Como creyentes decimos que «Las inmatriculaciones son contrarias al Evangelio, pero no sólo eso.
Desde Redes Cristianas decimos bien alto: ¡A desinmatricular!”,
porque como ya hemos expresado en reiteradas ocasiones, no estamos de acuerdo con ese «privilegio registral de las inmatriculaciones” ni podemos permitir que nuestra iglesia mantenga ese enorme patrimonio inmobiliario que ha logrado acumular desde que Franco concediera a los obispos dicha prerrogativa de inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad a
través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946.
Y no lo estamos porque esas inmatriculaciones son además, contrarias al Evangelio y hay todo un catálogo de argumentos éticos y teológicos que evidencian el insalvable conflicto que enfrenta el espíritu cristiano, con la adquisición masiva de bienes por medio de las inmatriculaciones.
Como cristianas y cristianos tenemos muy claro que la actitud de apego al dinero y a la apropiación de bienes, contraviene claramente la espiritualidad y la ética del Evangelio, que se resumen en las Bienaventuranzas.
Por otra parte de ir que esta relación ante los bienes y la riqueza no ha sido nunca pacífica, sino que se ha manifestado en una permanente tensión que ha originado numerosos conflictos.
Para Redes Cristianas, las inmatriculaciones episcopales no sólo chocan con las enseñanzas del Evangelio, sino que también vulneran el ordenamiento jurídico español ya que son inconstitucionales si tenemos en cuenta, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que ha otorgado a los obispos el privilegio de registrar bienes sin aportar títulos escritos de dominio, en equiparación con funcionarios públicos.
Por eso, aunque la norma ya fue derogada en el año 2015 (por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón), ante la creciente presión ciudadana y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró las inmatriculaciones como “arbitrarias” amén de obligar al Gobierno a pagar una alta indemnización por permitir -al obispo de Palencia- la inscripción de un templo propiedad de un particular, en el conocido caso de Ucieza.
Nuestra finalidad, ahora que ya hemos hablado tanto y conocemos el escándalo en toda su amplitud, es que «Ahora toca devolver” y lo que buscamos es contribuir a encontrar una solución global que pase por la nulidad de todas las inmatriculaciones, sin tener que obligar a los ayuntamientos y a los reclamantes particulares, a iniciar largos y gravosos procesos judiciales que constituirían una trampa oculta al mero listado de los 35.000 bienes que reconocieron la iglesia y el gobierno del PSOE.