Recogemos aquí tres noticias de prensa sobre inmatriculaciones realizadas por el ayuntamiento de Monterde inscribiendo bienes a nombre del ayuntamiento que ha causado malestar entre vecinos.
A diferencia de las inmatriculaciones realizadas por la iglesia (una entidad privada) con una simple certificación eclesiástica, las inmatriculaciones realizadas por un ayuntamiento (un nivel de la administración pública) no carecen de la legitimidad necesaria y deben de tener como objeto la defensa de los bienes públicos que a todos corresponden.
En todo caso, la polémica está servida.
«Deseamos fervientemente que este Auto sea el último y definitivo capítulo de esta controversia, tan larga como lamentable, que nos ha enfrenta a alguien tan de la Iglesia como es un Obispo», señala en un comunicado Sor Ángeles Sanz Rodríguez, OSH, Presidenta Federal Priora del Monasterio de Santa Isabel.
asturiaslaica.com – Fuentes: Vida Nueva / Diario de Mallorca / Religión Digital, 6 de junio de 2024
En 2022 un juzgado canceló la inmatriculación del conjunto de valiosos edificios a favor del Obispado y otorgó la titularidad a la orden de religiosas que lo habitaban. En mayo de este 2024, la Audiencia Provincial de Baleares desestimó el recurso del Obispado de Mallorca por la propiedad del Monasterio de Santa Isabel, confirmando la decisión del Juzgado que reconocía a las religiosas como dueñas de este complejo que el obispado de Mallorca había inmatriculado en 2014.
La polémica de las inmatriculaciones, que el Gobierno afrontará en los próximos meses, pone en el centro del debate la propiedad del ingente legado cultural de España. Pero, ¿qué ocurre en otros estados vecinos? Francia, Portugal y México abanderan el grupo de países que lo consideran patrimonio público. Grecia, Austria o Alemania, por contra, admiten con matices la titularidad de las organizaciones religiosas.
Interior de una Iglesia / Pixabay
Aristóteles Moreno, Público.es / CÓRDOBA, 09/08/2020
La polémica de las inmatriculaciones, que el Gobierno afrontará en los próximos meses, pone en el centro del debate la propiedad del ingente legado cultural de España. Pero, ¿qué ocurre en otros estados vecinos? Francia, Portugal y México abanderan el grupo de países que lo consideran patrimonio público. Grecia, Austria o Alemania, por contra, admiten con matices la titularidad de las organizaciones religiosas.
La Diócesis de Pamplona puso a su nombre dos fincas de pastos propiedad del Concejo de Galar. Son los primeros bienes comunales inmatriculados por la jerarquía católica identificados en la mayor investigación abierta en España sobre el controvertido privilegio eclesiástico.
Aristóteles Moreno, Público – CÓRDOBA – 29/05/2024
La Diócesis de Pamplona inscribió a su nombre en 1980 dos parcelas que sumaban 658 metros cuadrados en el Concejo de Galar, una pequeña localidad situada a 11 kilómetros al suroeste de la capital navarra. Así consta en las notas simples expedidas por el registro de la propiedad número 3 de Pamplona, que obran en poder de este periódico. Sin embargo, ambas fincas ya estaban registradas por el propio Concejo de Galar y eran, por tanto, bienes comunales explotados colectivamente por el pueblo. Dos notas manuscritas en papel timbrado, que figuran en el mismo registro de la propiedad, acreditan la titularidad comunal.
El Consistorio dice que regula lo que considera su propiedad y los afectados denuncian que es «malintencionado» y se manifestarán en Zaragoza.
«Constan en el inventario municipal desde tiempos inmemoriales y hasta ahora no se había hecho».
Jorge Zorraquín, heraldo.es / 23/5/2024
El Ayuntamiento de Monterde, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, tiene sobre la mesa desde hace más de un año el proceso oficial para inmatricularse casi 200 fincas repartidas por diversos puntos de su término municipal, varias de ellas incluidas en su pedanía de Llumes.