Menú Cerrar

Categoría: España

Entradas de España

Los ingresos millonarios del turismo reabren el debate sobre la financiación y la transparencia económica de la Iglesia

Los más de 180 millones de euros ingresados en 2025 por solo tres de los principales monumentos gestionados por instituciones eclesiásticas —la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de Sevilla y la Mezquita-Catedral de Córdoba— han vuelto a situar en el centro del debate el modelo de financiación de la Iglesia católica en España y el grado de transparencia sobre los recursos que obtiene a través de la explotación turística de su patrimonio.

Redacción Kaosenlared | 30 julio 2026

La Basílica de la Sagrada Familia lideró la recaudación con 134,5 millones de euros, seguida por la Catedral de Sevilla, con 26 millones, y la Mezquita-Catedral de Córdoba, con 22 millones. Estas cifras proceden de las memorias económicas de las entidades gestoras y muestran la elevada capacidad de generación de ingresos de algunos de los templos más visitados del país.

Aunque la Iglesia sostiene que buena parte de esos recursos se destinan a la conservación del patrimonio, las obras de restauración y el mantenimiento de los edificios, colectivos laicistas consideran que la magnitud de estas cantidades pone en cuestión la imagen de una institución dependiente fundamentalmente de las aportaciones de los fieles o de la asignación tributaria del IRPF.

La Iglesia hace caja con el turismo: de los 134 millones de la Sagrada Familia a los 22 de la mezquita de Córdoba

La Conferencia Episcopal afirma a ‘Público’ que no dispone de los datos agregados de la gestión del patrimonio, del que destacan en su memoria anual su valor «evangelizador» y «cultural».

Europa Laica acusa de «opacidad» a la Iglesia y destaca que estos ingresos no tributan por IVA. Algunos de los monumentos fueron inmatriculados, lo que cuestiona la asociación Recuperando.

El turismo religioso se «consolida como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», según un estudio al respecto promovido por empresas del sector.

Turistas fotografían el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba | EFE/Salas

Raúl Bocanegra, Público | 24 julio 2026

Diferentes entidades católicas gestionan el inmenso patrimonio que acumula la Iglesia en España. Son exactamente 3.161 bienes de interés cultural (BIC) los que son propiedad de las instituciones católicas, según los datos que ofrece la Conferencia Episcopal en su última memoria. Los viajes vinculados a la fe y al conocimiento de los monumentos mueven millones de personas al año. Los 12 templos y catedrales más visitadas —la Iglesia tiene 87 y 638 santuarios en toda España, según sus datos— superan ya los 23 millones de visitantes en los dos últimos años, según el estudio Turismo Religioso en España, un viaje al interior de un segmento en transformación, de ObservaTur, creado por relevantes empresas del sector. «Esta tradición se ha consolidado como un fenómeno social, cultural y, sobre todo, económico de primer orden», afirma ese trabajo. ¿Cuánto recauda la Iglesia por la gestión de todo este patrimonio y por el cobro de entradas a los monumentos? ¿A qué destina ese dinero?

Recuperando pide investigar la posible nulidad de miles de inmatriculaciones de la Iglesia realizadas desde 1978

La coordinadora estatal, de la que forma parte el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), ha solicitado al Defensor del Pueblo que investigue si los Registros de la Propiedad actuaron conforme a la Constitución al permitir que la Iglesia inscribiera miles de bienes mediante certificaciones expedidas por los propios obispos entre 1978 y 2015.

La Seo de Zaragoza | Foto: APUDEPA

ARAINFO REDACCIÓN | 24 julio 2026
La coordinadora estatal Recuperando, integrada en Aragón por el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue la actuación de los Registros de la Propiedad que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes mediante certificaciones expedidas por los propios obispos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 hasta la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015.

Desamortización e inmatriculación

El Diccionario Panhispánico dice de la palabra desamortizar: «es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que están en las llamadas “manos muertas” o que no pueden ser enajenados, por estar en manos de entidades que no los pueden vender». Las desamortizaciones han buscado recuperar bienes en manos de entidades —nobleza, clero, ayuntamientos—, pero no eran de su propiedad, pues fueron cedidos en usufructo en la Edad Media por los Reyes, en la modernidad por el Estado. Si no se podían vender, es precisamente porque sólo tenían el usufructo. Pero aquí hay una confusión a la que han contribuido de forma notoria los gobiernos y la inmensa mayoría de los ayuntamientos: han mezclado Gobierno y Estado. El gobierno es quien administra el Estado, pero no es el Estado.

Rafael Sanmartín, Noticias de Almería –  Plataforma Defensa Patrimonio Sevilla | 23 julio 2026

Las desamortizaciones del siglo XIX se hicieron, según coinciden bastantes historiadores, para sanear las arcas públicas, arcas del Estado, administradas por el Gobierno. Hasta ahí la interpretación contiene alguna nebulosa, pero hay un hecho sin discusión posible: los bienes públicos son del Estado, pero el Estado lo forma el común de sus habitantes censados. Luego esos bienes pertenecen al común y al ser de propiedad única y exclusiva del común, nadie los puede enajenar. Aquellas inmatriculaciones muy posiblemente estuvieran forzadas por una interpretación que confundía Estado y Gobierno. O bien, las entendieron posibles, por destinar unos bienes del común a unas necesidades económicas también del común.

RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que investigue la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1978

La Coordinadora cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron a la Iglesia inscribir miles de bienes mediante certificaciones de los propios obispos

Redes Cristianas | 23 julio 2026

La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando que investigue la actuación de los Registros de la Propiedad que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.

La iniciativa plantea una cuestión que va más allá de determinar a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inscrito: cuestiona la propia validez jurídica del procedimiento utilizado para realizar esas inmatriculaciones.

Una asociación lleva las inmatriculaciones de la Iglesia al Defensor del Pueblo y persigue su nulidad

Solicita que investigue «si los actos registrales» fueron «conformes con la Constitución» y que, si se confirma su invalidez, promueva «las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad».

Vista del interior de la mezquita-catedral de Córdoba. Archivo.Europa Press

Raúl Bocanegra, Público | 23 julio 2026

La Coordinadora Recuperando, una asociación que pretende «la recuperación del patrimonio inmatriculado» por la Iglesia Católica, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. En ella, solicita que la institución investigue la actuación de los registros de la propiedad que, señalan a Público, «permitieron a la Iglesia inmatricular miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas desde la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015″.

La queja, según explican desde la asociación a este periódico, «no pide al Defensor que determine quién es el propietario de cada inmueble»: «Lo que solicita es que investigue si los actos registrales que hicieron posibles esas inmatriculaciones fueron conformes con la Constitución y que, si se confirma su invalidez, promueva ante los organismos competentes las actuaciones necesarias para su declaración de nulidad«.

RECUPERANDO pide al Defensor del Pueblo que impulse la nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia desde 1978

La Coordinadora sostiene que, con la entrada en vigor de la Constitución, la Iglesia católica dejó de poder ser equiparada a una Administración pública y cuestiona la validez de los actos registrales que permitieron inscribir miles de bienes mediante certificaciones eclesiásticas

Coordinadora recuperando, Rebelión | 23 julio 2026

La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha presentado y registrado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando su intervención para la defensa de la Constitución, y de este modo, investigar la actuación del servicio público registral que permitió a la Iglesia católica inmatricular miles de bienes inmuebles desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978, hasta la eliminación de este privilegio en 2015.

La iniciativa plantea una cuestión de fondo que va más allá de discutir caso por caso a quién pertenece cada iglesia, ermita, cementerio, casa, finca o monumento inmatriculado.

Lo que RECUPERANDO cuestiona es la propia validez jurídica del procedimiento que hizo posibles esas inscripciones.

La mantis religiosa

El nombre de este insecto le viene por su postura de rezo cuando se prepara para la caza y es conocida por comerse a su pareja durante el apareamiento.

Imagen de archivo del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid Luis Argüello | Europa Press

José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica, Público | 14 julio 2026

Es la imagen que me ha venido a la cabeza, como una buena metáfora, al leer las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, señor Argüello. Declaraciones que no sólo son un insulto a los sectores o personas a las que se refiere, sino también una provocación moral e intelectual a la ciudadanía en general, viniendo del máximo representante de la Iglesia Católica en nuestro país.

Se ha remitido a las pruebas para decir que el Estado, sin ética, se convierte en una banda de ladrones. Y lo dice desde la “autoridad moral” de quien representa a una institución que se ha apropiado del 80% del patrimonio Nacional que explota en beneficio propio y de más de 100.000 propiedades inmuebles de todo tipo. Una institución que recibe de ese Estado “ladrón” todo tipo de privilegios económicos, estimados en unos 13.000 m€ anuales, permitiéndole lucrarse con la educación, la sanidad, los servicios sociales, los geriátricos y hasta con la caridad, todo exento de cualquier tipo de impuestos

Europa Laica exige al gobierno defender la laicidad ante los ataques de la Iglesia: fin de la financiación y derogación del Concordato

Ante las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en las que ha tildado al Estado de «banda de ladrones» y ha reprochado una supuesta «falta de ética» en las instituciones públicas, Europa Laica quiere manifestar su más absoluto rechazo a la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España.

Imagen: titularidad de lamoncloa.gob.es

Resulta un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de «ladrón» al Estado que la sostiene de forma millonaria. Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia.

Europa Laica, 13 julio 2026

Por todo ello, y manteniendo nuestra firme defensa de la separación absoluta entre las Iglesias y el Estado, Europa Laica reclama al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía:

Desarmar las palabras, desarmar los privilegios

Cuando el insulto sustituye al diálogo: Manifiesto de Redes Cristianas ante las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española

Barriocanal, Argüello y De la Cierva

Redes Cristianas, Religión Digital | 12 julio 2026

Las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, calificando al Gobierno de España como una «banda de ladrones», nos producen un profundo escándalo y una honda preocupación. No porque la Iglesia deba renunciar a expresar su opinión sobre la vida pública, sino porque el insulto nunca puede sustituir al discernimiento ni al diálogo.

Las relaciones entre las instituciones en una sociedad democrática deben construirse siempre desde el respeto. Quien preside la Conferencia Episcopal no habla solo en nombre propio: representa públicamente a una Iglesia llamada a ser fermento y lugar de fraternidad y reconciliación, no de polarización.