La Iglesia Católica española se ha apropiado desde 1998 de más de 35.000 bienes que no eran suyos, al amparo del privilegio excepcional que le otorgó la reforma de la Ley Hipotecaria de aquel año. Un privilegio que ningún otro individuo ni institución disfrutó y que permitió registrar como propios miles de inmuebles, muchos de ellos de enorme valor histórico y cultural.
Juán Torres López, Ganas de escribir | 10 julio 2026
Decenas de sacerdotes destrozaron la vida de miles de niñas y niños mediante abusos sexuales. Y durante demasiado tiempo su jerarquía hizo cuanto pudo por ocultar esos crímenes, proteger a los responsables y eludir sus responsabilidades hacia las víctimas.
La Iglesia Católica española sigue beneficiándose de un Concordato heredado de la dictadura franquista y de unos privilegios incompatibles con un Estado que se declara no confesional. Durante décadas ha recibido financiación pública, exenciones fiscales y un trato de favor que ninguna otra confesión ni organización disfruta en semejante medida.
La Conferencia Episcopal Española guardó un silencio clamoroso mientras destacados dirigentes del Partido Popular eran condenados por corrupción y mientras el propio partido era condenado como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel. Entonces no hubo grandes sermones sobre la degradación moral de la vida pública.
Ahora, sin embargo, la Conferencia Episcopal Española pretende erigirse en tribunal ético y califica al Gobierno legítimo de España de «banda de ladrones».
No es una casualidad. Una vez más, la jerarquía eclesiástica se sitúa donde ha estado siempre, junto a quienes concentran el poder económico y político y combaten con todos los medios a un gobierno elegido democráticamente. Ahora se une al golpe de Estado en ciernes que se da sin que hagan falta uniformes ni tanques para intentar derribar al gobierno. Basta con la deslegitimación permanente, con intoxicar desde los medios, con el uso partidista de las instituciones y en especial de la judicatura, con el desprecio sistemático a las reglas democráticas por parte de quienes consideran que España les pertenece en exclusiva y que cualquier gobierno que no sea el suyo carece de legitimidad.
Es muy difícil aceptar lecciones de moral de una institución que no es coherente con lo que predica, que aún no ha asumido plenamente sus responsabilidades por los abusos sexuales, que se ha beneficiado de privilegios extraordinarios durante décadas y que rara vez ha levantado la voz con la misma contundencia frente a las grandes injusticias, la desigualdad o la corrupción cuando esta procede de quienes defienden sus intereses y les conceden las prebendas que disfrutan.
Tengo la impresión de que, si existiera de verdad el infierno del que tanto hablan, serían esos jerarcas de doble moral quienes lo iban a conocer con más detalle.
