El alto tribunal obliga a la Junta andaluza a rescatar tres caminos públicos en Rota, sentencia que implicará previsiblemente una cascada de recursos en todo el país
Javier Martín-Arroyo, El País – Sevilla – 04 noviembre 2026
La recuperación de miles de vías pecuarias, cuyo trazado ha sido usurpado por agricultores de todo el país ante la inacción de las comunidades autónomas, está hoy más cerca de ser una realidad. El Tribunal Supremo dictó hace tres semanas una sentencia que obliga a la Junta de Andalucía (PP y Vox) a recuperar tres caminos públicos que había deslindado para aclarar su recorrido y anchura en Rota (Cádiz), pero sin rescatar los terrenos que los agricultores habían ido ocupando de manera ilegal. El fallo que ahora repondrá esas tres vías asienta la jurisprudencia en este tema y marca el camino para que asociaciones ecologistas, de trashumancia, senderistas y ciclistas denuncien ante la justicia a los Gobiernos autonómicos, que por sistema ignoran los trazados históricos de estos caminos públicos deteriorados que atraviesan y vertebran el país.
“Empezamos esta batalla porque ningún grupo la había iniciado antes, solo había una sentencia por un propietario particular en Madrid. Pero ahora grupos ecologistas de todo el país estaban expectantes ante el Supremo. Algunos agricultores tienen hasta cinco hectáreas de sembrado en las vías pecuarias con un gran aprovechamiento económico y ayudas europeas”, censura Juan García Fénix, vicepresidente de La Plazoleta-Ecologistas en Acción en Rota e impulsor de la vía judicial. “La Junta jamás ha reconocido su error, ha permitido la ocupación de las vías pecuarias y los agricultores no pagaban absolutamente nada, a diferencia de Endesa cuando debía atravesarlas con tendidos eléctricos”, puntualiza. Solo en Andalucía hay más de 5.000 vías pecuarias con 32.772 kilómetros de trazado y un ancho de ocho a 75 metros, estas últimas cañadas reales, según datos del Gobierno autonómico.
Ahora los ecologistas auguran una cascada de pleitos porque con esta sentencia la jurisprudencia se asienta tras un caso similar en la Comunidad de Madrid en 2008 y un gran número de vías pecuarias están deslindadas ―con su trazado aclarado y público―, pero sin señalización y con vallados ilegales por parte de camperos, que con impunidad han aprovechado la inacción de las autoridades. Las autonomías clasifican estos caminos, luego los deslindan con un estudio técnico que fija las coordenadas tras oír en audiencia a los propietarios de fincas y Ayuntamientos, y finalmente los deben recuperar. Pero ante este último paso, la mayoría de Gobiernos autonómicos hace oídos sordos.
Andalucía aprobó en 2001 su Plan de recuperación y ordenación de la red de vías pecuarias, pero ante la inacción manifiesta de su Delegación en Cádiz para recuperar las vías pecuarias roteñas Colada de los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Covalengos, Ecologistas en Acción inició en 2021 su pelea jurídica. El Juzgado 3 de lo Contencioso-administrativo de Cádiz le dio la razón, pero el Ejecutivo autonómico apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratificó la sentencia favorable a los ecologistas. La Junta, consciente de la relevancia del fallo, volvió a recurrir ante el Supremo, cuya sección quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo ha inadmitido ahora su recurso de casación para dar carpetazo al asunto. La decisión afecta asimismo a otras cinco vías pecuarias de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Alcalá de los Gazules (Cádiz), también en litigio, y cuyos terrenos la Junta recuperará.
El abogado Javier Farfante, que ha ganado el pleito para Ecologistas en Acción, resume: “El hecho de que la Junta ejecute la defensa de los bienes públicos no es una potestad discrecional y tampoco tiene sentido que alegue que no tiene medios. El Supremo le obliga a ponerse las pilas porque es su obligación proteger las vías pecuarias y a partir de ahora no se puede escudar en argumentos peregrinos. En paralelo, esta sentencia invalida la vía de escape de la Administración, apoyada por la Fiscalía, motivándolo en la falta de dolo y que no se incurre en prevaricación. Ahora tendrán conocimiento de que deben actuar y podríamos irnos a la vía penal por prevaricación. Durante 25 años solo han recuperado una vía pecuaria en Sevilla”, critica sobre la actuación del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.
La Junta no se pronuncia sobre la marea de recursos que puede afrontar, pero responde que ha actuado con diligencia en el caso de Rota: “Los procedimientos administrativos iniciados sobre las coladas de Cebollares, Charcos y Cobalengo afectan a 67 interesados, habiéndose dictado ya 60 resoluciones, además de realizarse requerimientos de desalojo y otras actuaciones encaminadas a recuperar los terrenos ocupados. Por tanto, la Junta no ha permanecido a la espera de una resolución judicial, sino que ha venido desarrollando las actuaciones necesarias para avanzar en la recuperación de estas vías pecuarias. Nuestro objetivo es continuar impulsando los procedimientos y la ejecución de las resoluciones, con todas las garantías jurídicas, hasta conseguir la efectiva recuperación del dominio público pecuario”, dicen fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Manuel Trujillo-Carmona, portavoz de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, con 20 años de trayectoria y que reúne a 25 asociaciones de todo el país, reflexiona: “La situación de las vías pecuarias en general en todo el país es muy mala, incluso en retroceso. Varía por comunidades, pero hay muchísimas sin deslindar. Madrid es la que las tiene más estudiadas y las identifica, pero las convierte en carreteras o las urbaniza. En Castilla y León no hay tantas deslindadas, pero en cambio están libres, mientras que en Andalucía y Castilla La Mancha están casi todas ocupadas. Bien no lo hace ninguna [región]”.
“El precedente de Cádiz es muy bueno porque han logrado que si una vía está identificada, la Junta está obligada a recuperarla. Al menos las que están identificadas. Nosotros ya estamos detrás de otra en Hornachuelos (Córdoba), la Delegación de Sostenibilidad ya nos ha dicho que lo hará, pero con la sentencia nos aseguramos de que lo harán”, ratifica Trujillo-Carmona, coordinador de estadística del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En la acera de enfrente, Miguel Pérez, secretario provincial de la organización agraria COAG en Cádiz, aclara que la sentencia “hay que respetarla escrupulosamente”. “No podemos usurpar el dominio público por muchas tensiones y discrepancias que haya habido. Nunca pusimos en duda la usurpación de caminos, como por ejemplo en la Sierra de Cádiz”, matiza. Pérez solo rebate que en ciertas ocasiones, el uso ganadero, hoy convertido a menudo en recreativo, podría ser compatible con el uso agrario, previo pago de un canon. “Así evitaríamos tensiones en el territorio y no ser dogmáticos. No se trata de hacer ningún favor a nadie, los agricultores pagarían siempre su canon”, añade. La organización Asaja ha rechazado opinar al respecto.
La Junta andaluza no ha precisado cuántas de esas 5.000 vías pecuarias que permean sus 85.000 kilómetros cuadrados están deslindadas. Los caminos públicos de la región no acaban ahí, y en total los caminos rurales y forestales llegan a redondear una malla con 193.365 kilómetros, de los cuales solo 21.062, el 10,89%, están habilitados para su uso, según una reciente investigación publicada por la Asociación de Geógrafos Españoles.
En España hay más de 7,5 millones de senderistas y, en el conjunto de los deportistas, representan el 24,9%, a los que se pueden sumar los ciclistas o jinetes, según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España. En total, más de un cuarto de la población demanda el uso de estas vías cuya relevancia a menudo las autoridades desprecian.