El Obispado de Cartagena presentó en 2019 un escrito solicitando al Ayuntamiento la cesión gratuita del inmueble en el que se ubica el complejo parroquial de Nuestra Señora de Fátima. El argumento central del documento era sencillo: aunque la Iglesia católica sea una institución con personalidad jurídica privada, sus actividades tendrían interés público (para toda la ciudadanía o sólo para los de esa confesión? No lo tengo claro del escrito) y sin finalidad de lucro, lo que justificaría la cesión de un bien municipal.
Lo sorprendente es que, en lugar de limitarse a tramitar lo pedido, el Ayuntamiento dio un paso más: inició un procedimiento de desafectación demanial para convertir el bien en patrimonial y así poder ceder no solo el uso, sino directamente el dominio del inmueble a la diócesis. Una actuación que ni siquiera estaba en la petición de la Iglesia y que solo puede explicarse como un gesto de colaboracionismo político “más papista que el Papa”.
Este caso obliga a detenernos en algunas claves históricas y doctrinales que ayudan a comprender por qué decisiones de este tipo resultan problemáticas.
Redacción – Coordinadora RECUPERANDO | 9 de octubre de 2025
