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Se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco. Medio siglo después, España se reivindica como un Estado social y democrático de Derecho. Pero basta mirar hacia los Registros de la Propiedad para comprobar hasta qué punto la herencia del nacional-catolicismo ha estado intacta.

El caso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica es quizá el ejemplo más sangrante. En 1975, cuando muere el dictador, el escándalo aún no es conocido. El mecanismo está oculto en la normativa hipotecaria: basta la “declaración” de un obispo para inscribir un bien a nombre de la Iglesia. Sin escritura, sin título de dominio, sin prueba alguna de su propiedad. La firma episcopal actúa como llave maestra del Registro.

En 1978, la Constitución proclama la aconfesionalidad del Estado. Ya no hay religión oficial. A partir de ese momento, mantener un privilegio registral reservado a la Iglesia Católica choca frontalmente con el nuevo marco constitucional.

Sin embargo, no se toca. Ni en la Transición ni después. Durante más de cuarenta años, hasta 2015, se sigue admitiendo la “certificación” de un obispo como título suficiente para inmatricular fincas, viviendas, locales, huertos, casas rectorales, ermitas o plazas. Mientras tanto, cualquier ciudadano particular tiene que aportar títulos de propiedad o abrir un expediente de dominio. La Iglesia Católica conserva un atajo de origen franquista que se mantiene plenamente operativo en democracia.

El resultado está hoy a la vista: más de 100.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia Católica en todo el país, muchos de ellos en plena etapa constitucional. Propiedades de todo tipo, a menudo vinculadas a usos comunales o al patrimonio público local.