Escribo lo que sigue desde el máximo respeto por los creyentes católicos de este país. Sin embargo, dicho respeto no puede extenderse a las declaraciones de quienes dirigen la jerarquía de la Iglesia católica española como las recientemente realizadas por D. Luis Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal.
En esta ocasión (la situación, protagonizada por distintos miembros de la jerarquía católica, se repite con frecuencia) nos sorprende calificando al Gobierno de una «banda de ladrones» y rematando la acusación con un desafiante «a las pruebas me remito».
José María Rosell Tous, Coordinadora RECUPERANDO | 10 de julio de 2026
Resulta ser cierta aquella expresión del Siglo de Oro “cree el ladrón que todos son de su condición”. Porque es difícil encontrar una afirmación que refleje mejor la actuación de la propia institución a la que representa. Una institución que, gracias a un privilegio jurídico heredado del franquismo y ampliado en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, ha promovido la inmatriculación de más de 100.000 bienes inmuebles desde 1946 mediante un procedimiento excepcional que le permitía inscribir propiedades con la simple declaración escrita de un obispo; sin ningún otro tipo de garantía.
Y, además, realizado con una opacidad difícilmente compatible con una sociedad democrática. Las inmatriculaciones se hicieron sin publicidad efectiva, sin conocimiento de los pueblos, sin que los vecinos pudieran defender sus derechos, sin informar a los ayuntamientos y, en no pocas ocasiones, incluso sin que los propios párrocos conocieran que iglesias, ermitas, cementerios, huertos, casas rectorales, fincas o monumentos históricos estaban siendo inscritos a nombre de la diócesis correspondiente.
Solo muchos años después comenzó a descubrirse, casi por casualidad, la magnitud del problema.
Todavía hoy seguimos sin conocer exactamente qué bienes fueron inmatriculados. Diez años después de que se eliminara ese privilegio registral, el Gobierno sigue sin publicar un inventario completo que permita identificar todos esos bienes inscritos desde 1946.
Y ésta es una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia, porque estamos hablando del mayor proceso de apropiación patrimonial de la historia de España realizado por una entidad privada. ¿Cómo puede repararse un problema cuya verdadera dimensión se sigue ocultando?
Pero hay otra paradoja todavía mayor.
Mientras la jerarquía católica cuestiona decisiones democráticas, critica leyes aprobadas por el Parlamento, y lanza descalificaciones contra el Gobierno, el propio Gobierno continúa comportándose con una sorprendente docilidad. Parece empeñado en poner siempre la otra mejilla.
Y es ciego a algo que las novelas policiales nos muestran muy bien: los chantajistas nunca quedan satisfechos. Cada concesión abre la puerta a una nueva exigencia. Son insaciables. Con los privilegios ocurre exactamente lo mismo. Uno se acostumbra a ellos de tal manera que termina creyendo que son derechos.
Quizá haya llegado el momento de formularse algunas preguntas muy sencillas.
- ¿Para cuándo la autofinanciación de la Iglesia católica prevista en los propios Acuerdos entre España y la Santa Sede, de manera que deje de ser sostenida por todos los ciudadanos, sean o no creyentes?
- ¿Cuándo conoceremos con detalle la totalidad de los más de 100.000 bienes inmatriculados para que cualquier ciudadano pueda identificarlos?
- ¿Cuándo se devolverán a los pueblos aquellos bienes que los propios pueblos construyeron, conservaron y restauraron durante siglos, con dinero público?
Y, sobre todo, ¿cuándo comprenderá este Gobierno que las cesiones permanentes frente a quienes consideran los privilegios como un derecho adquirido nunca producen moderación?
Tal vez haya llegado el momento de abandonar la política de la complacencia y aplicar, por fin, con todas sus consecuencias el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado. No por enfrentarse a la Iglesia ni, mucho menos, a los creyentes, sino por algo mucho más sencillo: porque en una democracia nadie debería disfrutar de unos privilegios que el resto de los ciudadanos jamás tendría.