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Cada 6 de diciembre España celebra la Constitución de 1978 como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías; una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo.

Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la  Propiedad. Durante décadas, la Iglesia ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido para ninguna otra entidad privada.

José María Rosell Tous, Coordinadora RECUPERANDO – Nueva Tribuna | 6 diciembre 2025

El origen de este privilegio está en el antiguo artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que equiparó a la Iglesia con el Estado, las provincias, los municipios y otras corporaciones de derecho público a efectos registrales. El Gobierno de Aznar, en 1998, dio un salto más al permitir que se inmatricularan también los lugares de culto que hasta entonces estaban excluidos. Solo en 2015 se cerró esta vía, cuando la reforma de la Ley Hipotecaria suprimió la posibilidad de inscribir bienes mediante certificación eclesiástica tras una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español.

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco. Medio siglo después, España se reivindica como un Estado social y democrático de Derecho. Pero basta mirar hacia los Registros de la Propiedad para comprobar hasta qué punto la herencia del nacional-catolicismo ha estado intacta.

El caso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es quizá el ejemplo más sangrante. En 1975, cuando muere el dictador, el escándalo aún no es conocido. El mecanismo está oculto en la normativa hipotecaria: basta la “declaración” de un obispo para inscribir un bien a nombre de la Iglesia. Sin escritura, sin título de dominio, sin prueba alguna de su propiedad. La firma episcopal actúa como llave maestra del Registro.

En 1978, la Constitución proclama la aconfesionalidad del Estado. Ya no hay religión oficial. A partir de ese momento, mantener un privilegio registral reservado a la Iglesia Católica choca frontalmente con el nuevo marco constitucional.

Sin embargo, no se toca. Ni en la Transición ni después. Durante más de cuarenta años, hasta 2015, se sigue admitiendo la “certificación” de un obispo como título suficiente para inmatricular fincas, viviendas, locales, huertos, casas rectorales, ermitas o plazas. Mientras tanto, cualquier ciudadano particular tiene que aportar títulos de propiedad o abrir un expediente de dominio. La Iglesia Católica conserva un atajo de origen franquista que se mantiene plenamente operativo en democracia.

El resultado está hoy a la vista: más de 100.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia Católica en todo el país, muchos de ellos en plena etapa constitucional. Propiedades de todo tipo, a menudo vinculadas a usos comunales o al patrimonio público local.