La propuesta de ZeC, respaldada por la movilización de la comunidad educativa, defendía recuperar el centro público de personas adultas en la Madalena frente al plan municipal de destinar el edificio a usos religiosos
Fachada del CPEPA Concepción Arenal en su ubicación histórica en la Madalena.
La defensa del Centro Público de Educación de Personas Adultas (CPEPA) Concepción Arenal ha llegado este jueves al pleno municipal de Zaragoza a través de una moción de ZeC. La iniciativa planteaba devolver su sede histórica en la calle Santo Dominguito de Val a su uso educativo, ceder de nuevo el edificio al Gobierno de Aragón y ubicar el futuro Museo de la Semana Santa en un inmueble de titularidad de la Iglesia Católica. Todo ello frente al plan del Gobierno de Natalia Chueca (PP – Vox), que pasa por destinar el espacio de la Madalena a usos religiosos.
Como estaba previsto, la propuesta no ha salido adelante. PP y Vox han votado en contra, a los que se ha sumado un PSOE que, instalado en la ambigüedad, ha intentado salvar los muebles con una transaccional a la totalidad —rechazada por alterar el planteamiento de la moción— y ha acabado votando en contra. Así, la iniciativa solo ha contado con el apoyo de ZeC.
Este periódico saca a la luz documentos oficiales que acreditaban que el solar, hoy en manos de la Iglesia, “pertenece al común de la ciudad”
Otro dictamen de los servicios jurídicos rebatió en 2014 la titularidad pública y ahora el Obispado va a restringir la apertura del monumento en calidad de dueño.
A la izquierda, informe de la Comisión de Urbanismo que certifica la «propiedad municipal» de la Plaza del Triunfo en 1984. A la derecha, oficio enviado al obispo días después informando de que el «monumento propiedad municipal» erigido a San Rafael iba a ser restaurado
El 7 de marzo de 1984, el aparejador municipal envió un oficio al alcalde de Córdoba con número de entrada 9978. El técnico alertaba al regidor del “visible desplome” del monumento del Triunfo de San Rafael junto a la Mezquita Catedral y advirtió que podría “ser peligroso en caso de derrumbamiento”. El funcionario local proponía su inmediata reparación pero, antes de su intervención, sugería la conveniencia de elaborar un informe sobre su propiedad.
Ocho meses después, el 8 de noviembre de ese mismo año, el jefe de sección de Servicios Internos redactó un nuevo informe de tres páginas, que obra en poder de Cordópolis. El documento analiza el estado físico del Triunfo y en el punto tercero afirma: “El funcionario que informa estima que el referido monumento es de propiedad municipal”. A continuación desgrana un hilo histórico con datos que corroboran su declaración.
Hasta hace unos 15 años, el extinto Consorcio de Turismo, del Ayuntamiento de Córdoba, tenía las llaves de la reja del Triunfo de San Rafael junto a la Puerta del Puente y la Mezquita Catedral. Un trabajador era el encargado de abrir y cerrar la zona por la mañana y por las noches. El Consistorio también daba permisos de ocupación pública y cedía esas llaves a hermandades o la Federación de Peñas para que hiciesen en el interior del Triunfo de San Rafael diversas actividades, como encuentros de convivencia o cruces de mayo.
Pero el 8 de abril de 2011, el Obispado de Córdoba acudió al Registro de la Propiedad y aprovechando el resquicio que dejaba la Ley Hipotecaria reformada por el Gobierno de Aznar que daba poder a la iglesia para poner bienes a su nombre, decidió inscribir para sí mismo este espacio. En 2014, este periódico desveló que el Triunfo de San Rafael ya no era del Ayuntamiento, sino que la Iglesia lo había inmatriculado. A pesar de que se solicitaron informes municipales y se intentó pleitear, el Ayuntamiento no ha logrado volver a disponer de las llaves del Triunfo de San Rafael.
Ahora, la titularidad y la gestión de este espacio, situado entre la Mezquita y el Puente Romano, es del Cabildo Catedral de Córdoba. Tanto que es esta institución eclesiástica la encargada de abrir y cerrar el monumento. Este miércoles, a través de sus redes sociales, anunciaron el horario que tendrá el acceso a un espacio que siempre ha estado poblado de turistas e incluso residentes de la zona: de 9:00 de la mañana a 18:00. También ha anunciado una obra de restauración, financiada con fondos propios y unos 100.000 euros de coste.
Una obra financiada por suscripción popular
Este Triunfo de San Rafael fue construido en el siglo XVIII, entre los años 1765 y 1781. Las obras fueron encargadas por el Cabildo Catedralicio sobre el solar de un antiguo hospital. Por problemas presupuestarios las obras estuvieron varios años suspendidas hasta que se inició una suscripción popular que permitió acabarlas en 1781. El Cabildo Catedralicio de Córdoba no inmatriculó los 1.000 metros cuadrados hasta el pasado 8 de abril de 2011 y lo ha hecho aprovechando la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en el Gobierno de José María Aznar, según consta en la nota simple a la que ha accedido este periódico.
No obstante, el Ayuntamiento ha concedido hasta permisos municipales a la Federación de Peñas de Córdoba para la realización de distintas actividades en esos 1.000 metros cuadrados que según el Registro de la Propiedad son propiedad de la Iglesia. Además, y según han asegurado fuentes municipales a este periódico, las llaves del Triunfo están en poder del Consorcio de Turismo.
Además, el propio Ayuntamiento destinó fondos del Plan de Excelencia Turística a la restauración del monumento, según consta en la memoria del proyecto, a la que también ha accedido este medio. Así, a través de este Plan de Excelencia Turística, desarrollado hasta el año 2010 y financiado exclusivamente con fondos públicos (Gobierno, Junta y Ayuntamiento) se destinaron más de 150.000 euros a la restauración de bustos de la ciudad, entre los que se incluía el propio Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente.
Por otra parte, el Cabildo ha justificado, en su comunicación al Registro de la Propiedad, que el Triunfo de San Rafael está destinado “al culto católico, sagrado apostolado y ejercicio de la caridad”. Además, la nota simple asegura que la Iglesia está “exenta” del pago del Impuesto de Transmisiones tras la inscripción de este monumento.
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De producirse la cesión [de la parroquia de Vistabella] sería el último de los más de los cien mil bienes inmuebles que posee la jerarquía católica, la mayoría sin haber aportado el título de propiedad
Uno de los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país que demuestran el gran chiringuito que tiene la jerarquía católica ocurrió el verano pasado en el último pleno del Ayuntamiento de Murcia a finales del mes de julio, donde se aprobó la cesión totalmente gratuita de la iglesia del barrio de Vistabella, en la ciudad de Murcia, al Obispado de Cartagena, con los votos a favor del PP y de Vox y con la inexplicable abstención del PSOE. A día de hoy, no se ha realizado porque se han presentado varias alegaciones por parte de algunas asociaciones, como Europa Laica y de algunos particulares que están manifiestamente en contra de que algo público pase a manos de una institución privada y, además, millonaria. Llevarlo a pleno antes de hacerlo público ya es un disparate jurídico, una demostración del grado de impunidad del que creen gozar estos partidos en connivencia con la jerarquía católica, los registradores de la propiedad y parte de la judicatura.
«No cambiará nada en el funcionamiento diario del recinte», dice el deán, dando por sentado que la Iglesia seguirá gestionando el Jardín de los Reyes Caudillos, aunque se reconozca la titularidad del Ayuntamiento
«No cambia nada», dice el deán, dando por sentado que la Iglesia seguirá gestionando el espacio aunque se reconozca la titularidad del Ayuntamiento.
El Jardín de los Reyes Caudillos es propiedad del Ayuntamiento de Oviedo. Esa es la rotunda conclusión de un informe técnico del servicio de Gestión del Patrimonio Municipal emitido en abril de 2025. El documento ha servido de base a la junta de gobierno para aprobar este mes abrir un expediente de investigación sobre la titularidad del espacio situado entre la Catedral y Las Pelayas. El expediente sigue la estela de otro idéntico abierto en 2013 que caducó sin llegar a ser culminado y busca aclarar definitivamente la titularidad de una zona verde y monumental cuya apertura es gestionada por el Cabildo.
Pese a la contundencia administrativa, el deán de la Catedral, Benito Gallego, ha querido rebajar cualquier atisbo de tensión. Gallego corrobora que el expediente está efectivamente en marcha, pero rechaza que este proceso suponga fricción alguna en las relaciones entre la Iglesia y el Consistorio. «No hay nada que cambie el funcionamiento diario», apunta el deán, quien recuerda que los jardines seguirán abriendo sus puertas «en el mismo horario de la Catedral» para compaginar el disfrute de los turistas con el cuidado de este espacio que sirve de acceso a la capilla.
El Ayuntamiento aprueba la adhesión al convenio impulsado por el Gobierno foral para investigar las propiedades públicas que la Iglesia ha puesto a su nombre
Kalejira de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro en protesta por los bienes inmatriculados por la Iglesia.
La iniciativa ha sido presentada por el grupo municipal socialista en la Comisión de Presidencia celebrada este martes y ha contado con el respaldo adicional de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. UPN y PP han votado en contra.
En Navarra, hablar de comunales no es un ejercicio de nostalgia ni un gesto simbólico hacia el pasado. Es hablar de presente y, sobre todo, de futuro. Los bienes comunales forman parte de nuestra identidad colectiva y han sido durante siglos una garantía de uso equitativo de la tierra, cohesión social y sostenibilidad para nuestros pueblos. Defenderlos no es una opción ideológica ni una batalla cultural: es una obligación democrática.
La cuestión de las inmatriculaciones tiene un origen político y jurídico que no conviene ocultar. La Ley Hipotecaria de 1946, aprobada por el régimen franquista, permitió a la Iglesia católica inscribir bienes en el Registro de la Propiedad sin aportar título acreditativo, mediante una simple certificación eclesiástica. Un privilegio propio de un Estado confesional y carente de controles democráticos. Lejos de corregirse con la llegada de la democracia, ese privilegio se mantuvo durante décadas y fue ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar (PP), al permitir también la inmatriculación de templos de culto. La derogación de este mecanismo en 2015 llegó tarde y sin efectos retroactivos, dejando intactas todas las inmatriculaciones previas. Se cerró la puerta, sí, pero se dejó todo dentro. El daño ya estaba hecho.
PamplonaLa Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) se marca como principales retos para 2026 las medidas en materia de vivienda, acompañando a las entidades locales ante «cambios normativos relevantes» en este ámbito, continuar con la investigación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia y que la futura ley de Despoblación cuente con las medidas propuestas «desde el territorio».
Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, en un desayuno informativo con medios de comunicación en el que ha repasado los hitos de 2025 y ha adelantado las líneas generales de la entidad para el presente año. El presidente ha resumido 2025 en un papel de «escuchar al territorio, defender lo que es de todas y todos, y avanzar en el equilibrio territorial y la igualdad». Y ha destacado que 2026 es un «año importante en el que vamos a defender los intereses del ámbito local» con un acompañamiento «cercano v útil» a todas las entidades locales, «sean grandes o pequeñas, urbanas o rurales».
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, anuncia más recursos y respaldo a las entidades locales para reclamar judicialmente los comunales
José Mari Aierdi, en el pleno de este jueves en el Parlamento de Navarra. Unai Beroiz
El Gobierno de Navarra asume que la investigación sobre los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia católica será un proceso largo y complejo que se extenderá durante los próximos años. Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, en el pleno del Parlamento foral, donde ha defendido que el trabajo realizado hasta ahora “no es más que el inicio del camino” y que será necesario reforzar los medios económicos y humanos para avanzar en la clarificación de la titularidad de cerca de un millar de bienes.
Aierdi ha explicado con detalle que esta actuación tiene su origen en una resolución parlamentaria aprobada en 2021, que instó al Ejecutivo a elaborar un inventario de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde finales del siglo XIX. Ese primer listado, ha precisado, incluía todos los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, con independencia de que fueran comunales o no, lo que obligó a poner en marcha una segunda fase de análisis “mucho más minuciosa y laboriosa”. Se trataba, según ha indicado, de depurar la información, estudiar cada caso y determinar si existían indicios suficientes de que determinados inmuebles formaban parte históricamente del patrimonio comunal.
Los socialistas destacan en el Parlamento el cambio de enfoque del Gobierno de Navarra, que acompaña a los ayuntamientos para investigar y recuperar patrimonio público
El PSN-PSOE defiende en el Parlamento de Navarra una política pública activa para la defensa y recuperación de los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia al amparo de una legislación injusta heredada del franquismo. “Empezar 2026 hablando de comunales es hablar de derechos, igualdad y responsabilidad democrática”, dice el portavoz socialista Carlos Mena.
“Durante años los gobiernos de UPN optan por la inacción, sin investigar ni acompañar a los ayuntamientos, lo que provoca la pérdida y el abandono de bienes comunales. Frente a esa etapa, el PSN-PSOE impulsa en la pasada legislatura un primer paso clave: la transparencia y el conocimiento del alcance real de las inmatriculaciones”, añade Mena.
