Más de 30 organizaciones patrimonialistas piden modificaciones legislativas para anular las 100.000 inscripciones eclesiásticas, un listado completo de los bienes e impedir la privatización de los monumentos protegidos
18 de octubre de 2023.
Más de 30 colectivos patrimonialistas integrados en la coordinadora estatal Recuperando han enviado una carta a los partidos que negocian la investidura de Pedro Sánchez para que no se olviden de las inmatriculaciones de la Iglesia y cumplan el compromiso adquirido en el anterior mandato de ejecutar “modificaciones legislativas” para anular las inscripciones episcopales. Las asociaciones cívicas piden recuperar los bienes de dominio público, muchos de ellos monumentos de enorme valor patrimonial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda o el tesoro prerrománico de Asturias.
En una misiva de folio y medio, Recuperando cita expresamente tres reclamaciones en relación a las inscripciones episcopales. La primera de ellas es la realización de cambios legales que permitan la cancelación de las decenas de miles de inmatriculaciones practicadas por los obispos al amparo de una ley franquista claramente inconstitucional.
También solicitan todas las notas simples de las inscripciones desde 1946 y no un mero listado, que impide identificar con detalle los bienes inmatriculados. El Gobierno presentó un inventario de fincas registradas por la Iglesia pero limitado a los años 1998 – 2015. Todos los anteriores a esa fecha aún permanecen inéditos. Si se amplía el periodo hasta 1946, año de la promulgación de la franquista Ley Hipotecaria, las organizaciones ciudadanas creen que el número de bienes podría alcanzar los 100.000, muchos más de los 34.000 del listado publicado hasta ahora por el Gobierno, en cumplimiento de un acuerdo parlamentario tras la petición formulada por Recuperando en 2017.
Los colectivos patrimonialistas consideran insuficiente hacer público el número de bienes inmatriculados por la Iglesia si la medida no va acompañada de “modificaciones legislativas” que revoquen todas las inscripciones y se recupere aquellas que pertenecen al dominio público o forman parte del inmenso tesoro del patrimonio histórico español.
En tercer lugar, Recuperando también solicita al futuro Gobierno que rescate el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, que incomprensiblemente fue guardado en un cajón del Ministerio de Cultura. La coordinadora pide que el ordenamiento defina jurídicamente qué bienes son de dominio público y cómo pueden ser blindados legalmente para impedir su apropiación por terceros, como ha sucedido de forma masiva en el caso de las inmatriculaciones eclesiásticas. Igualmente reclama que los monumentos catalogados como bienes de interés cultural (BIC) actualmente bajo tutela de la Iglesia no puedan ser privatizados bajo ningún concepto. Así figuraba en uno de los artículos del anteproyecto redactado bajo el mandato del ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo texto fue sorprendentemente congelado por orden de Miquel Iceta.
Ayer la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla se ha reunido con el diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra Caballero, y le ha expuesto sus demandas. El diputado se ha comprometido a trasladarlas al grupo parlamentario de Sumar para su consideración en el futuro gobierno de progreso.
La Coordinadora Recuperando, que agrupa a una treintena de colectivos que reclaman la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia, presentó en el Congreso de los Diputados el 9 de febrero de 2017 una iniciativa para que la Cámara demandase del Ejecutivo información sobre las inscripciones episcopales. Unas semanas más tarde, los grupos parlamentarios socialista y de Podemos promovieron sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en tal sentido. El 4 de abril, la Comisión de Justicia aprueba la PNL presentada por el PSOE. El 19 de octubre de 2017, el Gobierno de Rajoy, tras varias negativas, responde que se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo desde 1998.
