La última investigación de los profesores María José Martínez Ruiz y José Miguel Merino de Cáceres, recientemente fallecido, pone en valor las voces críticas contra la operación de traslado a Nueva York del ábside segoviano de Fuentidueña en 1958
Los arquitectos César Cort Botí y Leopoldo Torres Balbás
“El académico que suscribe disiente del acuerdo tomado por mayoría de votos para autorizar el traslado del monumento y formula este voto particular para no tener remordimiento alguno de conciencia, si alguna vez llegase a contemplar esta obra de arte en tierra extraña”. Tal afirmación podría hoy pasar desapercibida entre las toneladas de información que circulan por la red. Hacerlo en 1957, en plena dictadura, cuando el régimen ya veía clara la decisión de enviar la cabecera de una iglesia románica al museo The Cloisters, en Nueva York, cambia sensiblemente el contexto. En el debate en el que la Real Academia de Bellas Artes dio su placet al Gobierno de Franco, el arquitecto valenciano César Cort Botí no solo contradijo a la mayoría de sus colegas, sino que formuló un durísimo voto particular. Aun así, el ábside de Fuentidueña acabó viajando en 1958 a “tierra extraña”, como temía Cort, quien tuvo que acudir, como había prometido en el documento, a los versos de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, hoy desmoronados”.
Los privilegios de la Iglesia católica a la hora de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, con solo la certificación eclesiástica se plasmaron en una ley de 1946, cuya norma, como sabemos, consideraba a la Iglesia de la misma forma que a las administraciones públicas y, por tanto, le permitía registrar bienes inmuebles mediante un procedimiento rápido y sencillo, la certificación del obispo, sin tener que presentar la documentación que sí se exigían al resto de personas físicas y jurídicas para acreditar una propiedad. Entonces, oficialmente, no se podían inmatricular bienes de culto, lo que sí facilitó la Ley de Aznar de 1998.
