Acaban de llegar a mis manos dos documentos: uno es el mapa de los 15.000 pisos, fincas y aparcamientos que la Iglesia sumó a su patrimonio por toda España con las inmatriculaciones, y el otro, la primera parte de un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998, en virtud de certificación del diocesano respectivo, realizado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Más allá de la expresión cultural, la Semana Santa tiene una esfera económica que genera millones de euros y otra social que le sirve a la Iglesia Católica para legitimar sus privilegios dentro del Estado español.
Otro año más, el olor a incienso se mezcla con el azahar y otras flores que explotan en primavera. Los adoquines de las ciudades se llenan de cera de colores y hay quien desempolva la mantilla y el traje. Y todo se vuelve bulla, olor, tacto, música, pasión y belleza.
La Semana Santa está tan imbricada en el imaginario de la sociedad andaluza que es raro encontrar una persona que no tenga vinculado el detalle de un olor, un sabor o un sonido durante una procesión en sus recuerdos. Sin embargo, esta expresión popular está vinculada al conservadurismo social y a las políticas de derechas por su carácter religioso.
Sin embargo, desde hace varios años, obras culturales como Dolores Guapa(2021), película de Jesús Pascual, propuestas políticas o colectivos como Agnóstico Cofrade o Proyecto Palio reivindican su derecho a formar parte de esta festividad desde la disidencia LGTBIQ, ideas progresistas e incluso la falta de fe. “Nosotras no vamos a decirles a nuestras abuelas que se equivocan por emocionarse con la virgen. Nosotras vamos a cogerles la mano y a llorar con ellas, sin culpa, ni vergüenza, y prometiendo darle un meneo a todo”, sostienen desde Proyecto Palio.
La nulidad insubsanable y de pleno derecho de las denominadas “certificaciones eclesiásticas” como documentos válidos para promover asientos registrales de propiedad privada
Uno de los mayores escándalos jurídicos de los últimos años ha sido la comprobación de que la Iglesia Católica utilizó el sistema de las denominadas certificaciones eclesiásticas no sólo para apropiarse de bienes sin culto, sino también de bienes de culto.
Los bienes sin culto son aquellos que, a pesar de haber sido tradicionalmente asociados a la Iglesia, no están destinados a usos litúrgicos ni religiosos. Muchos de estos inmuebles han sido gestionados por la comunidad o por las administraciones públicas, pero han sido registrados por la Iglesia sin acreditar su propiedad con documentos válidos.
Los bienes de culto son aquellos espacios o inmuebles destinados históricamente a la práctica religiosa, ya sean iglesias, catedrales, ermitas, conventos o monasterios. Estos bienes, según el derecho histórico y la tradición jurídica, han sido considerados como bienes públicos fuera del comercio (extra commercium), ya que servían no sólo para la liturgia religiosa, sino también como espacios colectivos y culturales de la comunidad.
La nul·litat inesmenable i de ple dret de les denominades “certificacions eclesiàstiques” com a documents vàlids per promoure assentaments registrals de propietat privada.
Un dels majors escàndols jurídics dels darrers anys ha estat la comprovació que l’Església Catòlica va utilitzar el sistema de les denominades certificacions eclesiàstiques no només per apropiar-se de béns sense culte, sinó també de béns de culte.
Els béns sense culte són aquells que, tot i haver estat tradicionalment associats a l’Església, no estan destinats a usos litúrgics ni religiosos. Molts d’aquests immobles han estat gestionats per la comunitat o per les administracions públiques, però han estat registrats per l’Església sense acreditar-ne la propietat amb documents vàlids.
Els béns de culte són aquells espais o immobles destinats històricament a la pràctica religiosa, ja siguin esglésies, catedrals, ermites, convents o monestirs. Aquests béns, segons el dret històric i la tradició jurídica, han estat considerats béns públics fora del comerç (extra commercium), ja que servien no només per a la litúrgia religiosa, sinó també com a espais col·lectius i culturals de la comunitat.
Durante décadas, la Iglesia Católica se hizo con la propiedad de miles de bienes públicos mediante «certificaciones» eclesiásticas sin control. Hoy, las diferentes administraciones aún miran hacia otro lado.
Esculturas de Hidari Jingorō en el santuario Toshogu en Nikko (Japón) – Wikipedia
José María Rosell Tous, Grupo Inmatriculaciones Asturias – Coordinadora estatal RECUPERANDO – 01 abril 2025
Pocos ciudadanos lo saben, pero miles de iglesias, cementerios, plazas, caminos, huertas, fuentes, ermitas y terrenos comunales fueron inscritos como propiedad de la Iglesia Católica sin necesidad de probar legalmente su titularidad. Durante bastante más de medio siglo, ha bastado con que el obispo «certificara» que el bien en cuestión pertenecía a la Iglesia. Esta posibilidad, recogida en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 (vigente hasta 2015), otorgaba a la Iglesia un privilegio excepcional, equiparándola en la práctica a la administración pública.
Las plataformas que investigan el registro ilegal de fincas por parte de la Iglesia sospechan que 50.000 bienes inmatriculados podrían ser comunales, situación que obliga a algunos vecinos y ayuntamientos a recomprarlos para seguir utilizándolos
Una sencilla búsqueda en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia facilitado por el Gobierno permite comprobar que una gran parte de las propiedades inscritas entre 1998 y 2015 tienen una naturaleza distinta a los fines propios de la institución católica. Las plataformas que reclaman la total transparencia de esas operaciones –y su anulación, en casos ilegales– señalan que aproximadamente la mitad podrían ser bienes comunales, una denominación jurídica que abarca una enorme diversidad de espacios: huertos, cementerios, montes o terrenos de pastos, pero también otras áreas de evidente naturaleza pública, como plazas, parques infantiles o frontones. Si su estimación es que los bienes inmatriculados por la iglesia superan ampliamente en España los 100.000, y se calcula que entre el 30 y el 50% de ellos son rústicos, la sospecha de que su uso y disfrute corresponda a los vecinos alcanzaría a 50.000 de esas propiedades registradas.
Las inmatriculaciones de la Iglesia católica vulneran el principio de propiedad común
Durante décadas, la Iglesia católica en España ha podido registrar a su nombre miles de bienes inmuebles sin necesidad de aportar un título válido de propiedad. Este proceso, amparado en el privilegio franquista del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y su reglamento, permitió que los obispos declararan como suyo lo que, en realidad, nunca le perteneció.
A esta operación se le ha dado un nombre técnico incorrecto: inmatriculación con «certificación» eclesiástica, dado que no se trata más que de una declaración hecha por un particular. Pero ha sido suficiente para que se produzca una privatización encubierta del patrimonio común, en total opacidad y sin participación ciudadana.
Todo lo que ha dicho el ministro Urtasun en el año largo que lleva en Cultura se limita a un «me parece importante». Fue en marzo del año pasado. «Creo que necesitamos una nueva ley de Patrimonio. Creo que tenemos que hacerla». Y que pase el tiempo.
El pasado 21 de febrero de 2025, en el Programa Sintonía Laica 555, se abordó el tema de las inmatriculaciones. Entrevistaron , para ello, a nuestro compañero Eduardo López Amodeo.
Para tratar el tema, nuestro compañero, coportavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla (integrada en la Coordinadora Recuperando) que informa de las actividades que está desarrollando la Plataforma y las previstas: llevar la información sobre el Patio y las inmatriculaciones a la Universidad, contacto con grupos políticos, exigencia del listado completo de inmatriculaciones, la PNL presentada por Sumar, o la continuidad de los Paseos por la Sevilla Inmatriculada, (dos más previstos para finales de marzo, abril), además de temas puntuales que afectan al patrimonio (San Pedro de Alcántara, la Cartuja de Jerez, Castillo de San Jorge-Museo de Arte Sacro), El tema musical sobre inmatriculaciones pone fin a la entrevista.
Las plataformas censuran las trabas que impiden reclamar las propiedades que pudieron ser inscritas de manera irregular por la institución católica: aseguran que se les niegan datos o son demasiado genéricos y sesgados
Basílica de Santa María del Mar. Ajuntament de Barcelona
Cuatro años después de la publicación de la lista de casi 35.000 inmatriculaciones llevada a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, las asociaciones y plataformas siguen exigiendo al Gobierno saber qué bienes han sido registrados durante el último siglo, y se quejan de la falta de avances ante una situación que parece estar casi como al principio. “No hay manera de saber cuáles son los bienes inmatriculados con la firma de un obispo”, resume José María Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, que aglutina a diferentes colectivos que reclaman toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, calculan, fueron inscritos por la institución eclesiástica entre 1946 y 2015.
