Cinco de los 2.952 bienes inmatriculados de Navarra, están en la localidad, afirmaron en la charla de Irazarra
Andrés Valentín (portavoz) Cristina Contreras (presidenta) y Juan Ramón Burguete, de la asociación Irazarra sostienen publicaciones de la Plataforma. M.Z.E
Cristina Contreras y Andrés Valentín, presidenta y portavoz respectivamente de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro se acercaron el viernes a Lumbier invitados por la asociación local de personas mayores Irazarra, en el marco de su agenda cultural.
Nos encontramos, al parecer por obra y gracia de una decisión del Ministerio de Bolaños, con que las leyes y normas de la dictadura se mantienen por encima de la Constitución
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una reciente intervención parlamentaria.
Porque esa es su decisión. No considera necesario continuar después de su última palabra, que para algo es la última. Quien lo dice es ‘solamente’ Secretaria de Estado del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidido por Félix Bolaños.
El intento de la Iglesia por asegurar su estatus privilegiado y su control sobre el patrimonio cultural ha vuelto a encender la llama del descontento y la indignación en la sociedad española.
Catedral de Coria – Cáceres – Extremadura
Sumar encabeza la lucha contra lo que consideran un acto de saqueo y usurpación perpetrado por la jerarquía eclesiástica durante décadas.
Sumar reabre el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica dando voz al movimiento laicista y memorialista que reclama reformas legales para revertir esta situación.
El diputado Enrique Santiago y José María Rosell, presidente de Recuperando.
Más del 80% del patrimonio histórico de nuestro país está en manos de la Iglesia Católica
Más del 80% del patrimonio histórico de nuestro país está en manos de la Iglesia Católica. Se estima que al menos 100.000 son los bienes inmatriculados hasta 2015, año el que se acabó con este privilegio de la jerarquía eclesiástica. Entre ellos no solo hay lugares de culto (catedrales, ermitas, iglesias), sino edificios civiles, cementerios, plazas públicas, fincas, kioscos, tierras de labranza y hasta ruinas con las que el episcopado español sigue haciendo negocio. La magnitud es tan grande que habría que tratarlo como “una cuestión de Estado”. Así lo creen las asociaciones que desde diferentes territorios llevan años trabajando para revertir esta situación y que este lunes se dieron cita en el Congreso de los Diputados en una jornada impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar.
Hemos recopilado los enlaces de algunas noticias que, en torno a la Jornada «Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado», han tenido eco en los medios de comunicación.
Expertos en patrimonio histórico y organizaciones ciudadanas han exigido hoy en el Congreso de los Diputados considerar una “cuestión de Estado” la nulidad de las inmatriculaciones eclesiásticas y declarar dominio público el legado arquitectónico cultural apropiado irregularmente por los obispos a través de un privilegio registral. Representantes de una treintena de asociaciones patrimonialistas, integradas en la coordinadora Recuperando, han rechazado el cierre en falso del expolio patrimonial decretado por el Gobierno en la legislatura pasada y piden la adopción de medidas concretas para revertir el proceso inmatriculador y garantizar una gestión profesional y rigurosa del excepcional patrimonio cultural de carácter religioso en manos de la Iglesia católica.
Todos los planes, proyectos y medidas sobre un bien deben estar realizados por profesionales competentes y contar con la aprobación de la administración
Una visitante en la mezquita-catedral de Córdoba, en noviembre de 202 / Paco Puentes
En la actualidad se están produciendo una serie de actuaciones sobre la Mezquita Catedral de Córdoba por parte de la Iglesia católica (inmatriculación, intento de borrado del término Mezquita del nombre, Plan Director…) que están provocando una objetiva y grave alteración de los valores culturales reconocidos en sus declaraciones como BIC y Patrimonio Mundial y que tienen por objetivo propiciar una desislamización del monumento.
Sumar se interesa por la postura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca de declarar «nulas de pleno derecho» las inmatriculaciones de la Iglesia y el Gobierno lo descarta.
Vista de la Mezquita de Córdoba. / EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS
La Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes y Relaciones Institucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige el socialista Félix Bolaños, ha respondido a una pregunta por escrito de Sumar que el Gobierno no tiene pendiente «obligación alguna» en relación a elaborar un listado con las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1945 y 1998.
La polémica con las inmatriculaciones de la Iglesia viene de muy lejos. El propio Partido Socialista impulsó una proposición no de ley (PNL) en 2017 para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy elaborara un listado de las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, y 2015. El estudio tardó mucho. Tanto que fue el propio Gobierno de Sánchez el que terminó publicándolo en 2022. El resultado, 34.961 fincas inmatriculadas por parte de la Iglesia católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la última reforma de la ley, en 2015.
El Grupo Plurinacional Sumar organiza el próximo lunes 8 en el Congreso, impulsada desde la componente de Izquierda Unida, la jornada ‘Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado’, a la que se ha invitado a personas expertas en este proceso de apropiación de inmuebles y fincas de forma irregular por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, además de algunas de las principales asociaciones que trabajan en distintos territorios para revertir esta situación (integradas en la Coordinadora Recuperando)
La Audiencia Provincial de Huesca ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Civil número 4 de la capital oscense que otorgaba la propiedad de la ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Castillo al Ayuntamiento de Alberuela de Tubo y la ha dejado sin efecto tras estimar el recurso de apelación interpuesto por el Obispado.
