Los más de 180 millones de euros ingresados en 2025 por solo tres de los principales monumentos gestionados por instituciones eclesiásticas —la Sagrada Familia de Barcelona, la Catedral de Sevilla y la Mezquita-Catedral de Córdoba— han vuelto a situar en el centro del debate el modelo de financiación de la Iglesia católica en España y el grado de transparencia sobre los recursos que obtiene a través de la explotación turística de su patrimonio.
Redacción Kaosenlared | 30 julio 2026
La Basílica de la Sagrada Familia lideró la recaudación con 134,5 millones de euros, seguida por la Catedral de Sevilla, con 26 millones, y la Mezquita-Catedral de Córdoba, con 22 millones. Estas cifras proceden de las memorias económicas de las entidades gestoras y muestran la elevada capacidad de generación de ingresos de algunos de los templos más visitados del país.
Aunque la Iglesia sostiene que buena parte de esos recursos se destinan a la conservación del patrimonio, las obras de restauración y el mantenimiento de los edificios, colectivos laicistas consideran que la magnitud de estas cantidades pone en cuestión la imagen de una institución dependiente fundamentalmente de las aportaciones de los fieles o de la asignación tributaria del IRPF.
Organizaciones como Europa Laica denuncian desde hace años la ausencia de una contabilidad consolidada que permita conocer el volumen total de ingresos que genera el patrimonio eclesiástico abierto al turismo. A su juicio, los datos disponibles corresponden únicamente a algunos cabildos o fundaciones y ofrecen una visión fragmentaria de un negocio que mueve decenas de millones de euros cada año.
Las críticas también alcanzan al régimen fiscal del que disfrutan determinadas entidades religiosas. Diversos expertos en derecho tributario recuerdan que la Iglesia puede acogerse, en determinados supuestos, a exenciones previstas en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, así como en la Ley de Mecenazgo.
El debate coincide además con la controversia aún abierta sobre las inmatriculaciones de miles de inmuebles por parte de la Iglesia durante las últimas décadas (la más sonada fue la de la mezquita-catedral de Córdoba en 2006). Asociaciones patrimonialistas y laicistas sostienen que algunos de esos bienes, una vez inscritos a nombre de las diócesis, generan importantes beneficios económicos mediante el cobro de entradas, mientras reclaman una revisión de aquellos casos cuya titularidad consideran discutible.
Sin embargo, la ausencia de información agregada sobre la explotación económica del patrimonio religioso dificulta conocer qué peso tienen realmente los ingresos turísticos dentro de la financiación global de la Iglesia en España. Esa falta de datos continúa alimentando las demandas de una mayor rendición de cuentas por parte de organizaciones sociales y expertos en transparencia, especialmente en una institución que, además de estos recursos propios, recibe financiación pública indirecta a través de la asignación tributaria del IRPF, subvenciones para conservación del patrimonio y otras fórmulas de financiación con las administraciones.
Aún no existiendo por lo tanto una cifra oficial del monto global de la financiación pública de la Iglesia, éstas serían las vías por las que recibe esos fondos:
326 millones de euros de la asignación tributaria del IRPF (dato de 2025)
Subvenciones y convenios de comunidades autónomas, ayuntamientos y el Estado para la conservación y restauración del patrimonio histórico religioso.
Conciertos educativos de centros católicos financiados con fondos públicos (esta es, con diferencia, la mayor transferencia pública vinculada a instituciones católicas).
Conciertos sanitarios y sociales, cuando entidades religiosas gestionan hospitales, residencias o centros asistenciales financiados por las administraciones.
Exenciones fiscales (IBI en determinados inmuebles, Impuesto sobre Sociedades en algunos supuestos, etc.), cuyo coste para las arcas públicas es objeto de debate y no existe una estimación oficial consolidada.