Guión de la ponencia de Cristina Contreras en la Jornada de APUDEPA «El compromiso con el patrimonio cultural desde la sociedad civil» de Teruel del 29 de noviembre de 2025.
Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en España se han convertido en uno de los debates patrimoniales y legales más controvertidos de la democracia. Para muchos juristas, colectivos ciudadanos y movimientos patrimonialistas, este fenómeno no ha sido simplemente una anomalía administrativa, sino un robo consentido, fruto de una normativa singular que permitió a una institución privada inscribir a su nombre miles de bienes sin necesidad de demostrar su propiedad.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria (LH) otorgaba a la Iglesia Católica una prerrogativa excepcional:
Las diócesis, obispados y demás instituciones eclesiásticas podían inscribir bienes inmuebles mediante certificación del Ordinario diocesano, función análoga a la que tenían las Administraciones Públicas.
Este artículo equiparaba de facto a la Iglesia con una “administración pública” a efectos registrales, pese a ser una institución privada.
El Reglamento Hipotecario de 1947 confirmó esta posibilidad.
Mientras que cualquier particular debía probar la propiedad, la Iglesia solo necesitaba una certificación interna.
