Ante al escándalo de las inmatriculaciones en España, muchos cristianos y cristianas exigen a la Iglesia católica que, aceptando la invitación de Jesús, “devuelva” al pueblo lo que es del pueblo para poder dar a Dios lo que es de Dios
Convocada por el Grupo Sumar y organizada por la Coordinadora Recuperando, tuvo lugar el 8 de abril de 2024 en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados una jornada sobre “Inmatriculaciones y Patrimonio cultural: una cuestión de Estado”.
Evaristo Villar, alandar.org /28 de abril de 2024
La jornada, muy concurrida por parlamentarios y parlamentarias, especialistas y militantes, se desarrolló en dos mesas consecutivas. La primera se centró en “Revertir las inmatriculaciones de la Iglesia: una herida abierta en la democracia”; y la segunda, en la “Protección y gestión democrática del patrimonio cultural: una cuestión de Estado”.
Durante este importante encuentro fue apareciendo en toda su cruda realidad uno de los mayores escándalos, conscientemente ignorados en el país durante la transición y la democracia.
Entrevista a José Castillo Ruiz catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada y especialista en la tutela del Patrimonio Histórico
Imagen del vídeo
Asturias Laica, 22 de abril de 2024
La Revista Electrónica de Patrimonio Histórico de la Universidad de Granada ha inaugurado una nueva sección con entrevistas a investigadores y docentes colaboradores. En la primera de ellas el entrevistado es José Castillo Ruiz.
Hace unos días en el Congreso el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR celebró una Jornada denominada Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado; en ellas participaron personas de diversas organizaciones de la plataforma unitaria RECUPERANDO.
La catedral de Burgos.- Rubenphotographer
FRANCISCO DELGADO RUIZ, Grupo de Pensamiento Laico / publico.es / 17/04/2024
Curiosamente, dos días antes la presidenta del Congreso peregrinó al Vaticano para mantener una reunión con el jefe de la Iglesia católica y reafirmarle, una vez, más, que estuviera tranquilo, que el Concordato y los demás privilegios de los que disfruta la Iglesia católica en España se mantendrán, incluida la gestión diocesana del patrimonio histórico artístico, la mayoría inmatriculado gracias a la Ley Hipotecaria que lo promovía desde 1946-47, más la reforma de 1998 (que permitía los lugares de culto), y ello hasta el año 2015, y, por supuesto, el apoyo gubernamental a la «industria de la caridad», que supone la privatización de los servicios sociales que deberían ser públicos y que están en manos de empresas y corporaciones católicas.