Ayer, 9 de septiembre de 2026, el Colectivo Republicano de Euskal Herria (CREH), junto con Euskadi Laikoa–Europa Laica y la Coordinadora Recuperando, presentamos en Bilbao, en el Centro Cívico «La Bolsa», el libro El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia. La mezquita de Córdoba y otros casos de libro, de Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina.
Pedro María Fernández Sandino, bizkaikoerrepublikazaleenateneoa | 10 septiembre 2026
Queremos comenzar dando las gracias a todas las personas que nos acompañaron. El espacio se quedó lleno, demostrando que existe interés y preocupación por una cuestión que durante demasiado tiempo ha permanecido en un segundo plano.
La presentación permitió volver a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cómo pudo llegar a manos de la Iglesia católica un patrimonio que, en muchos casos, había sido construido, cuidado y utilizado durante generaciones por las comunidades?
Las inmatriculaciones no son únicamente una cuestión registral, jurídica o histórica. Son también una cuestión de democracia, patrimonio colectivo, igualdad ante la ley y laicidad. Durante décadas existió un procedimiento excepcional que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre miles de bienes. La modificación de la legislación hipotecaria durante el franquismo y la utilización posterior de aquellos mecanismos hasta tiempos recientes hicieron posible una situación difícilmente compatible con una concepción democrática de la igualdad ante la ley. Y aquí está una de las cuestiones fundamentales: no estamos hablando solamente de iglesias. Estamos hablando también de ermitas, casas, fincas, cementerios y otros bienes vinculados profundamente a la historia de nuestros pueblos y ciudades. Bienes que, en muchos casos, forman parte de una memoria colectiva construida durante generaciones y que no pueden desaparecer detrás de una simple inscripción registral.
Por eso es necesario seguir investigando, reclamar transparencia y conocer con precisión qué bienes fueron inmatriculados, cuándo, mediante qué procedimiento, con qué título y cuál era realmente su titularidad antes de ser inscritos. Y cuando se demuestre que un bien tenía carácter público o comunitario, debe abrirse el camino para su recuperación como patrimonio colectivo. Esta cuestión tampoco puede separarse de la laicidad del Estado y de las instituciones públicas. En una sociedad democrática, ninguna confesión religiosa debería disfrutar de privilegios jurídicos o patrimoniales que no estén al alcance del resto de la ciudadanía y de las organizaciones civiles. La libertad religiosa debe ser plenamente respetada, pero libertad religiosa y privilegio patrimonial son cosas diferentes.
Celebramos que este debate tenga presencia en los medios y que un libro como el de Antonio Manuel Rodríguez Ramos y Aristóteles Moreno Villafaina contribuya a divulgar una historia que merece ser conocida. Porque aquello que una sociedad no conoce difícilmente puede defenderlo. El patrimonio colectivo no es propiedad exclusiva de una confesión religiosa, de una Administración ni de una generación concreta. Es parte de la herencia común de quienes nos precedieron y del legado que tenemos la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán. Que hoy las inmatriculaciones aparezcan en La Mirilla de El Correo significa también que esta cuestión continúa avanzando hacia donde debe estar: a la vista de toda la ciudadanía.
Patrimonio común, igualdad ante la ley, laicidad., transparencia, memoria. Ese es el debate, y ese debate no puede volver a quedar en segundo plano.
Salud y República. Pedro María Fernández Sandino
