El Plan de Catedrales ha destinado, en 20 años, más de 500 millones de euros públicos a la conservación de los templos católicos.
A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación.
Los obispos afirman que son ellos los que invierten en conservación, un total de 356 millones en los últimos cinco años. Todo ese dinero viene de la Declaración de la Renta.
Vista de las obras en el claustro de la catedral de Pamplona
¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?
Las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, no pudieron ser más mesuradas. Tras tranquilizar al sector de la concertada –»no tiene nada que temer»–, se limitó a afirmar que el Gobierno tenía la intención de eliminar de la Lomce un criterio de asignación de plazas que favorece la expansión de la enseñanza privada subvencionada en las zonas de mayor renta. No parece una amenaza existencial a un sector, controlado en un 60% por la Iglesia, al que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. A pesar de todo, la reacción de los grupos de presión católicos y de la propia jerarquía fue furibunda. Amenazas de denuncia, un comunicado fulminante de la Conferencia Episcopal… «Vuelve la dictadura totalitaria», clamó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Así es la jerarquía católica española: ante la menor amenaza al statu quo, brama como si fuera víctima de una brutal agresión; en cambio, cuando se apunta un logro o arranca una concesión del poder civil, calla. Jamás celebra, ni agradece. Cuanto mayor es el privilegio, más sepulcral su silencio. Por eso su silencio fue total y absoluto en septiembre de 1998.
Hace ahora veinte años, un 29 de septiembre, se publicó en el BOE una de las reformas legales más ventajosas para la Iglesia de todo el periodo democrático, y sin duda la más discreta: el real decreto del Gobierno de José María Aznar que permitió a la institución católica inmatricular templos religiosos, precipitando una histórica alteración del esquema de propiedad del patrimonio histórico en España. La reforma modificó la normativa hipotecaria franquista de los años 46 y 47, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: «Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción».
“No es razonable que un sitio histórico de esa importancia se gestione conforme a criterios confesionales en lugar de profesionales”, reflexiona el historiador Alejandro García Sanjuán, miembro de la comisión de expertos del monumento
Rechaza la “reacción muy visceral y nada académica”, como la del manifiesto promovido por un miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y que fue candidato de Vox
De los cuatro integrantes de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba, Alejandro García Sanjuán es el especialista en historia medieval y, sobre todo, en la herencia islámica. Profesor en la Universidad de Huelva, se muestra perplejo por la polémica que han provocado las conclusiones que acaban de hacer públicas.
La Mezquita de Córdoba, 31 catedrales o decenas de santuarios, en el listado que maneja el Colegio de Registradores y que el Gobierno hará público en breve
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El Gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante el período 1998-2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.
Plazas, viviendas, fincas rústicas, parroquias, solares, huertas, montes y hasta un frontón y un campo de fútbol llevan la firma de propiedad en Gipuzkoa de la Iglesia católica, el obispado y la diócesis de Gipuzkoa. Es decir, la Iglesia tiene en Gipuzkoa decenas de propiedades inmatriculadas. En total, cerca de 400 repartidas en más de 60 municipios del territorio.
La publicación de la lista de las propiedades inmatriculadas por la institución religiosa abrirá la puerta a futuras reclamaciones de estos bienes públicos.
El futuro centro social de San Miguel de la Barreda se construirá en una parcela inmatriculada por el Arzobispado de Oviedo fuera de plazo y vendida en diciembre de 2017 al Ayuntamiento de Siero por 21.500 euros, tras llevar a cabo una segregación de unos 500 metros cuadrados.
Según explica José María Rosell, portavoz del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias Laica -un colectivo que tiene como objetivo aclarar si la Iglesia ha inscrito a su nombre propiedades que no eran suyas-, el registro se realizó el 31 de julio de 2015, un mes después de la entrada en vigor del artículo que eliminó esta práctica de la Ley Hipotecaria. Aunque la totalidad del texto legal comenzó a aplicarse el 1 de noviembre, varios preceptos lo hicieron el 26 de junio, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «En este caso concreto la irregularidad es manifiesta porque la inmatriculación está fuera de plazo», sostiene Rosell, que avanza que continuarán investigando el expediente. «Lo que reclamamos es que se haga público el listado de todos los bienes que la Iglesia ha registrado sin aportar títulos de propiedad», añade.
Por su parte, el concejal de Economía y Administración Municipal de Siero, Alberto Pajares, señaló ayer que fue el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento quien facilitó al colectivo los datos de los bienes inmatriculados por el Arzobispado en el municipio y aclaró que «en ninguno de los siete casos hay indicios de que se haya producido una apropiación indebida». Asimismo, aseguró que el hecho de que la parcela sea un bien inmatriculado no afectará a la construcción del centro social, cuyas obras están en la actualidad en fase de licitación.
El Arzobispado de Oviedo vendió al ayuntamiento un solar en San Miguel de la Barreda que había registrado sin tener titulo de propiedad y tras expirar la ley de Aznar que lo permitía.
Finca urbana en San Miguel de la Barreda
31 de julio de 2015. Ese fue el día en el que el Arzobispado de Oviedo se inmatriculó una finca urbana en San Miguel de la Barreda de 3.214 metros cuadrados, en el que se encontraba el templo parroquial. Hacía justo un mes que había entrado en vigor la última reforma de la Ley Hipotecaria que impedía a la Iglesia registrar esas fincas a su nombre solo con un certificado expedido por ella misma, tal y como la Ley Aznar permitió desde 1998. Solo 16 meses después, vendía una parte de ese terreno que previamente había segregado. La operación sirvió para que se embolsara algo más de 20.000 euros. Esta es una de las operaciones que ha comenzado a investigar el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, un colectivo que trata de poner sobre la mesa todo lo sucedido en el Principado en estos últimos años.
A finales de diciembre de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Castropol, por unanimidad, había aprobado una moción, presentada por el PSOE, por la que «se instaba al Arzobispado de Oviedo a paralizar la subasta de la casa rectoral de Figueras y buscar otra alternativa a la venta del edificio que permita el uso del mismo por parte de los vecinos» «Nos unimos y respaldamos la petición que hacen los vecinos de Figueras; pedimos al Arzobispado de Oviedo que paralice la venta de la casa rectoral y también que busque solución a otras rectorales del concejo, en la misma situación, para que se puedan seguir utilizando por parte del pueblo y de los vecinos», (LNE), señalaba la alcaldesa en funciones de Castropol, Teresa Dorado.
Pues bien, a pesar de la oposición de los vecinos, el arzobispado vendió la casa rectoral, fruto de la donación una vecina de la localidad a beneficio de la parroquia, subástándola a un precio de salida de 65.000 euros el pasado 24 de enero.
Los vecinos de Figueras (Castropol) se han quedado sin casa rectoral. El arzobispado de Oviedo la ha vendido tras acudir a la subasta que compró un comprador. Lo confirmaron ayer fuentes del Arzobispado, que no han querido informar de la identidad del nuevo propietario ni de la cantidad finalmente desembolsada.
La subasta se celebró el pasado 24 de enero con un precio de salida de 65.000 euros. Desde que se supo de su convocatoria, a finales de diciembre, los vecinos se opusieron radicalmente a la venta de un inmueble que, aseguran, les prestaba mucho servicio. Allí se reunían y guardaban material de las asociaciones. Su pérdida dicen, «ha sido un mazazo». Incluso habían pagado de su bolsillo algunas reparaciones de la casa, por lo que se declaran muy defraudados con el arzobispado.
Banduxu es una parroquia del concejo asturiano de Proaza, que en 2010 fue declarado Bien de Interés Cultual, en la categoría de Conjunto Histórico, por el Principado de Asturias. En ella, informa Wikipedia, habitan 43 personas, repartidas en 66 viviendas. Ocupa una extensión de 10,78 km² y se encuentra a una distancia de 11 km de Proaza, la capital del concejo.
En Bandujo, a los muertos se les arropa con tierra y flores. Este pequeño pueblo medieval de Proaza mantiene intacta una tradición secular en la que no hay rastro de lápidas, donde todos los muertos van a la tierra y cada 1 de noviembre se les recuerda cubriendo las tumbas con trabajadas mantas florales. Los vecinos suben por la fiesta de Todos los Santos a su pequeño cementerio para volver a dar redondeada forma a los enterramientos en los que reposan los restos de sus seres queridos. Sobre la tierra negra que utilizan nace entonces el color a través de cuidadas composiciones florales. Una tradición recordada, pero que ya no se ve, en otros cementerios de la zona. «Cuando era una niña, esto mismo se hacía en otros lugares del municipio. Las mantas se hacían con flores pequeñas que crecían en los pueblos», recuerda Carmen Arias, concejala de Proaza.
