Aún no se han apagado en mi cabeza los rescoldos de la indignación provocada por los más de 429 millones de euros de dinero público que recibieron los obispos por la declaración de la renta de 2024, cuando me salta en el móvil una noticia sobre las subvenciones que la Conselleria de Educación y cultura (y más cosas) y la Diputación de Valencia han concedido a la Iglesia Católica.
Los obispos declaran que las diócesis españolas tuvieron el año pasado un superávit de más de 133 millones de euros
La Iglesia Católica atraviesa una crisis profunda y multidimensional que va más allá de su dimensión espiritual. En distintos países, pero especialmente en Europa y América Latina, enfrenta una acelerada pérdida de fieles activos, una reducción drástica en el número de sacerdotes y capellanes, y una caída significativa en los ingresos que tradicionalmente sostenían su estructura. Esta crisis de vocaciones y de arraigo comunitario ha debilitado su capacidad de autofinanciamiento a través del aporte voluntario de los creyentes. Ante ello, la Iglesia Católica se lanzó a nuevos mecanismos de subsistencia que van desde el respaldo estatal hasta la mercantilización directa del vasto patrimonio público que con diferentes fórmulas legales y convencionales, administraban en conjunto con las comunidades respectivas.
En este contexto, adoptando una lógica empresarial, la Iglesia ha devenido en una auténtica corporación, convirtiéndose en una de las principales propietarias de bienes inmuebles y generando ingresos a partir de transacciones comerciales, muchas veces en colisión con el interés público. Esta degradación institucional, marcada no solo por su crisis económica sino también por los escándalos de abusos y corrupción, ha sido objeto de análisis en las columnas de Osvaldo Bayer, quien, con su inconfundible tono crítico, desentrañó la transformación de la Iglesia de institución religiosa a corporación económica.
«Denunciamos en nota de prensa la subida de precios de las entradas al monasterio de la Cartuja. Recordemos que se trata de patrimonio público cedido en convenio a la Iglesia Católica con unos fines ajenos al uso cada vez más comercial del monumento.»
Cuestionan la autoridad de la Diócesis para hacerlo.
Fachada de la iglesia de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión (Jerez de la Frontera, España) – Wikipedia
La Asociación Laicistas de Jerez denuncia la subida unilateral del precio de las entradas en la visita a la Cartuja de cinco a quince euros por persona.
Incremento triplicado que esta entidad considera desmesurado y unilateral, en la medida que no se tiene conocimiento que la misma haya sido respaldada por el Ministerio de Hacienda como propietario del recinto, ni por la Junta de Andalucía como tutora del Bien de Interés Cultural que es el monumento
Critican que el proyecto ganador no contempla la reconstrucción de las bóvedas ni el uso religioso del templo, y denuncian que el Obispado busca beneficiarse de una inversión pública.
Catedral Vieja – Cartagena
Entrevista presidenta asociación Carthaginense, María José Conesa Hernández:
La asociación Carthaginense vuelve a mostrar su rechazo al proyecto ganador para la recuperación de la Catedral Vieja de Cartagena. Su presidenta, María José Conesa Hernández, critica que la propuesta seleccionada no contempla la reconstrucción de las bóvedas ni el uso religioso del templo, lo que considera «una pérdida del valor histórico y espiritual del edificio». Y asegura, que es «la única Catedral de España que no está rehabilitada. Lleva así 90 años por desidia de todos los grupos políticos y la Comunidad Autonóma que han pasado por los diferentes gobiernos en todo este tiempo», añade Conesa.
Nota previa: la Iglesia de Santo Domingo de Silos, en Almonacid de Zorita, fue inmatriculada, como tantas otras, aportando como documentación una simple «certificación» eclesiástica. La Iglesia inscribe a su nombre y privatiza; pero el mantenimiento y restauración de los bienes siempre se hace con dinero público.
La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha resaltado que este montante ha ido destinado a rehabilitar bienes de las cinco provincias
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado, en la última década, más de cinco millones de euros a la Iglesia Católica para rehabilitar su patrimonio histórico. Lo ha señalado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en una visita que ha realizado a la iglesia parroquial de Almonacid de Zorita, ubicada en la provincia de Guadalajara.
La Mezquita-Catedral de Córdoba aportó durante 2024 un total de 22.432.764 euros a las arcas del Cabildo, la entidad encargada de la gestión del gran monumento cordobés. Esta cifra representa un incremento del 3,36% respecto a los ingresos totales de 2023.
La organización Andalucía Laica ha trasladado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo “el detalle” de las subvenciones otorgadas por el Gobierno andaluz para la conservación y restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso para que “se evalúe su posible inconstitucionalidad y si podrían haber constituido un eventual supuesto de prevaricación”.
Andalucía Laica pide a la Fiscalía que “evalúe” la constitucionalidad de las ayudas para el patrimonio religioso ANDALUCIA LAICA / Europa Press
La visita guiada personalizada, permitirá conocer elementos del conjunto como el ‘Conventín’, el Monasterio de Santa María y su claustro abonando: entre una y cinco personas, 65 euros; a partir de seis y hasta un máximo de 15, diez euros adicionales por persona
Vista aérea del conjunto de Valdediós (monasterio y San Salvador de Valdediós, el «Conventín») / Fuente
Para no despistarnos: San Salvador de Valdediós, construido por Alfonso III en el siglo IX, es uno de los bienes culturales inscritos por el Arzobispado de Oviedo antes de que la reforma de Aznar abriera el registro de la propiedad privada por primera vez en la historia a los templos de culto; hasta entonces gracias a una ley franquista la iglesia podía registrar bienes inmuebles, sin más documentos que acreditara su propiedad, pero no lugares de culto. Y lo hizo con su única autocertificación eclesiástica y al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, derogado por su presunta inconstitucionalidad.
Lo hizo además en 1993, -como se puede leer en la nota simple del registro-, cinco años antes de que el ex presidente José María Aznar reformara la norma para autorizar que accedieran al registro de la propiedad privada los templos de culto históricos, hasta ese momento considerados bienes comunes y, por tanto, fuera del comercio.
301 603 euros, aporta el Ayuntamiento de Sevilla a la reparación del coro de la Iglesia de San Nicolás (espera: Eso, ¿cuánto es en pesetas? Porque los euros, a pesar del tiempo forzados en su inmersión, aparentan rebajar las cantidades). De esa cifra, 221 229 euros son para el órgano. Pobre órgano, debía estar abandonaíto. El caso es que la ciudad de Sevilla, sus ciudadanos y ciudadanas, aportan al coro de San Nicolás cincuenta millones, ciento ochenta y dos mil pesetas. Bien, es dinero para el Patrimonio, mejor invertido estaría si fuera para nuestro Patrimonio. Por cierto, ¿cuánto aporta el «cepillo» y otros ingresos, por explotar un bien cedido en usufructo, o sea: prestado?
La Iglesia cuando era el arma del Estado para mantener sumiso al pueblo, y después y antes de eso en el tiempo, cuando gozaba de su propia jurisdicción, concedida por los reyes, reclamada y bendecida por el papado, para entendernos: cuando mandaba la jurisdicción jurídica del Tribunal del «Santo» Oficio de la Inquisición, cuando los obispos tenían su propio ejército y podían hacer correrías y acudir a conquistar territorios para recibir su parte del botín, cuando podía ejercer fuerza sobre la escasa nobleza partidaria de hacer justicia y respetar los acuerdos, y gracias a esa fuerza mostrar «—Estos son mis poderes» desde la ventana de la residencia del Conde de Tendilla, alcaide de la Alhambra y Capitán General del reino de Granada; cuando gozaba de tanto poder, se acostumbraron mal, como ahora estamos viendo. Se acostumbraron a disfrutar todos los bienes cedidos (cedidos, en usufructo), a ejercer su poder sobre ellos como si fueran propios, pero como no eran propios, era el estado quien «debía» correr con el gasto de su mantenimiento.
Teresa Ladrero, durante el acto de presentación en la DPZ.Teresa Ladrero, durante el acto de presentación en la DPZ.DPZ
La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo plan restauración de bienes histórico-artísticos de titularidad eclesiástica que incluye 58 actuaciones en iglesias, retablos y otras obras de arte con una inversión total de 3,2 millones de euros. La DPZ aportará el 60% del coste de cada intervención (1,9 millones de euros en total) y los ayuntamientos y las diócesis de las localidades beneficiarias, el 40% restante a partes iguales.
Eugenio Piñero Almendros, Nueva Tribuna | 21 diciembre de 2025
