Recuperando explica las inmatriculaciones de la Iglesia con la ayuda de Mafalda. Grupo Inmatriculaciones de Asturias 2019.
La ley ha generado protestas en todo el país, que el presidente califica de ‘nacionalistas’
Cientos de sacerdotes y monjes de la Iglesia ortodoxa serbia en Montenegro protestaron en Podgorica, y unos días antes más de 6.000 personas se manifestaron en Niksic para exigir la retirada del proyecto de ley.
La ley recibió el apoyo de 45 diputados, en una cámara de 81 escaños, en una votación celebrada el viernes, tras un acalorado debate que se prolongó durante más de quince horas
Los inmuebles se considerarán n públicos a menos que se presenten documentos que confirman que ya eran propiedad de la Iglesia antes de 1918, cuando Montenegro se integró en el entonces Reino de Yugoslavia
Todos los diputados de oposición, detenidos tras actos violentos en el Parlamento
AGENCIAS, lavanguardia.com – 28/12/2019
Una ley sobre las propiedades de la iglesia ortodoxa provocó en la madrugada de ayer una extraordinaria rebelión en el Parlamento de Montenegro por parte de los 18 diputados de la oposición proserbia, que intentaron impedir la votación del proyecto de ley lanzando un petardo y botellas de plástico en la sala, rompiendo mobiliario y micrófonos, todo ello entre gritos, insultos e incluso amenazando con tomar las armas. Todas y cada una de las 200 enmiendas a la ley que habían presentado fueron rechazadas. Los alborotadores fueron desalojados, detenidos por la policía y llevado a comisaría para ser interrogados.
Desde 1946, la iglesia católica ha venido inscribiendo en el registro de la propiedad bienes inmuebles, sin aportar título de propiedad alguno, con una mera autocertificación eclesiástica.
Hace unos pocos años, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, no nos decía la verdad en sede parlamentaria, cuando afirmaba que el asunto de las inmatriculaciones de la iglesia no era tema de su competencia; falso: los registros de la propiedad dependen directamente del Ministerio de Justicia. Tampoco nos decía la verdad cuando afirmaba que no disponía de información acerca de las inmatriculaciones realizadas; falso: se ha comprobado posteriormente que los registradores habían remitido esa información al citado ministerio.
Hace poco menos de dos años, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconocía que sí se disponía de la información remitida por los registradores de la propiedad. Poco después prometía a los ciudadanos que, en breve, se haría pública dicha información.
Seguimos esperando.
José María Rosell, La Voz de Asturias – Opinión | 18 diciembre 2019
El Plan de Catedrales ha destinado, en 20 años, más de 500 millones de euros públicos a la conservación de los templos católicos.
A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación.
Los obispos afirman que son ellos los que invierten en conservación, un total de 356 millones en los últimos cinco años. Todo ese dinero viene de la Declaración de la Renta.
Jesús Bastante, eldiario.es / 18 de abril de 2019
¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?
El marco normativo de las inmatriculaciones es específicamente franquista. Por ello, es una peculiaridad española que no encuentra parecido en ningún otro país. Este es el respaldo que utiliza la Iglesia católica para defender la legalidad de sus apropiaciones.
Inmatricular es inscribir por vez primera un bien inmueble en el Registro de la Propiedad. Pero, sobre todo, ha sido el procedimiento a través del cual la Iglesia católica se ha apropiado de decenas de miles de bienes de valor incalculable.
La reforma de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8/2/1946) equipara la Iglesia católica al propio Estado (art. 206) y el artículo 304 del Reglamento de 1947 establece que las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia Católica serán expedidas por los obispos respectivos. Esta normativa franquista convierte a la Iglesia católica en administración pública y a los obispos en notarios. “Inmatriculo este bien porque yo mismo digo que es mío, porque me pertenece desde tiempo inmemorial”. Con eso bastaba; no era necesario acreditar de manera alguna la propiedad de lo inmatriculado.
El pasado 22 de enero tuvo lugar en la sede de Podemos Murcia una Jornada de trabajo municipalista para analizar, evaluar y buscar soluciones al expolio inmobiliario ejecutado por la Iglesia católica.
- La reforma para que las diócesis inscriban sin título templos de culto se aprobó y no fue recurrida pese a fallos anteriores contra este privilegio
- En 1993 el Constitucional vio contraria a la ley la equiparación de Iglesia y Estado, base de las inmatriculaciones
- El Supremo observó en 1996 un posible «desajuste» con la aconfesionalidad del Estado
- Nadie recurrió la norma del 98, que permitió inscribir miles de bienes de dominio público, iglesias y catedrales, y hoy ya es tarde para hacerlo
Ángel Munárriz, Infolibre | 29 de septiembre de 2018
Las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, no pudieron ser más mesuradas. Tras tranquilizar al sector de la concertada –»no tiene nada que temer»–, se limitó a afirmar que el Gobierno tenía la intención de eliminar de la Lomce un criterio de asignación de plazas que favorece la expansión de la enseñanza privada subvencionada en las zonas de mayor renta. No parece una amenaza existencial a un sector, controlado en un 60% por la Iglesia, al que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. A pesar de todo, la reacción de los grupos de presión católicos y de la propia jerarquía fue furibunda. Amenazas de denuncia, un comunicado fulminante de la Conferencia Episcopal… «Vuelve la dictadura totalitaria», clamó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Así es la jerarquía católica española: ante la menor amenaza al statu quo, brama como si fuera víctima de una brutal agresión; en cambio, cuando se apunta un logro o arranca una concesión del poder civil, calla. Jamás celebra, ni agradece. Cuanto mayor es el privilegio, más sepulcral su silencio. Por eso su silencio fue total y absoluto en septiembre de 1998.
Hace ahora veinte años, un 29 de septiembre, se publicó en el BOE una de las reformas legales más ventajosas para la Iglesia de todo el periodo democrático, y sin duda la más discreta: el real decreto del Gobierno de José María Aznar que permitió a la institución católica inmatricular templos religiosos, precipitando una histórica alteración del esquema de propiedad del patrimonio histórico en España. La reforma modificó la normativa hipotecaria franquista de los años 46 y 47, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: «Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción».
“No es razonable que un sitio histórico de esa importancia se gestione conforme a criterios confesionales en lugar de profesionales”, reflexiona el historiador Alejandro García Sanjuán, miembro de la comisión de expertos del monumento
Rechaza la “reacción muy visceral y nada académica”, como la del manifiesto promovido por un miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y que fue candidato de Vox
Consuelo Durán, eldiario.es / 29 de septiembre de 2018
De los cuatro integrantes de la comisión de expertos sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba, Alejandro García Sanjuán es el especialista en historia medieval y, sobre todo, en la herencia islámica. Profesor en la Universidad de Huelva, se muestra perplejo por la polémica que han provocado las conclusiones que acaban de hacer públicas.
La Mezquita de Córdoba, 31 catedrales o decenas de santuarios, en el listado que maneja el Colegio de Registradores y que el Gobierno hará público en breve
La Iglesia admite que tiene a su nombre, al menos, 3.168 bienes inmuebles de interés cultural
El portavoz de la CEE denuncia una “desamortización encubierta” y anuncia que, si se dan las devoluciones, acudirán a los tribunales
Jesús Bastante, eldiario.es / 10 de septiembre de 2018
El Gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante el período 1998-2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que “3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia”.