La Mezquita de Córdoba, 31 catedrales o decenas de santuarios, en el listado que maneja el Colegio de Registradores y que el Gobierno hará público en breve
La Iglesia admite que tiene a su nombre, al menos, 3.168 bienes inmuebles de interés cultural
El portavoz de la CEE denuncia una “desamortización encubierta” y anuncia que, si se dan las devoluciones, acudirán a los tribunales
Andalucía no descarta la vía jurídica en cuanto a la titularidad de la Mezquita de Córdoba EFE
El Gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante el período 1998-2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.
Plazas, viviendas, fincas rústicas, parroquias, solares, huertas, montes y hasta un frontón y un campo de fútbol llevan la firma de propiedad en Gipuzkoa de la Iglesia católica, el obispado y la diócesis de Gipuzkoa. Es decir, la Iglesia tiene en Gipuzkoa decenas de propiedades inmatriculadas. En total, cerca de 400 repartidas en más de 60 municipios del territorio.
La publicación de la lista de las propiedades inmatriculadas por la institución religiosa abrirá la puerta a futuras reclamaciones de estos bienes públicos.
El Arzobispado de Oviedo vendió al ayuntamiento un solar en San Miguel de la Barreda que había registrado sin tener titulo de propiedad y tras expirar la ley de Aznar que lo permitía.
Finca urbana en San Miguel de la Barreda
31 de julio de 2015. Ese fue el día en el que el Arzobispado de Oviedo se inmatriculó una finca urbana en San Miguel de la Barreda de 3.214 metros cuadrados, en el que se encontraba el templo parroquial. Hacía justo un mes que había entrado en vigor la última reforma de la Ley Hipotecaria que impedía a la Iglesia registrar esas fincas a su nombre solo con un certificado expedido por ella misma, tal y como la Ley Aznar permitió desde 1998. Solo 16 meses después, vendía una parte de ese terreno que previamente había segregado. La operación sirvió para que se embolsara algo más de 20.000 euros. Esta es una de las operaciones que ha comenzado a investigar el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, un colectivo que trata de poner sobre la mesa todo lo sucedido en el Principado en estos últimos años.
A finales de diciembre de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Castropol, por unanimidad, había aprobado una moción, presentada por el PSOE, por la que «se instaba al Arzobispado de Oviedo a paralizar la subasta de la casa rectoral de Figueras y buscar otra alternativa a la venta del edificio que permita el uso del mismo por parte de los vecinos» «Nos unimos y respaldamos la petición que hacen los vecinos de Figueras; pedimos al Arzobispado de Oviedo que paralice la venta de la casa rectoral y también que busque solución a otras rectorales del concejo, en la misma situación, para que se puedan seguir utilizando por parte del pueblo y de los vecinos», (LNE), señalaba la alcaldesa en funciones de Castropol, Teresa Dorado.
Pues bien, a pesar de la oposición de los vecinos, el arzobispado vendió la casa rectoral, fruto de la donación una vecina de la localidad a beneficio de la parroquia, subástándola a un precio de salida de 65.000 euros el pasado 24 de enero.
Los vecinos de Figueras (Castropol) se han quedado sin casa rectoral. El arzobispado de Oviedo la ha vendido tras acudir a la subasta que compró un comprador. Lo confirmaron ayer fuentes del Arzobispado, que no han querido informar de la identidad del nuevo propietario ni de la cantidad finalmente desembolsada.
La subasta se celebró el pasado 24 de enero con un precio de salida de 65.000 euros. Desde que se supo de su convocatoria, a finales de diciembre, los vecinos se opusieron radicalmente a la venta de un inmueble que, aseguran, les prestaba mucho servicio. Allí se reunían y guardaban material de las asociaciones. Su pérdida dicen, «ha sido un mazazo». Incluso habían pagado de su bolsillo algunas reparaciones de la casa, por lo que se declaran muy defraudados con el arzobispado.
Banduxu es una parroquia del concejo asturiano de Proaza, que en 2010 fue declarado Bien de Interés Cultual, en la categoría de Conjunto Histórico, por el Principado de Asturias. En ella, informa Wikipedia, habitan 43 personas, repartidas en 66 viviendas. Ocupa una extensión de 10,78 km² y se encuentra a una distancia de 11 km de Proaza, la capital del concejo.
En Bandujo, a los muertos se les arropa con tierra y flores. Este pequeño pueblo medieval de Proaza mantiene intacta una tradición secular en la que no hay rastro de lápidas, donde todos los muertos van a la tierra y cada 1 de noviembre se les recuerda cubriendo las tumbas con trabajadas mantas florales. Los vecinos suben por la fiesta de Todos los Santos a su pequeño cementerio para volver a dar redondeada forma a los enterramientos en los que reposan los restos de sus seres queridos. Sobre la tierra negra que utilizan nace entonces el color a través de cuidadas composiciones florales. Una tradición recordada, pero que ya no se ve, en otros cementerios de la zona. «Cuando era una niña, esto mismo se hacía en otros lugares del municipio. Las mantas se hacían con flores pequeñas que crecían en los pueblos», recuerda Carmen Arias, concejala de Proaza.
Inmatriculación, anotación o certificado: distintas denominaciones legales para describir lo que la Iglesia católica lleva haciendo desde 1998 hasta abril de 2014 al amparo de la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno Aznar.
Mezquita-Catedral de Córdoba / vista aérea (CC BY-SA)
Con un mero autocertificado, cualquier representante del obispado, con atribuciones legales similares a la de cualquier notario, podía apropiarse de un número indeterminado de inmuebles que no contaban con propietarios reconocidos en el registro de la propiedad. De esta manera, la Iglesia católica inmatriculó miles de inmuebles a su nombre, dedicados al culto religioso o no, entre ellos iglesias, ermitas, cementerios, huertas, pisos, almacenes, garajes, plazas públicas y hasta calles.
Entre 1984 y 2002, las administraciones invirtieron 15 millones de euros en la catedral de La Seo. En 1987, la Iglesia anotó el templo a su nombre
De la iglesia de la Magdalena se apropió el mismo año y, posteriormente, entre 1991 y 2009, recibieron casi 6 millones de euros
Movimiento Hacia un Estado Laico (Mhuel) calcula que la Iglesia gana alrededor de 1 millón de euros anuales por cobrar entrada para acceder a la catedral
El Gobierno de Zaragoza aprobará próximamente acudir a los tribunales para recuperar la titularidad pública de La Seo y de la Magdalena
En 1987, el arzobispo Elías Yanes anotó a nombre de la Iglesia Católica la propiedad de la catedral de Zaragoza, La Seo. Lo que no impidió que, antes y después, la Iglesia recibiera ingentes cantidades de dinero público para su conservación. En concreto, según el informe realizado a partir de datos oficiales por Movimiento Hacia un Estado Laico (Mhuel), alrededor de 15 millones de euros entre 1984 y 2002, de los que más de 12 provinieron del Gobierno de Aragón.
La Iglesia católica española necesita una seria autocrítica. No se puede robar, aunque sea al amparo de una legalidad injusta y de privilegio
El día 9 del pasado mes de febrero de 2017 la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia católica —RECUPERANDO— que agrupa a una veintena de colectivos de todo el Estado, presentó ante la Comisión de Peticiones del Congreso de Diputados dos iniciativas parlamentarias. Ambas iban dirigidas a buscar una fórmula global para la aplicación de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que considera “arbitrarias” las inmatriculaciones que la Iglesia católica ha practicado porque vulneran derechos fundamentales de personas individuales y colectivas.
Una de las iniciativas es para recabar el listado de bienes inmatriculados controvertidos en todo el país al amparo del derogado art. 206 de la Ley Hipotecaria, y que el Ejecutivo central se ha negado a satisfacer en un ejercicio reiterado de encubrimiento y proteccionismo. La segunda iniciativa está encaminada a pedir/exigir la creación de una Comisión Permanente no legislativa que estudie la situación generada por las recientes sentencias del 4 de noviembre de 2014 y del 20 de diciembre de 2016 del TEDH y señale el procedimiento a seguir para restaurar la legalidad conculcada.
Con considerable retraso, pero con firmeza, nuestros hermanos vascongados se han dado cuenta por fin de que el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia no era una cosa que afectaba sólo a los navarros, sino también a ellos y a todo el estado español. La información que conseguimos hace ocho años en Navarra sobre lo apropiado por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, recientemente derogado por inmoral y (aunque no lo reconozcan) por inconstitucional, supuso el inicio de un gran movimiento municipalista y ciudadano de respuesta, que al final se ha extendido a otras comunidades, creándose nuevas plataformas y recibiendo apoyos tanto de grupos laicos como de cristianos consecuentes.
