Autor: Txema Rosell Tous

A finales de 2024 la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y el Gobierno de Nafarroa firmaron un acuerdo de colaboración para llevar a cabo una investigación rigurosa sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica a fin de determinar la titularidad y, en caso de que sea pública, sean devueltos a sus propietarios legítimos. La mayor parte de ellos pertenecían a municipios y concejos. A la investigación ya se han adherido 123 entidades locales del herrialde y se espera que se sumen otras mientras el convenio mantenga su vigencia. Los trabajos de investigación han comenzado en Agoitz, donde se analiza la situación de siete bienes.

Editorial – naiz.eus / 14 mayo 2025

Según los datos recopilados por el Gobierno de Nafarroa, desde el año 1900 la Iglesia católica se ha hecho con casi 3.000 inmuebles en el herrialde gracias a la capacidad para realizar inmatriculaciones que le otorgó la legislación franquista en 1946, y al posterior cambio en la Ley Hipotecaria que aprobó el Gobierno de Aznar en 1998. Finalmente, en 2015 perdió esa potestad, después de que organizaciones en defensa del patrimonio denunciaran el saqueo de bienes públicos que estaba realizando la Iglesia católica gracias a los privilegios otorgados por el Estado. En 2022, el Gobierno y la Conferencia Episcopal trataron de poner fin al escándalo con la firma de un acuerdo en el que la Iglesia reconocía solamente un millar de inmatriculaciones «erróneas» de las más de 35.000 que realizó desde 1998. De todas ellas, 74 correspondían a Nafarroa y solo 8 a la CAV. En el caso de Nafarroa, la Iglesia señaló además que no los devolvería bien porque los bienes ya no eran de su propiedad –los había vendido–, bien por tratarse de errores de registro. Un corolario que certificaba que el acuerdo no era más que un lavado de imagen.

En este contexto de confabulación entre el Estado y la Iglesia católica, la defensa del patrimonio común frente al expolio ha quedado en manos de municipios y concejos. Con pocos recursos, pero con el apoyo de las plataformas en defensa del patrimonio, sigue la lucha por recuperar el patrimonio común que la Iglesia se apropió indebidamente.