Coordinadora Recuperando

La problemática de las inmatriculaciones NO es un “tema cerrado” como interesa a algunos. Es UNA “HERIDA ABIERTA” EN NUESTRA DEMOCRACIA.

 A pesar de los intentos de calificar esta cuestión como un «tema cerrado», la realidad es que las inmatriculaciones son una afrenta directa a los principios de equidad y transparencia que deben regir nuestra sociedad. La inscripción de más de 100.000 bienes inmuebles a nombre de la Iglesia, sin aportar títulos de propiedad, es una injusticia que no podemos permitir que se entierre en el olvido.

Y, no sólo no se ha avanzado en la solución de este problema, sino que ni siquiera se ha hecho el esfuerzo de identificar y publicar una información completa y detallada de los bienes inmatriculados.

Hasta el punto de que existen bienes declarados BIC y Patrimonio de la Humanidad, aparentemente no inscritos en el registro de la propiedad, cuya titularidad no parece preocupar a nuestras administraciones que permiten que la Iglesia Católica los utilice y administre como propios.

Afirmar que la problemática de las inmatriculaciones es un «tema cerrado» es una burla a la inteligencia y a la paciencia de la ciudadanía. Mientras esta injusticia permanezca sin resolver, nuestra democracia seguirá teniendo una herida abierta que, además de suponer una perdida inconmensurable de nuestro patrimonio histórico y cultural común, socava la confianza en nuestras instituciones y en el principio de igualdad ante la ley.

UNA “HERIDA ABIERTA” EN NUESTRA DEMOCRACIA: Las inmatriculaciones de la Iglesia en España

Las inmatriculaciones de la Iglesia han provocado que SE INVIERTA LA CARGA DE LA PRUEBA. Ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo.

La carga de la prueba recae sobre quien reclama un derecho. Sin embargo, en España, la Iglesia Católica ha disfrutado de un privilegio sin precedentes que ha permitido invertir esta lógica fundamental. Gracias a las inmatriculaciones basadas en una simple certificación eclesiástica, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo.

• Un monte, que tradicionalmente era de uso comunal, incluso inventariado como tal, es inscrito en el registro de la propiedad a nombre la la Iglesia …
• Una plaza, que siempre había sido de uso público, se cierra con llave y la iglesia la inscribe como suya …
• Una ermita construida y siempre cuidada por los vecinos, que realizaban junto a ella las romerías …
• Un cementerio, construido y cuidado por los vecinos, que han convertido en toda una muestra floral …
• Un local social, construido por las comunidades vecinales y utilizado como centro social por las mismas … / …

Ahora son los vecinos, ayuntamiento o Comunidad quienes deben de probar que es suyo.

Son todos casos en los que no existe título escrito de propiedad. Pero el bien ya ha sido inmatriculado a nombre de la Iglesia mediante una simple certificación eclesiástica.

La historia, los relatos vecinales, las facturas de pago del mantenimiento o del agua y la luz no se tienen en cuenta como elementos probatorios.

El resultado de este abuso de poder es una inversión grotesca de la carga de la prueba. En lugar de exigir a la Iglesia que demuestre la legitimidad de su propiedad, antes de poder inscribirla a su nombre, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar que los bienes que consideraban parte de su patrimonio común son realmente suyos.

¡SE INVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA!: Las inmatriculaciones de la Iglesia en España