Los terrenos que ocupa el campo santo son propiedad de un particular, al que el obispado se los vendió por casi 10 millones de pesetas, que se jubila a final de mes y que por el momento rechaza las ofertas del Ayuntamiento para hacerse con los terrenos.
Vecinos concentrados a las puertas del camposanto. Al fondo, en el centro, Rubén Andrés, durante su intervención. | L.N.E. / David Orihuela
Asturias Laica / Fuentes: La Voz de Asturias (Sergio M. Solís)/ El Comercio (Marta Varela)/ La Nueva España (David Orihuela), 15 de marzo de 2024
El cementerio de la localidad de El Entrego (Asturias) presenta una singularidad que lo hace único en España. Es un camposanto privado, pero que no nació bajo esa concepción sino que fue vendido. Los tres mil nichos, en la situación actual, se levantan sobre terrenos de la sociedad La Solana Asturiana S.A., después de que ésta los adquiriese a la Iglesia en 1993, junto con la concesión de explotación del cementerio, por un precio alrededor de diez millones de pesetas (previamente la Iglesia había registrado como suyos –aquello de las inmatriculaciones– los tres terrenos que iba a vender).
El administrador único de la sociedad se jubila y si no llega a un acuerdo con el Ayuntamiento el cementerio se cerraría. Y ya hay una fecha límite, el próximo 31 de marzo. Quedarían dentro los 3.000 nichos actuales.
Desde el primer momento los vecinos estuvieron en contra de la venta que, además, incrementó el coste de los servicios. La privatización del cementerio tuvo sus consecuencias. Para el vecindario, «Vendían los nichos como si fueran oro» y había que abonar a la empresa una cantidad al año, y para el Ayuntamiento: en 2004, la Solana denunciaba al Ayuntamiento de San Martín por no hacerse responsable de reclamar el impago de los nichos a los vecinos endeudados. Tres años después, el juez condenaba al gobierno local a abonar la cantidad de 104.903 euros, a los que se sumaron mil más de intereses legales.
El anuncio del cierre ha causado un gran malestar entre los vecinos del pueblo y el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para evitar el cierre del cementerio. El consistorio quiere hacerse con la propiedad del terreno y está negociando con el propietario. Sin embargo, este descarta la cantidad ofrecida, de unos 70.000 euros, alegando que la primera oferta que recibió fue de 400.000, lo que «minusvalora de forma grosera» su patrimonio.
En un primer momento, el propietario puso un precio de un millón de euros al cementerio para vendérselo al Ayuntamiento. Una tasación posterior rebajó esa cantidad hasta los 480.000 euros. Ahora, la retasación solicitada por el Consistorio rebaja muchísimo más la cantidad.
El Ayuntamiento indica que la primera tasación no corresponde con la realidad de la propiedad, pues aseguran que existen desperfectos como grietas o problemas de inclinación en los muros de contención y acabar con el deterioro del cementerio de El Entrego costará 800.000 euros. La segunda tasación sostiene que dichos problemas podrían provocar el colapso de los nichos. Para el propietario, la actual oferta no hace justicia al valor de su parcela. Según este particular, lleva varios años avisando al consistorio sobre su decisión de jubilarse y cerrar el cementerio, y critica que la corporación municipal no haya dado ningún paso al respecto.
Mientras la cercana fecha del 1 de abril inquieta a la Asociación de Vecinos de El Entrego que se han movilizado y concentrado este pasado jueves a las puertas del cementerio para pedir una solución.
«El Alcalde (el socialista José Ramón Martín Ardines) nos ha prometido que a partir del 1 de abril estarán garantizados los servicios funerarios, nos pide que estemos tranquilos, pero esa tranquilidad es complicada», explicó Rubén Andrés, abogado y representante de la Asociación de Vecinos La Unión de El Entrego.
Andrés explicó a los vecinos congregados que «el Ayuntamiento está obligado por ley a garantizar ese servicio, pero no está obligado a prestarlo directamente, puede hacerlo como hasta ahora una empresa privada o puede hacerlo la Iglesia, como ocurre en muchos lugares».
Lo que no tiene claro el abogado es cómo se las va a arreglar el Ayuntamiento para garantizar el servicio: «Tendrán que venir con la Policía Local; el Alcalde dice que lo tiene muy claro, pero el cementerio no deja de ser una propiedad privada».
El consistorio trabaja en una comisión para la municipalización del cementerio. Rubén Andrés reconoce que «el Ayuntamiento, como administración pública, se ve limitado por la tasación». Según esta explicación, para la institución local sería difícil justificar legalmente que se llevara a cabo la compra del cementerio por un precio superior al marcado por una empresa tasadora acreditada por el Banco de España.