Organizada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma, el próximo lunes 29 de diciembre, a las 19:00 horas, frente al palacio episcopal
Los detalles
◊ Solo en la Comunidad Foral, la Iglesia cuenta con unos 3.000 bienes asignados como propios y se cree que puede haber 1.600 de carácter no religioso.
Las claves:
◊ La ‘ley Aznar’ se refiere a la reforma de 1998 del Reglamento de la Ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de bienes
◊ El Obispado se ha mostrado sorprendido de que se hagan este tipo de informes con dinero público y que ellos se enteren por los medios
Navarra abre un expediente para reclamar decenas de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia gracias a la ‘ley Aznar‘
Los detalles Solo en la Comunidad Foral, la Iglesia cuenta con unos 3.000 bienes asignados como propios y se cree que puede haber 1.600 de carácter no religioso.
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Ha organizado una marcha contra las inmatriculaciones para el próximo día 29 que finalizará en la sede del Arzobispado
La primera llamada del día, con Cristina Contreras, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
Fermín Laspeñas, Cadena Ser – Navarra -Hoy por Hoy Matinal, Radio Pamplona | 26diciembre 2025
Pamplona ♦ La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma ha convocado para el próximo día 29 a las 19 horas una kalejira por las calles del Casco Viejo de Pamplona que finalizará frente al Arzobispado de Pamplona
Tal y como ha relatado en ‘La primera llamada del día’ de SER Navarra, Cristina Contreras, «es una reivindicación con un cierto sentido de humor, pacífica por supuesto, para decir que el tema de las inmatriculaciones no está terminado, no está arreglado y queremos la devolución de todo este patrimonio público que está en manos privadas».
Contreras ha repasado las actividades de la Plataforma en este año 2025 que ha calificado de «muy interesante» porque «hemos hecho una exposición en el Parlamento de Navarra, una obra de teatro que se llama Inmatriculaciones del Grupo Amico Teatro que ha tenido una asistencia de 2.374 personas en quince representaciones».
Y además, desde la Plataforma han hecho «unos paneles explicando la situación, el nacimiento de la asociación y su evolución. Esos paneles también se han presentado en estos mismos pueblos y en el Parlamento de Navarra durante el mes de junio».
Buenas noches:
En este solsticio de invierno y a las puertas de un nuevo año, queremos haceros llegar nuestros mejores deseos. Con vuestra ayuda y colaboración, RECUPERANDO también iniciará el año con nuevas energías y proyectos.
Gracias por estar ahí. Seguimos.
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Ejecutiva de RECUPERANDO
Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, IC, realizadas desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, CE, el 29/12/1978 hasta el 26/06/2015, se han realizado por la VÍA DE HECHO, al margen del Estado de Derecho, son inválidas, nulas de pleno Derecho, ningún efecto jurídico pueden desplegar.
Con la CE de 1978 el Estado pasó de CONFESIONAL a LAICO o aconfesional, es una cuestión que conoce la IC, ella misma la ha escrito en varios de sus documentos. Además, el Tribunal Constitucional, TC, se ha pronunciado sobre ello en la sentencia nº 340/1993 de 16 de noviembre de 1993 (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 1993) y el Gobierno de España también, a través de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, RDGRN, de 12 de enero de 2001 (BOE nº 40 de 15 de febrero de 2001), afirmando esta última que el art. 16.3 de la CE veda cualquier equiparación entre la Iglesia Católica y el Estado español.
La Norma Suprema fijó una nueva organización del Estado, partiendo de que la soberanía nacional reside en el Pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, art. 1.2 de la CE. Previo a ello, en el apartado anterior del precepto se estableció que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, no está de más recordar el texto exacto de la CE, dado los tiempos que corren.
Jesús Martín Correa | diciembre 2025
Guión de la ponencia de Cristina Contreras en la Jornada de APUDEPA «El compromiso con el patrimonio cultural desde la sociedad civil» de Teruel del 29 de noviembre de 2025.
Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en España se han convertido en uno de los debates patrimoniales y legales más controvertidos de la democracia. Para muchos juristas, colectivos ciudadanos y movimientos patrimonialistas, este fenómeno no ha sido simplemente una anomalía administrativa, sino un robo consentido, fruto de una normativa singular que permitió a una institución privada inscribir a su nombre miles de bienes sin necesidad de demostrar su propiedad.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria (LH) otorgaba a la Iglesia Católica una prerrogativa excepcional:
Las diócesis, obispados y demás instituciones eclesiásticas podían inscribir bienes inmuebles mediante certificación del Ordinario diocesano, función análoga a la que tenían las Administraciones Públicas.
Este artículo equiparaba de facto a la Iglesia con una “administración pública” a efectos registrales, pese a ser una institución privada.
El Reglamento Hipotecario de 1947 confirmó esta posibilidad.
Mientras que cualquier particular debía probar la propiedad, la Iglesia solo necesitaba una certificación interna.
Cada 6 de diciembre España celebra la Constitución de 1978 como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías; una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido para ninguna otra entidad privada.
José María Rosell Tous, Coordinadora RECUPERANDO – Nueva Tribuna | 6 diciembre 2025
El origen de este privilegio está en el antiguo artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que equiparó a la Iglesia con el Estado, las provincias, los municipios y otras corporaciones de derecho público a efectos registrales. El Gobierno de Aznar, en 1998, dio un salto más al permitir que se inmatricularan también los lugares de culto que hasta entonces estaban excluidos. Solo en 2015 se cerró esta vía, cuando la reforma de la Ley Hipotecaria suprimió la posibilidad de inscribir bienes mediante certificación eclesiástica tras una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español.
La asociación aboga por seguir el ejemplo de Navarra
La asociación Recuperando ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide reformas legislativas y aboga por seguir el ejemplo de Navarra
«Investigaciones sistemáticas y de oficio, inventarios rigurosos, apoyo técnico a los municipios y disposición a acudir a los tribunales de Justicia cuando existan pruebas suficientes de la titularidad pública»
Religión Digital/EFE | 03 diciembre 2025
La asociación Recuperando ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide reformas legislativas para anular inmatriculaciones de «bienes comunales» hechas por la Iglesia católica con base en certificaciones eclesiásticas desde 1978.
- La Coordinadora RECUPERANDO insta al Gobierno a cumplir la PNL de 2017 sobre bienes inmatriculados
- RECUPERANDO pide a Pedro Sánchez una solución de Estado al expolio de los bienes inmatriculados
El pasado 30 de noviembre de 2025, la Coordinadora estatal RECUPERANDO ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su preocupación por la apropiación masiva de bienes comunales y de dominio público inmatriculados por la Iglesia católica, y para reclamar una respuesta de Estado a este problema.
El pasado 26 de noviembre, a petición de la Coordinadora RECUPERANDO, IU-Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR registraron en el Congreso una Pregunta escrita al Gobierno para su respuesta por escrito.
Se preguntaba:
«1. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha cumplido aún con la PNL 161/001437, aprobada por el Congreso en 2017, y no haya facilitado la totalidad del informe emitido por el Colegio de Registradores, incluida la información de las fincas regístrales inmatriculadas por la Iglesia Católica, con el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria?
2. ¿Por qué el Gobierno no facilita las Notas Simples Regístrales que, tal y como especificó el Colegio de Registradores en su comunicación al Ministerio de Justicia el 21 de diciembre de 2017, acompañaron al Informe del Colegio de Registradores sobre los bienes que desde 1998 inclusive hubiesen sido matriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia Católica, a pesar de tratarse de información pública que obra en poder del Gobierno y de que el Consejo de Transparencia y Buen gobierno haya avalado su entrega a cualquier persona interesada?»
Hoy, 2 de diciembre, IU-Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR ha elaborado una Nota de Prensa al respecto.
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