Las entidades que suscriben este comunicado partimos del principio de que los bienes destinados al servicio religioso, de la comunidad y del bien común no pueden convertirse en objeto de apropiación patrimonial, acumulación inmobiliaria o enriquecimiento particular. En el Estado español, durante décadas, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado en sentido contrario a esos principios. Aprovechándose de un privilegio hipotecario nacido en el marco del nacionalcatolicismo franquista, pudo inscribir a su nombre miles de bienes inmuebles sin aportar título de propiedad, mediante una simple certificación expedida por el propio obispo. Mientras que la ciudadanía o entidad debía acreditar documentalmente su derecho, la Iglesia fue situada en una posición excepcional, como si pudiera otorgarse fe pública a sí misma.
Cristina Contreras López, Noticias de Navarra | 09 junio 2026
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma ha denunciado reiteradamente que ese privilegio, originado en la legislación hipotecaria de 1946, fue ampliado en 1998 y permaneció vigente hasta 2015.
La reunión responde a la solicitud que esta Coordinadora había remitido a los Grupos Parlamentarios del Congreso para mantener una reunión de trabajo en la que se pudieran abordar distintos temas relativo a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde 1946.
