Hubo un tiempo en que el refrán popular decía «calumnia, que algo queda». Hoy, en España, podríamos actualizarlo con una expresión más ajustada a nuestra realidad patrimonial: «inmatricula, que algo queda». Porque eso es precisamente lo que ha ocurrido durante décadas: miles de bienes que pertenecían al común, construidos y mantenidos por generaciones de vecinos y vecinas, fueron inscritos a nombre de la Iglesia católica gracias a un privilegio legal fascista, heredado de la dictadura franquista y ampliado por el régimen de Aznar, sin necesidad de que la jerarquía católica acreditara la propiedad mediante títulos de dominio como se exige a cualquier otra persona o entidad.
La cuestión de las inmatriculaciones es una cuestión radicalmente democrática. Habla de quién puede apropiarse de lo que es de todos, de qué privilegios sobreviven en un Estado que se define como aconfesional y de cómo la desigualdad jurídica puede convertirse en una gigantesca transferencia de patrimonio colectivo hacia una institución privada.