El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha tenido una primera reunión con el Arzobispado para reformular la situación de la iglesia del Espíritu Santo en Madrid, un auditorio que Franco convirtió en templo y que sigue siendo de uso religioso a pesar de ser un espacio público por un convenio firmado con Rouco Varela
Marta Borraz, eldiario.es | 10 noviembre 2025
El Gobierno ha tomado cartas en el asunto de la iglesia que es de propiedad pública pero cuyo uso está cedido al Arzobispado de Madrid hasta 2069. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia y al que pertenece el espacio, ha iniciado conversaciones con las autoridades eclesiásticas para “actualizar el régimen de ocupación” del templo, que fue creado en la República como auditorio, pero que, después, Franco convirtió en iglesia. Entre las ideas que baraja el organismo está la de cobrar al Arzobispado por el uso del espacio, según ha podido saber elDiario.es y confirman fuentes del Ministerio de Ciencia.
Se trata de la iglesia del Espíritu Santo, situada en el número 125 de la calle Serrano, donde está situado el CSIC. El lugar, sin embargo, no fue siempre de uso religioso: fue construido en 1933 como auditorio de la Residencia de Estudiantes, convertido en epicentro del florecimiento científico y cultural que trajeron consigo aquellos años. Sin embargo, tras la sublevación de 1936 y el fin de la Guerra Civil, los franquistas lo transformaron en iglesia haciendo gala de la concepción nacionalsocialista de las ciencias que arrasó con la modernización republicana.
El Gobierno español quiere dar por cerrado oficialmente el debate sobre la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, un monumento único en el mundo que encierra siglos de historia entrelazada de culturas. Esta decisión trata de poner punto final a una polémica que ha destapado una práctica mucho más extensa y menos conocida: las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica. Durante años, este mecanismo legal permitió registrar propiedades a su nombre con una simple declaración eclesiástica, sin necesidad de aportar documentación acreditativa. El resultado ha sido la enajenación silenciosa de una gran parte del patrimonio común, con implicaciones históricas, jurídicas y morales que hoy siguen dividiendo a la sociedad española.
