n paralelo con una cada vez más importante doctrina hipotecaria, la nueva legislación –en tiempos del inicial franquismo- buscó precisión y otorgar así carácter científico al nuevo Derecho inmobiliario registral
La extralimitación operada por la legislación de 1946, rebasándose los límites de la Ley de 1944, ha sido ya entonces denunciada, estimándose que la teoría y la práctica de la excepcionalidad, de esa manera de inmatricular los bienes, eran fundamentales.
Las certificaciones posesorias acreditaban la POSESIÓN, mientras que las actuales inmatriculaciones acreditan el DOMINIO.
«La desamortización de propiedades de la Iglesia Católica sólo y únicamente se entiende, si se tiene en cuenta la existencia en ese mismo siglo y momento de un auténtico y radical proceso revolucionario»
«Los estudiosos se han preguntado si tras la abolición del régimen señorial, la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización es ésta última una operación concluida»
«Se ha dado a conocer en Asturias un listado de inmatriculaciones guardado en un cajón de la Administración autonómica, mientras algunos dirigentes políticos presumían, hipócritamente, de leyes de transparencia»
Las diferencias entre la desamortización y las inmatriculaciones son absolutas, esenciales y con finalidades contrarias. Únicamente se relacionan cuando con las inmatriculaciones pudiera pretenderse una especie de “dejar sin efecto” la previa desamortización»
La inmatriculación por la Iglesia de los bienes del arte prerrománico asturiano, tal como ha revelado ‘Público’, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad del patrimonio histórico español. Tres juristas, dos medievalistas y un ex ministro de Cultura examinan aquí una cuestión trascendental para el enorme tesoro arquitectónico y artístico privatizado de facto por el Vaticano.
Iglesia de San Juan de los Panetes – Zaragoza
Todo indica que la práctica totalidad del legado cultural de este país ya no pertenece a sus ciudadanos sino que ha sido «privatizado» de forma masiva en virtud de un subterfugio jurídico que muchos especialistas juzgan «arbitrario» e «inconstitucional». La propia Iglesia católica reconoce en su web que nada menos que 3.111 bienes de incalculable valor histórico, entre ellos los monumentos más emblemáticos, figuran ya a su nombre en el registro de la propiedad privada. Ese volumen podría representar más del 80% del patrimonio cultural de España, lo que supone una descapitalización artística sin precedentes.
Los grupos religiosos que no puedan demostrar una evidencia de propiedad corren el riesgo de perder algunas de sus pertenencias, lo que ha desatado la furia de los fieles de la Iglesia serbia e incluso ha destapado viejas tensiones nacionalistas.
En Montenegro resuenan cánticos religiosos. Este país de los Balcanes, que se independizó de Serbia en 2006, vuelve a destapar viejas tensiones. Una ley de Libertad Religiosa aprobada por el Parlamento de Podgorica a finales de diciembre, ha desatado la polémica. El Gobierno reclama a la Iglesia ortodoxa serbia una serie de bienes, una decisión que sus fieles no han visto con buenos ojos, que no quieren que se «regalen» sus lugares sagrados. Pero el Gobierno de Montenegro explica que hace 100 años estos sitios religiosos eran propiedad del Estado. Con la nueva ley, los grupos religiosos que no puedan demostrar una evidencia de propiedad corren el riesgo de perder algunas de sus pertenencias.
El norte de Montenegro se rebela contra la nueva ley de la Iglesia
Montenegro tiene una población de alrededor de 600.000 habitantes, de los cuales un 70% son ortodoxos, la gran mayoría seguidores de la Iglesia serbia. Sin embargo, una minoría sigue la rama de la Iglesia montenegrina, no reconocida oficialmente por la mayoría de iglesias ortodoxas.
La ley ha generado protestas en todo el país, que el presidente califica de ‘nacionalistas’
Un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia habla con un policía antidisturbios
Cientos de sacerdotes y monjes de la Iglesia ortodoxa serbia en Montenegro protestaron en Podgorica, y unos días antes más de 6.000 personas se manifestaron en Niksic para exigir la retirada del proyecto de ley.
La ley recibió el apoyo de 45 diputados, en una cámara de 81 escaños, en una votación celebrada el viernes, tras un acalorado debate que se prolongó durante más de quince horas
Los inmuebles se considerarán n públicos a menos que se presenten documentos que confirman que ya eran propiedad de la Iglesia antes de 1918, cuando Montenegro se integró en el entonces Reino de Yugoslavia
Una ley sobre las propiedades de la iglesia ortodoxa provocó en la madrugada de ayer una extraordinaria rebelión en el Parlamento de Montenegro por parte de los 18 diputados de la oposición proserbia, que intentaron impedir la votación del proyecto de ley lanzando un petardo y botellas de plástico en la sala, rompiendo mobiliario y micrófonos, todo ello entre gritos, insultos e incluso amenazando con tomar las armas. Todas y cada una de las 200 enmiendas a la ley que habían presentado fueron rechazadas. Los alborotadores fueron desalojados, detenidos por la policía y llevado a comisaría para ser interrogados.
Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando.
El presidente del Principado, Adrián Barbón y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes en la Investidura – Tomás Mugueta
El Plan de Catedrales ha destinado, en 20 años, más de 500 millones de euros públicos a la conservación de los templos católicos.
A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación.
Los obispos afirman que son ellos los que invierten en conservación, un total de 356 millones en los últimos cinco años. Todo ese dinero viene de la Declaración de la Renta.
Vista de las obras en el claustro de la catedral de Pamplona
¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?
Las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, no pudieron ser más mesuradas. Tras tranquilizar al sector de la concertada –»no tiene nada que temer»–, se limitó a afirmar que el Gobierno tenía la intención de eliminar de la Lomce un criterio de asignación de plazas que favorece la expansión de la enseñanza privada subvencionada en las zonas de mayor renta. No parece una amenaza existencial a un sector, controlado en un 60% por la Iglesia, al que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. A pesar de todo, la reacción de los grupos de presión católicos y de la propia jerarquía fue furibunda. Amenazas de denuncia, un comunicado fulminante de la Conferencia Episcopal… «Vuelve la dictadura totalitaria», clamó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Así es la jerarquía católica española: ante la menor amenaza al statu quo, brama como si fuera víctima de una brutal agresión; en cambio, cuando se apunta un logro o arranca una concesión del poder civil, calla. Jamás celebra, ni agradece. Cuanto mayor es el privilegio, más sepulcral su silencio. Por eso su silencio fue total y absoluto en septiembre de 1998.
Hace ahora veinte años, un 29 de septiembre, se publicó en el BOE una de las reformas legales más ventajosas para la Iglesia de todo el periodo democrático, y sin duda la más discreta: el real decreto del Gobierno de José María Aznar que permitió a la institución católica inmatricular templos religiosos, precipitando una histórica alteración del esquema de propiedad del patrimonio histórico en España. La reforma modificó la normativa hipotecaria franquista de los años 46 y 47, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: «Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción».
“No es razonable que un sitio histórico de esa importancia se gestione conforme a criterios confesionales en lugar de profesionales”, reflexiona el historiador Alejandro García Sanjuán, miembro de la comisión de expertos del monumento
Rechaza la “reacción muy visceral y nada académica”, como la del manifiesto promovido por un miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y que fue candidato de Vox
De los cuatro integrantes de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba, Alejandro García Sanjuán es el especialista en historia medieval y, sobre todo, en la herencia islámica. Profesor en la Universidad de Huelva, se muestra perplejo por la polémica que han provocado las conclusiones que acaban de hacer públicas.
