalmente no le corresponden. Sobre el terreno, esto se traduce en una segregación laboral que deja sin efecto los títulos académicos oficiales del 99% de los Guías Turísticos, incumpliendo la legislación de manera flagrante en beneficio de apenas un 1% que, sin haber diseñado el sistema, encuentra en él una posición ventajosa cuya continuidad depende de que siga existiendo tal discriminación.
Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina ofrecen una documentada investigación sobre el registro de miles de fincas como bienes privados por parte de la Iglesia católica
El interior de la mezquita de Córdoba, en agosto de 2025 | Álex Cámara (Anadolu / Getty Images)
Todo comenzó el 19 de diciembre de 1946, fecha en la que el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto de la nueva redacción de la Ley Hipotecaria que autorizaba a la Iglesia católica a llevar a cabo el mayor expolio del patrimonio nacional de la historia de España. La norma franquista permitía a dicha Iglesia, la única religión reconocida y la oficial del Estado español, el registro de miles de fincas como si fuera una administración pública, sin documento alguno que acreditara su propiedad. Era el “privilegio franquista”.
Así comienza la documentada investigación de Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, y Aristóteles Moreno Villafaina, periodista e investigador, El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y otros casos de libro (Akal, 2026).
La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y la asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio Ben Basso reclaman que la Iglesia abra la plaza para el disfrute público, como sucedía antes de 1992: «Nos han privatizado una plaza pública del centro de Sevilla».
Vista aérea de la catedral y del Patio de los Naranjos, en Sevilla. Archivo.robertharding via AFP
En el año 1992 -recuerda Tomás Madueño, tesorero del Ateneo Republicano de Andalucía, mientras se toma una botella de agua con Público- el Patio de los Naranjos, construido en el siglo XII en la etapa almohade, era aún de libre acceso público. Hoy forma parte del recorrido turístico de la catedral de Sevilla que gestiona el cabildo, una institución eclesiástica, y, aunque la entrada es gratuita para los «naturales o residentes en la diócesis de Sevilla» que lo puedan acreditar, está supeditada a la compra de un billete, o bien online o bien en la taquilla, con la habitual y correspondiente cola. Quienes no sean de Sevilla pagan entre siete y 13 euros por la visita. El Cabildo Catedral, que gestiona el conjunto de la Giralda, la catedral y el Patio de los Naranjos, obtuvo el año pasado, según sus propios datos, 9,5 millones de euros de superávit, lo que llaman «capacidad de financiación».
Esta dependencia de la compra de entradas «desvirtúa el disfrute y uso secular, al convertir en exclusiva sus puertas para acceso y salida de visitantes, especialmente grupos turísticos», según denuncia la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla y la asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio Ben Basso. Eduardo López, de la plataforma, resume en conversación con Público: «Nos han privatizado una plaza pública del centro de Sevilla».
Los expertos urgen una reforma legal para declarar nulas miles de apropiaciones eclesiásticas similares efectuadas sin garantías jurídicas. El Obispado de Málaga inscribió a su nombre el templo en 2008 sin aportar ningún documento de titularidad y el registrador se lo permitió pese a ser propiedad del Ayuntamiento nerjeño
Ermita de San Isidro. Imagen descargada de la web oficial del Ayuntamiento de Nerja.
En 2008 el obispo de Málaga se presentó ante el registro de la propiedad para poner a su nombre la Ermita de Nerja. El prelado no disponía de ningún documento escrito que demostrara su propiedad. Únicamente presentó un autocertificado expedido por él mismo que lo acreditaba como autoridad pública y lo equiparaba a un funcionario del Estado con capacidad de inscribir bienes sin título de dominio. El registrador no le exigió ningún documento mercantil ni verificó si la Ermita de San Isidro ya estaba inscrita a nombre de otro titular.
Y lo estaba. Era propiedad del Ayuntamiento de Nerja. El templo fue construido y sufragado entre el Consistorio malagueño y el Patronato de la Cueva de Nerja en 1986 sobre terreno del cementerio también propiedad municipal desde su fundación en 1901. Todos esos datos están perfectamente documentados en el Archivo Municipal de Nerja y en las Hojas de Registro Fiscal de 1922, donde figuran los inmuebles urbanos, propiedades y derechos del Ayuntamiento.
La plataforma ciudadana que defiende la recuperación del acceso libre al Patio de los Naranjos ha denunciado hoy una nueva ocupación del espacio público por parte del Cabildo Catedralicio de Sevilla en el entorno de la Puerta del Perdón, una actuación que consideran injustificada y contraria al interés general de la ciudadanía.
Como cada tercer jueves de mes, integrantes de la plataforma se concentraron en las inmediaciones del Patio de los Naranjos para informar a vecinos y visitantes sobre la campaña de recogida de firmas en favor de la apertura libre de este espacio histórico. Durante la jornada comprobaron que la zona reservada para la gestión de los flujos turísticos de la Catedral ha sido ampliada mediante la instalación de postes, cintas y señalización que ocupan buena parte de un espacio destinado tradicionalmente al tránsito peatonal.
