Hoy, 28 mayo 2025, la Coordinadora RECUPERANDO ha enviado el siguiente Comunicado/Nota de Prensa a los medios de comunicación:
Inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos: lo descubierto en Navarra solo es el principio
Gracias al impulso de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, se ha iniciado un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia. Se estima que la cifra podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700.
El caso de Navarra ha destapado una realidad: la inscripción a nombre de la Iglesia de bienes comunales, patrimonio público cuya titularidad no puede ser usurpada. Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que atenta contra el interés general.
La inmatriculación masiva de bienes por parte de la Iglesia Católica, cuyo número se estima en más de 100.000, constituye uno de los mayores escándalos patrimoniales del Estado español. Bastó una simple declaración expedida por la jerarquía eclesiástica —sin título de dominio alguno— para inscribir miles de bienes en los registros de la propiedad, gracias a un privilegio franquista mantenido hasta 2015.
Pero es que ahora, además, ha quedado demostrado que esta apropiación alcanzaba a bienes públicos y comunales. Los hechos evidencian:
Que la Iglesia ha inmatriculado bienes públicos, incluyendo bienes comunales, de uso colectivo y tradicionalmente vinculados a la vida vecinal y rural.
Que no se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común.
Que las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas.
Que, si en Navarra se ha producido una apropiación masiva de bienes públicos, es razonable pensar que lo mismo haya sucedido en otras comunidades autónomas.
Que las administraciones públicas, en todos sus niveles —municipales, autonómicas y estatales— tienen el deber legal y moral de recuperar los bienes indebidamente inscritos a nombre de la Iglesia para restituir su carácter público.
