El ministro de Presidencia, encargado de las relaciones con las confesiones religiosas, anuncia se reunirán las subcomisiones para abordar «la situación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el régimen tributario y la Obra Pía de Roma».
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, a su llegada para comparecer en la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2021, en Madrid (España). Eduardo Parra – Europa Press
El monumental escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, propiciadas por el PP y blindadas por el PSOE, va para largo. No estamos en Francia o Alemania. Ni siquiera en Portugal, donde es impensable lo ocurrido aquí. Las inmatriculaciones son producto «made in Spain», porque la esencia de su Iglesia responde al Estado retrógrado, oscurantista y corrupto que –salvo breves primaveras republicanas– le ha permitido hacer cuanto quiere a lo largo de la Historia.
La espinosa cuestión de las inmatriculaciones eclesiásticas ha registrado este primer semestre de 2021 dos hechos decisivos. El primero representa un éxito del movimiento ciudadano que lleva más de una década luchando por su nulidad. Nos referimos a la publicación del listado de bienes inmatriculados. Con casi tres años de retraso, el gobierno de Sánchez entregó en febrero pasado al Congreso de los Diputados un catálogo incompleto y parcial. Solo incluía los inmuebles inscritos por los obispos entre 1998 y 2015, y aportaba de ellos una información claramente deficiente, que impedía de facto su correcta identificación.
El reciente aval de los tribunales para que el Ayuntamiento de Barcelona cobre el IBI a la Iglesia por un edificio que alquila supone un hito más dentro de un largo camino que comienza a ver resultados.
Este audio forma parte del programa radiofónico sostenido y producido por la asociación Europa Laica que se emite jueves desde Radiópolis 92.3 FM Sevilla y que ofrece, desde una perspectiva laicista, información y análisis de la actualidad, así como difusión de los valores y principios de la laicidad.
El Ayuntamiento espera ratificar la presentación de un recurso contra la sentencia del Juzgado que otorga la propiedad del santuario al Obispado de Huesca.
«El obispado de Córdoba se apropió en 2006 de la Mezquita de la ciudad, patrimonio de la Humanidad»
Procesiones en Semana Santa en la mezquita-catedral de Córdoba
«Uno de los monumentos turísticos más visitados de España, que devenga alrededor de 15 millones de ingresos anuales que van a parar a las arcas eclesiásticas. Una cantidad que la Iglesia recauda en calidad de limosna y, por tanto, sin obligaciones tributarias»
«La defensa a ultranza que hace el Gobierno de la propiedad eclesiástica de tan emblemático monumento arquitectónico demuestra la pervivencia del nacionalcatolicismo»
«No contento con la apropiación del edificio y con los pingües beneficios que genera, el cabildo de Córdoba ha forzado la invasión católica del recinto»
«La apropiación claramente inconstitucional de la Mezquita y su confesionalización por parte de la Iglesia católica está en las antípodas del actual pluralismo religioso y cultural, constituye un mentís a la historia y es contraria al espíritu de diálogo y concordia que debe reinar entre las religiones y en una sociedad plural»
Amparándose en unas normas franquistas y en una reforma de Aznar, el obispado de Córdoba se apropió en 2006 de la Mezquita de la ciudad, patrimonio de la Humanidad, por el módico precio de 30 euros. Se producía así uno de los mayores –si no el mayor- “pelotazos” urbanísticos de nuestra historia. Dicha apropiación va acompañada de la explotación económica, por parte de la jerarquía católica, de uno de los monumentos turísticos más visitados de España, que devenga alrededor de 15 millones de ingresos anuales que van a parar a las arcas eclesiásticas. Una cantidad que la Iglesia recauda en calidad de limosna y, por tanto, sin obligaciones tributarias.
Este 22 de junio se celebra un día de protestas en todo el país en demanda de la recuperación de los bienes públicos usurpados por la Iglesia Católica desde 1988. En Extremadura, la convocatoria es en la Plaza de Santa María de Cáceres, a las 12 del mediodía.
Concatedral de Santa María, en Cáceres. Fotografía: Wikimedia Commons.
Casi 35.000 bienes públicos fueron apropiados por parte de la Iglesia Católica en un proceso de inmatriculaciones que arrancó en 1998, cifra que sin dificultad podría verse triplicada retrotrayendo el cómputo de las mismas hasta mediados de los años cuarenta del pasado siglo.