Insta a Urtasun a reformar la ley con una exigencia de mayor «transparencia y corresponsabilidad» sobre los bienes religiosos
El PP registra otra iniciativa para modernizar el texto e impulsar sanciones más duras contra los ataques al patrimonio
Jaime G. Mora, ABC – Madrid / 04 marzo 2025
Todo lo que ha dicho el ministro Urtasun en el año largo que lleva en Cultura se limita a un «me parece importante». Fue en marzo del año pasado. «Creo que necesitamos una nueva ley de Patrimonio. Creo que tenemos que hacerla». Y que pase el tiempo.
Mientras el ministro se decidía, el PP aprobó con su mayoría en el Senado una propuesta para endurecer los castigos ante ataques como los de los ecologistas, pero la iniciativa llegó al Congreso y quedó en barbecho. Ahora es Sumar quien quiere tomar la delantera. A su manera, eso sí. El partido de Urtasun ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara Baja con la idea de reclamar más transparencia a la Iglesia en la gestión de los bienes de titularidad pública que gestionan las entidades eclesiásticas. Después de armar el lío con la descolonización y los toros, ahora le toca a la Iglesia.
En la iniciativa presentada, Sumar asegura que la «mayoría» de los 3.161 bienes de interés cultural (BIC) en manos de la Iglesia «han sido privatizados en virtud del controvertido mecanismo de las inmatriculaciones diocesanas». La formación de Urtasun critica que la gestión directa de estos monumentos protegidos por parte de la Iglesia «plantea graves distorsiones y anomalías que el marco legal vigente no resuelve de forma adecuada o simplemente ignora». El partido izquierdista insta al Gobierno a presentar una nueva ley de Patrimonio con «mecanismos que permitan una mayor transparencia y corresponsabilidad en la gestión del patrimonio, en especial respecto a los bienes de titularidad pública y aquellos gestionados por entidades privadas o eclesiásticas».
Deberían primar «los criterios científicos, el interés general y el uso y disfrute de nuestro patrimonio cultural por toda la ciudadanía frente a intereses particulares».
El grupo parlamentario le despeja así el camino al ministro por si finalmente opta por abordar la reforma de una ley que data de 1985 y que ha quedado obsoleta. En este diagnóstico coinciden partidos tan dispares como Sumar y Partido Popular. El partido cuya portavocía ocupa Urtasun opina que la normativa «necesita ser actualizada para abordar los retos del siglo XXL [sic]». Los conservadores, en otra propuesta registrada la semana pasada en el Congreso, hablan de la necesidad de incorporar nuevas figuras de protección, la digitalización del patrimonio y nuevas formas de promoción y difusión. Quieren que el Congreso empiece a tramitar la ley impulsada en el Senado para endurecer los castigos ante posibles ataques al patrimonio histórico y que el Gobierno modernice y refunda la legislación vigente, en colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y demás instituciones públicas y privadas del sector.
Uribes propone una reforma legislativa que impedirá a la Iglesia enajenar sus bienes de interés cultural.
La reforma de la ley de Patrimonio es una de las carpetas que todos los ministros se encuentran sobre la mesa cuando ocupan su despacho en la plaza del Rey. La mayoría optan por guardarla en un cajón. El último que intentó reformarla fue Uribes. Su secretario general, Javier García Fernández, diseñó una ley que convertía a los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en una categoría nueva, una especie de ‘súper-BIC‘. El texto otorgaba al Estado más peso en la gestión de estos bienes, una competencia que corresponde a las comunidades autónomas con la legislación actual. Uribes lanzó esta ley sin aviso previo y las autonomías se rebelaron contra el afán recentralizador del ministerio. Cuando Iceta relevó a Uribes, una de sus primeras decisiones fue retirar el anteproyecto de ley porque había nacido muerto. «Si una ley de Patrimonio no es aceptada por el conjunto de las administraciones, es una ley muerta», dijo.
Tres años y medio después, Sumar recuerda que aquel proyecto de ley contemplaba también la «prohibición expresa de privatizar los monumentos en manos de la Iglesia Católica». Lo que Uribes planteó es que esos bienes no podían ser enajenados salvo que fuera la administración pública quien se hiciera con ellos. La Conferencia Episcopal reaccionó pidiendo una contrapartida: que dichos bienes tampoco pudieran ser embargados y que los gobiernos se comprometieran a colaborar en el mantenimiento de los bienes. Ahora Sumar quiere imponer nuevas obligaciones de «transparencia y corresponsabilidad» a la Iglesia. Las dos PNL, las presentadas por PP y Sumar, tendrán que ser debatidas en la Comisión de Cultura, y de ninguna manera obliga a Urtasun a actuar en un sentido u otro, pero desde ya la pelota está en su tejado, sobre todo porque es su propio partido quien le pide que legisle «una situación de vulnerabilidad».
Que el ministro consiga sacar la ley adelante es otro cantar. La ley de la Oficina de Derechos de Autor, de carácter técnico y a priori poco problemática, lleva cuatro meses sin que se convoque la ponencia y la «urgente» ley del Cine que el ministro prometió aprobar sigue acumulando retrasos en el Congreso.