El Ejecutivo progresista terminó su mandato dejando casi intactos los privilegios de la jerarquía católica y con apenas tímidos avances en simbología religiosa, eutanasia y ampliación del aborto.
Gracias… por nada
Varias filas de bancas en una iglesia – PIXABAY
ARISTÓTELES MORENO en Público – CÓRDOBA 11/08/2023
La nueva legislatura, que arrancará formalmente la próxima semana con la constitución del Congreso y el Senado, comienza con un amplio paquete de reformas laicas pendientes, que el anterior Gobierno progresista de coalición dejó sin abordar pese a las notables expectativas levantadas.
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez llegó a poner en marcha algunos cambios significativos, de evidente valor simbólico, pero ha guardado en el cajón gran parte de los desafíos laicos pendientes desde la Constitución de 1978, el más importante de todos la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
Son las asignaturas pendientes de un eventual nuevo Ejecutivo socialista, aunque el juego de mayorías que puede articularse con la composición del nuevo Congreso, e incluso la posibilidad, aunque remota, de un gabinete de PP y Vox, hace temer a los expertos que estas reformas vuelvan a quedarse en el el tintero.
La organización Europa Laica y la Fundación Ferrer i Guardia han publicado recientemente sendos informes sobre los avances gubernamentales en materia de conciencia y laicidad del Estado, pero el balance no deja en muy buen lugar al Ejecutivo. Estos son las modificaciones afrontadas por el Gobierno y los olvidos de la agenda laicista.
Simbología religiosa
El Gobierno de coalición comenzó su andadura en enero de 2020 con un golpe de efecto indiscutible. Por primera vez en la etapa democrática contemporánea, todos los ministros y ministras tomaron posesión de su cargo ante el rey sin la presencia del crucifijo y la Biblia. Ninguno de ellos utilizó la fórmula confesional del juramento y sí la civil de la promesa. Es preciso recordar que el monarca, según el texto constitucional, sí está obligado a «jurar» y no a «prometer» la ley fundamental de España, lo que representa un residuo premoderno de la alianza medieval entre la Iglesia y la Corona.
Uno de los hitos destacables del Gobierno fue la celebración de un funeral de Estado laico
Otro de los hitos más efectistas del Gobierno fue la celebración, también por primera vez en la historia moderna, de un funeral de Estado laico en homenaje a las víctimas del covid. Hasta entonces nunca se había celebrado en España exequias oficiales sin simbología ni liturgia católica. Los dos hechos, dotados de un indiscutible valor político, han sido destacados por Europa Laica y la Fundación Ferrer i Guardia como avances reconocibles en dirección a la neutralidad institucional.
Ley de conciencia
Los dos gestos institucionales anteriormente descritos fueron ejecutados por el Gobierno de forma discrecional y aislada. El Ejecutivo no promovió una norma que regulara la neutralidad institucional acorde con la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución española.
De hecho, la simbología católica sigue poblando infinidad de edificios oficiales, escuelas y hospitales a lo largo y ancho de la geografía peninsular. Y los responsables políticos participan regularmente en actos confesionales, en lo que las organizaciones laicistas consideran como una permanente confusión entre el derecho individual a la propia conciencia y la obligación de neutralidad de la representación pública.
Este es solo uno de los aspectos que la Ley de Libertad de Conciencia debería haber regulado, tal como figura en los programas electorales del PSOE y Unidas Podemos. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a guardarla en un cajón, exactamente igual que hiciera Rodríguez Zapatero en 2010 por miedo a abrir un conflicto con la jerarquía católica.
Ese fallido proyecto incluía también aspectos fundamentales sobre la financiación de las confesiones religiosas, la igualdad de credos, la fiscalidad, la educación religiosa, los lugares de culto y el fin de los privilegios de la Iglesia católica. Todas esas reformas decisivas de un Estado moderno deberán esperar nuevamente. Europa Laica y la Fundación Ferrer i Guardia así lo denuncian.
Fiscalidad
El pasado abril, el Gobierno y la Conferencia Episcopal escenificaron en un acto solemne el presunto fin del secular privilegio fiscal de la Iglesia católica. El acuerdo eliminaba la exención de dos impuestos locales, el de contribuciones especiales y el de instalaciones, construcciones y obras (ICIO), cuya recaudación anual es mínima.
El pacto incluía algunas «trampas» evidentes. La primera de ellas es que la obligación eclesiástica de pagar el ICIO ya fue sentenciada en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de un litigio emprendido por el Ayuntamiento de Getafe contra las Escuelas Pías, que se negaban a pagar 26.000 euros por unas obras en sus instalaciones.
La sentencia no dejaba lugar a dudas: cuando una confesión religiosa actúa como operador económico del mercado tiene la obligación inexcusable de tributar. En caso contrario, está vulnerando la libre competencia, uno de los principios que ordenan las relaciones económicas en la Unión Europea. Y lo que es peor: el argumento jurídico de la sentencia es extensible a todos los demás tributos y de inmediata aplicación en territorio español, toda vez que la jurisdicción europea prevalece sobre la nacional.
La Iglesia católica mantiene infinidad de actividades lucrativas por las que no tributa ni un céntimo, ya sea IBI, impuesto de sociedades o plusvalía. Y lo hace con la pasividad absoluta de las administraciones locales, autonómicas y el Gobierno español.
Financiación
Los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 ya estipulaban un futuro de autofinanciación por parte de la organización católica. Cuarenta y cuatro años después, la Iglesia no solamente no ha incrementado su autonomía financiera, sino que su dependencia de las arcas del Estado ha aumentado considerablemente en los últimos años, en contra del espíritu aconfesional de la Constitución española.
Más de 11.000 millones de euros de dinero público van a parar a las cuentas de la Iglesia católica cada año
Europa Laica cifra en más de 11.000 millones de euros de dinero público que van a parar a las cuentas de la Iglesia católica cada año para pagar el salario del clero, la educación religiosa concertada, el mantenimiento del patrimonio histórico eclesiástico y las cuantiosas exenciones fiscales. Solo a través de la recaudación del IRPF, que ninguna otra confesión religiosa disfruta, los obispos arañan más de 300 millones anuales del presupuesto general del Estado.
Inmatriculaciones
En su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció que su Gobierno pondría en marcha las «modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia». En febrero de 2021, el Ejecutivo envió al Congreso de los Diputados un listado con cerca de 35.000 inmatriculaciones eclesiásticas, en cumplimiento de un mandato parlamentario.
El catálogo de bienes incluía un informe jurídico que dejaba traslucir la supuesta inconstitucionalidad de las inscripciones episcopales, pero descartaba actuaciones legislativas para declarar su nulidad e instar a su recuperación, tal como anunciaba el programa de Gobierno en su punto 5.11.
En su balance gubernamental, Europa Laica no se anduvo con paños calientes: «No solo no se ha cumplido, sino que el Gobierno ha dado por buenas las inmatriculaciones de la Iglesia», que representan un «enorme expolio de lo público en beneficio de la jerarquía católica». Y añade: «Revertir esta situación, de trascendencia histórica, es una reivindicación pendiente».
Ferrer i Guardia también anota en el debe del Gobierno de coalición la devolución de las inmatriculaciones desde 1946, cuyo número total sigue sin conocerse. «No se ha concretado ningún procedimiento para su recuperación», indica en su informe.
Patrimonio histórico
Antes de su cese, el ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes promovió una importante reforma de la Ley de Patrimonio Histórico. El anteproyecto incluía dos modificaciones muy significativas que limitaban claramente las condiciones de uso y transmisión de los bienes culturales en posesión de la Iglesia.
La primera establecía la prohibición total de enajenar monumentos en manos de la jerarquía católica. Hasta ahora, el Estado se reserva un derecho de tanteo, pero la Iglesia puede privatizar bienes de interés cultural como cualquier otro producto de mercado. En aquel anteproyecto, solo se permitía la transmisión de bienes de interés cultural (BIC) a otra entidad de la Iglesia o al Estado.
El texto también incluía la creación de una nueva figura de protección patrimonial, el bien de interés mundial (BIM), para aquellos monumentos que forman parte del listado de la Unesco. Ese tipo de bienes se iban a dotar de un patronato semipúblico, con presencia de representantes de la sociedad civil y las administraciones, que tomaría responsabilidades en la gestión del monumento.
Algunos bienes españoles del Patrimonio Mundial están en manos de la Iglesia católica, como es el caso de la Mezquita de Córdoba, y el nuevo mecanismo del patronato iba a limitar considerablemente el control que hasta ahora ejercen los obispos sobre este tipo de edificios tan importantes del legado cultural. El documento, que había entrado ya en fase de alegaciones, fue sorprendentemente congelado y anda durmiendo el sueño de los justos en cualquier cajón del Gobierno.
Asignatura de religión
La Iglesia católica sigue siendo la única confesión que mantiene una asignatura religiosa controlada por los obispos en el currículo escolar. Los prelados diseñan su contenido y seleccionan a los profesores que luego cobrarán del erario público. Lo único que el Gobierno de coalición ha logrado cambiar es que la asignatura de religión ya no computa en el expediente académico y desaparece la disciplina espejo.
Esos dos pequeños cambios han desencadenado un claro desplome en el número de matriculados. Pero la asignatura confesional sigue siendo de obligada oferta en la enseñanza pública española. Aunque el compromiso político de Gobierno de 2019 no incluía ninguna referencia a esta cuestión, ya el PSOE presentó en 2016 un programa electoral que incorporaba un relevante paquete de reformas laicas, entre ellas la supresión de la asignatura de religión.
«Defendemos una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas», indicaba textualmente el documento electoral socialista. «De ahí que, en nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales». Siete años después, de aquel compromiso no queda ni rastro.
Educación concertada católica
La denominada enseñanza concertada, mayoritariamente bajo control de la Iglesia católica, ya representa el 25% de la educación española y su dominio no deja de crecer en detrimento de la pública. Europa Laica señala este fenómeno como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un programa de neutralidad activa de los poderes públicos. En su análisis sobre la legislatura pasada, se muestran críticos con la inacción gubernamental para corregir esta anomalía inexistente en el espacio europeo.
La educación concertada, en su mayoría bajo el control de la Iglesia, representa el 25% de la educación española
«La LOMLOE y la LOSU siguen sin tener como prioridad una escuela y una universidad pública, laica y de calidad», reprocha la organización ciudadana, que lamenta que el actual sistema educativo «facilita la proliferación de los centros privados confesionales ayudados con subvenciones, cesión de suelo público y beneficios fiscales en detrimento de los públicos». Para Europa Laica, la enseñanza concertada representa «segregación social, ideológica y económica».
Eutanasia
Es una de las escasas leyes aprobadas por el Gobierno progresista que amplía el marco de la libertad de conciencia y avanza en la agenda laica. Su aprobación contó con un mayoritario apoyo parlamentario, con la excepción de PP, VOX y UPN.
Tanto Europa Laica como Ferrer i Guardia coinciden en señalar esta norma como un «avance cierto y muy importante», que, junto con la ampliación del aborto, representan «dos derechos inequívocos para la libertad de conciencia». La Fundación catalana subrayó que España es el cuarto país de Europa que regula el derecho a una muerte digna «más allá de criterios morales y religiosos».
Blasfemia
La legislatura progresista culmina sin haber eliminado del código penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que es una versión actualizada del viejo pecado medieval de blasfemia. Artistas, intelectuales, cómicos y escritores son sometidos de forma recurrente a engorrosos procesos judiciales por organizaciones integristas que se sirven de este delito aún vivo en el código penal para restringir la libertad de expresión.
Tanto la Fundación Ferrer i Guardia como Europa Laica han lamentado la pervivencia de este tipo penal que contradice los reiterados anuncios de los partidos coaligados. «Este delito se utiliza para coartar la libertad de expresión y sirve al fundamentalismo religioso para litigar con políticos, artistas y humoristas», argumenta el informe de Ferrer i Guardia. Europa Laica, por su parte, sostiene que «no tiene sentido mantener el artículo 525 del código penal», que es un «instrumento de fundamentalistas para amedrentar la libertad de expresión».
Arzobispo castrense
Hasta 1976, España mantenía un privilegio medieval, recuperado por Francisco Franco tras la II República, según el cual ostentaba el derecho de presentación de obispos al Vaticano. Muerto el dictador, el rey Juan Carlos I renunció expresamente a esa prerrogativa propia de Estados confesionales. Lo hizo con una sola excepción: el arzobispo castrense, cuya elección mantiene la fórmula arcaica de intervención del Estado en el nombramiento de un prelado de la Iglesia católica.
En enero de 2021, falleció Juan del Río y el Ejecutivo de Sánchez afrontaba la tesitura de mantener el privilegio netamente confesional o renunciar a él, en línea con su anunciado proyecto de reformas laicas. En este caso, tampoco se atrevió a dar un giro de evidente carácter simbólico y en noviembre de ese mismo año nombró sucesor para el cargo de arzobispo castrense a Juan Antonio Aznárez Cobo, obispo auxiliar de Pamplona y Tudela.
Derogación del concordato
La denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 es el punto nuclear de toda la agenda laicista. El PSOE ha amenazado infinidad de veces a lo largo de estos 40 años con poner fin a los compromisos con la Iglesia católica, pero nunca ha dado un paso en firme hacia su liquidación.
En su programa electoral de 2016, se incluía una escueta cláusula que decía literalmente: «Denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede». Cinco años después, el PSOE descafeinó su propia propuesta en el 40 Congreso con una ponencia que apostaba por revisar el Concordato en «diálogo» y «consenso» con la Iglesia católica, lo que rebajaba ostensiblemente las expectativas de la derogación de los Acuerdos firmados en enero del 79 con el Vaticano por un Gobierno todavía preconstitucional que perpetuaban gran parte de los privilegios seculares de los obispos.
Las dos organizaciones laicistas reconocen algunos «avances considerables» por parte del Ejecutivo de coalición, pero lamentan que «ha faltado ambición y liderazgo». «La siguiente legislatura debería ofrecer una oportunidad para poner la laicidad en el centro de la construcción de un proyecto de país para el año 2030», demanda la Fundación Ferrer i Guardia. La asociación Europa Laica, por su parte, considera que la pasada ha sido una «legislatura fallida» para la laicidad del Estado.