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Nos sorprende que en el documento «ESPAÑA 2030. Un socialismo que avanza, una España que lidera», Ponencia Marco del 41 Congreso del PSOE en 2024, no se haga ninguna referencia a la problemática de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en España desde el año 1946 hasta el 2015.

Nos sorprende dada la importancia de los bienes de que se trata puesto que muchos de ellos son Bienes de Interés Cultural (BIC) y bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Nos sorprende dada la cantidad de bienes de que se trata puesto que se calculan en más de 100.000 bienes los inmatriculados a nombre de una entidad privada como la Iglesia Católica

Nos sorprende dado que esto supone que más del 80% del patrimonio cultural español se encuentra, ahora mismo, en manos privadas.

Nos sorprende porque el mecanismo utilizado para realizarlas ha sido el de una mera certificación eclesiástica, mecanismo carente de toda garantía, que ha sido ya duramente criticado en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (2014) por vulnerar los principios de igualdad y seguridad jurídica, extrañándose el propio Tribunal de que pudiera ser compatible con nuestro ordenamiento jurídico.

Pero nos sorprende más el pensar que se pudiera considerar que se trata de un tema cerrado, cuando ni siquiera se ha llegado a conocer cuáles son esos 100.00 bienes que han sido privatizados utilizando el cuestionado mecanismo.

En la Ponencia Marco del 40 Congreso se mencionaba: «Otra cuestión contestada por amplios sectores sociales es la facultad, obtenida por la Iglesia, por ley promovida por el PP, para obtener la inscripción oficial de bienes a su favor, las inmatriculaciones, pese a no tener consideración posible de poder o autoridad pública o el régimen fiscal del patrimonio inmobiliario eclesiástico no sujeto a culto».

Pero ello conlleva un error conceptual importante; las inmatriculaciones amparadas en una mera certificación eclesiástica se llevan realizando en España, al menos, desde la Ley Hipotecaria de 1946; lo que hizo el PP en 1998 fue ampliar esta prerrogativa a lugares de culto, aunque esto ya se venía haciendo con anterioridad aunque no estuviera permitido.

Por esta razón, la información que en 2021 remitió Ministerio de Presidencia a las Cortes, que solo abarcaba el periodo 1998-2015, resulta notoriamente insuficiente e inadecuada para dilucidar el tamaño real de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en España y para poder identificarlas.

Conocer, de manera exhaustiva, todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica de esta manera tan poco garantista e irregular es, simplemente, una cuestión de TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA.

Por ello, solicitamos que desde su partido insten al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso a presentar / apoyar la siguiente Proposición no de Ley que estamos presentando a los distintos Grupos Parlamentarios.

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Coordinadora RECUPERANDO
Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia