El Ejecutivo ha tirado la toalla en la lucha por la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba a pesar de los informes, declaraciones y manifiestos que rechazan la titularidad eclesiástica del Patrimonio de la Humanidad. “Si hubiese voluntad política se solucionaría”, opina el portavoz de la Plataforma Mezquita de Córdoba.
Deva Mar Escobedo, El Salto diario | 12 noviembre 2025
El pasado domingo 2 de noviembre, el Gobierno dio respuesta por escrito a la pregunta del portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, sobre la titularidad eclesiástica de la Mezquita-Catedral de la capital cordobesa. En su contestación, el Ejecutivo expuso que “no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble”, desde 2006 inmatriculado por la Iglesia Católica, que gestiona el monumento Patrimonio de la Humanidad a través del Cabildo Catedral de Córdoba. “Hay argumentos de sobra. El Ayuntamiento de Córdoba podría emprender mañana acciones judiciales con los informes que ya tiene, pero hay miedo a abrir la caja de Pandora”, disecciona Antonio Manuel Rodríguez Ramos, jurista y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Fue a raíz del incendio en la mezquita el pasado 8 de agosto que Santiago formuló la pregunta: “¿Va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, […] redactar un Código de Buenas Prácticas […] para evitar acciones que perjudiquen la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas?”.
El Gobierno español quiere dar por cerrado oficialmente el debate sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un monumento único en el mundo que encierra siglos de historia entrelazada de culturas. Esta decisión trata de poner punto final a una polémica que ha destapado una práctica mucho más extensa y menos conocida: las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica. Durante años, este mecanismo legal permitió registrar propiedades a su nombre con una simple declaración eclesiástica, sin necesidad de aportar documentación acreditativa. El resultado ha sido la enajenación silenciosa de una gran parte del patrimonio común, con implicaciones históricas, jurídicas y morales que hoy siguen dividiendo a la sociedad española.
