Una ley sobre las propiedades de la iglesia ortodoxa provocó en la madrugada de ayer una extraordinaria rebelión en el Parlamento de Montenegro por parte de los 18 diputados de la oposición proserbia, que intentaron impedir la votación del proyecto de ley lanzando un petardo y botellas de plástico en la sala, rompiendo mobiliario y micrófonos, todo ello entre gritos, insultos e incluso amenazando con tomar las armas. Todas y cada una de las 200 enmiendas a la ley que habían presentado fueron rechazadas. Los alborotadores fueron desalojados, detenidos por la policía y llevado a comisaría para ser interrogados.
Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando.
El presidente del Principado, Adrián Barbón y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes en la Investidura – Tomás Mugueta
El Plan de Catedrales ha destinado, en 20 años, más de 500 millones de euros públicos a la conservación de los templos católicos.
A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación.
Los obispos afirman que son ellos los que invierten en conservación, un total de 356 millones en los últimos cinco años. Todo ese dinero viene de la Declaración de la Renta.
Vista de las obras en el claustro de la catedral de Pamplona
¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?
Las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, no pudieron ser más mesuradas. Tras tranquilizar al sector de la concertada –»no tiene nada que temer»–, se limitó a afirmar que el Gobierno tenía la intención de eliminar de la Lomce un criterio de asignación de plazas que favorece la expansión de la enseñanza privada subvencionada en las zonas de mayor renta. No parece una amenaza existencial a un sector, controlado en un 60% por la Iglesia, al que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. A pesar de todo, la reacción de los grupos de presión católicos y de la propia jerarquía fue furibunda. Amenazas de denuncia, un comunicado fulminante de la Conferencia Episcopal… «Vuelve la dictadura totalitaria», clamó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Así es la jerarquía católica española: ante la menor amenaza al statu quo, brama como si fuera víctima de una brutal agresión; en cambio, cuando se apunta un logro o arranca una concesión del poder civil, calla. Jamás celebra, ni agradece. Cuanto mayor es el privilegio, más sepulcral su silencio. Por eso su silencio fue total y absoluto en septiembre de 1998.
Hace ahora veinte años, un 29 de septiembre, se publicó en el BOE una de las reformas legales más ventajosas para la Iglesia de todo el periodo democrático, y sin duda la más discreta: el real decreto del Gobierno de José María Aznar que permitió a la institución católica inmatricular templos religiosos, precipitando una histórica alteración del esquema de propiedad del patrimonio histórico en España. La reforma modificó la normativa hipotecaria franquista de los años 46 y 47, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: «Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción».
“No es razonable que un sitio histórico de esa importancia se gestione conforme a criterios confesionales en lugar de profesionales”, reflexiona el historiador Alejandro García Sanjuán, miembro de la comisión de expertos del monumento
Rechaza la “reacción muy visceral y nada académica”, como la del manifiesto promovido por un miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y que fue candidato de Vox
De los cuatro integrantes de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba, Alejandro García Sanjuán es el especialista en historia medieval y, sobre todo, en la herencia islámica. Profesor en la Universidad de Huelva, se muestra perplejo por la polémica que han provocado las conclusiones que acaban de hacer públicas.
La Mezquita de Córdoba, 31 catedrales o decenas de santuarios, en el listado que maneja el Colegio de Registradores y que el Gobierno hará público en breve
La Iglesia admite que tiene a su nombre, al menos, 3.168 bienes inmuebles de interés cultural
El portavoz de la CEE denuncia una “desamortización encubierta” y anuncia que, si se dan las devoluciones, acudirán a los tribunales
Andalucía no descarta la vía jurídica en cuanto a la titularidad de la Mezquita de Córdoba EFE
El Gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante el período 1998-2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.
Plazas, viviendas, fincas rústicas, parroquias, solares, huertas, montes y hasta un frontón y un campo de fútbol llevan la firma de propiedad en Gipuzkoa de la Iglesia católica, el obispado y la diócesis de Gipuzkoa. Es decir, la Iglesia tiene en Gipuzkoa decenas de propiedades inmatriculadas. En total, cerca de 400 repartidas en más de 60 municipios del territorio.
La publicación de la lista de las propiedades inmatriculadas por la institución religiosa abrirá la puerta a futuras reclamaciones de estos bienes públicos.
El Arzobispado de Oviedo vendió al ayuntamiento un solar en San Miguel de la Barreda que había registrado sin tener titulo de propiedad y tras expirar la ley de Aznar que lo permitía.
Finca urbana en San Miguel de la Barreda
31 de julio de 2015. Ese fue el día en el que el Arzobispado de Oviedo se inmatriculó una finca urbana en San Miguel de la Barreda de 3.214 metros cuadrados, en el que se encontraba el templo parroquial. Hacía justo un mes que había entrado en vigor la última reforma de la Ley Hipotecaria que impedía a la Iglesia registrar esas fincas a su nombre solo con un certificado expedido por ella misma, tal y como la Ley Aznar permitió desde 1998. Solo 16 meses después, vendía una parte de ese terreno que previamente había segregado. La operación sirvió para que se embolsara algo más de 20.000 euros. Esta es una de las operaciones que ha comenzado a investigar el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, un colectivo que trata de poner sobre la mesa todo lo sucedido en el Principado en estos últimos años.
A finales de diciembre de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Castropol, por unanimidad, había aprobado una moción, presentada por el PSOE, por la que «se instaba al Arzobispado de Oviedo a paralizar la subasta de la casa rectoral de Figueras y buscar otra alternativa a la venta del edificio que permita el uso del mismo por parte de los vecinos» «Nos unimos y respaldamos la petición que hacen los vecinos de Figueras; pedimos al Arzobispado de Oviedo que paralice la venta de la casa rectoral y también que busque solución a otras rectorales del concejo, en la misma situación, para que se puedan seguir utilizando por parte del pueblo y de los vecinos», (LNE), señalaba la alcaldesa en funciones de Castropol, Teresa Dorado.
Pues bien, a pesar de la oposición de los vecinos, el arzobispado vendió la casa rectoral, fruto de la donación una vecina de la localidad a beneficio de la parroquia, subástándola a un precio de salida de 65.000 euros el pasado 24 de enero.
Los vecinos de Figueras (Castropol) se han quedado sin casa rectoral. El arzobispado de Oviedo la ha vendido tras acudir a la subasta que compró un comprador. Lo confirmaron ayer fuentes del Arzobispado, que no han querido informar de la identidad del nuevo propietario ni de la cantidad finalmente desembolsada.
La subasta se celebró el pasado 24 de enero con un precio de salida de 65.000 euros. Desde que se supo de su convocatoria, a finales de diciembre, los vecinos se opusieron radicalmente a la venta de un inmueble que, aseguran, les prestaba mucho servicio. Allí se reunían y guardaban material de las asociaciones. Su pérdida dicen, «ha sido un mazazo». Incluso habían pagado de su bolsillo algunas reparaciones de la casa, por lo que se declaran muy defraudados con el arzobispado.
